Miles de familias que alquilan viviendas en todo el país se mantienen preocupadas por las dudas que nacieron con los trámites de pedido de los subsidios para los servicios públicos de luz y gas, dentro de la iniciativa de segmentación implementada por el Gobierno nacional.
Por ello, diversas organizaciones de inquilinos del país, nucleadas en el Movimiento Inquilino Nacional, acercaron sus inquietudes y propuestas al Ejecutivo nacional.
Entre los principales reclamos claves de las organizaciones de inquilinos se plantea la necesidad de alcanzar un esquema de clasificación de ingresos en el que se tenga en cuenta el costo mensual del alquiler. Cabe recordar que, a pesar de reclamar al INDEC que se considere el pago del alquiler en la canasta básica, fue descartado ese gasto que tienen aquellos que no poseen un techo propio y que representa más del 45% de los ingresos de una familia.
Además, apuntan a la creación de una oficina de reclamos que se haga cargo de diversas situaciones puntuales, como ser las denuncias sobre la negación de los propietarios de brindar los datos de las boletas de servicio que necesitan los inquilinos para completar el formulario.
Diversos reclamos
Entrevistado por FM 89.3 Santa María de las Misiones, Maximiliano Vittar, presidente de la Asociación de Inquilinos Córdoba, comentó que quieren “dar respuestas a los reclamos que tenemos sobre la segmentación, por ejemplo sobre cómo van a ser las categorías con las cuales se diferencia y se van sacando o dejando los subsidios. En ese sentido lo que vemos es que las escalas están basadas en los ingresos, y los ingresos están definidos sobre una cierta cantidad de canastas básicas”.
“Para considerarse un ingreso alto, el grupo familiar tiene que cobrar más de 350.000 pesos. De ser así pasan a pagar el 100% de la tarifa plena, que termina siendo una diferencia importante con los sectores medios y bajos”, recordó y apuntó que creen que “el problema es que al tener en cuenta la canasta básica no se considera un gasto que para nosotros es muy importante y representativo como lo es el pago del alquiler”.
“Por eso, decimos que es necesario incorporar dentro de la canasta básica lo que se paga de alquiler. Y en este caso en particular también que se tenga en cuenta por los ingresos, porque si no se distorsiona y no se tiene en cuenta realmente cuál es la capacidad contributiva o la situación económica que tienen muchas familias al momento de alquilar”, remarcó.
Al mismo tiempo indicó: “Hemos hecho presentaciones, esperamos que nos den una respuesta sobre este rubro que no es como cualquier sector, para que se tenga en cuenta algo que actualmente consume un 45% o más del ingreso familiar”.
El pago del alquiler “golpea bastante al bolsillo, entonces no se puede considerar que alguien es sector alto o medio sin tener en cuenta esto porque claramente el bolsillo no queda en la misma condición. Esperamos tener una respuesta del Secretario de Energía”, amplió.
Vittar sostuvo que también “hay que avanzar sobre otros temas, como por ejemplo una oficina de reclamos donde podamos trasladar algunas particularidades que estamos teniendo en algunos puntos del país, por ejemplo con los propietarios que no quieren dar los datos al inquilino para que declaren que esas viviendas están siendo alquiladas. Entonces no brindan los números de servicio con lo cual el inquilino no puede completar el formulario del pedido. Con respecto a los propietarios que niegan esos datos de los alquileres, se tiene que ver algún mecanismo que permita (a los inquilinos) inscribirse sin necesidad de esos datos”.
“Por otro lado, no se sabe qué pasa con aquellas familias que se están mudando, si van a mantener el servicio en la otra vivienda, porque no tienen los datos del servicio que van a tener. Tenemos entendido que va a continuar abriéndose el formulario”, agregó.
“Más que una ley de alquileres es la ley de la selva”, cuestionaron
El presidente de la Asociación de Inquilinos Córdoba, Maximiliano Vittar, también cuestionó la polémica Ley de Alquileres, recordando que muchos inquilinos tuvieron que renovar sus contratos a la espera de que se modifique dicha norma, cuyo debate continúa demorándose en el Congreso de la Nación.
“Esto perjudica principalmente porque desde marzo del año pasado hemos quedado a la deriva, en una situación en términos económicos muy complicada con un año y medio de pandemia y después de dos años de una inflación altísima, sin un Estado presente, lo que hace que más que una ley de alquileres sea la ley de la selva”.
“Claramente no se está cumpliendo con la ley, mucho menos se están respetando las formas de aumentos que establece. Eso profundiza el descontrol que tienen las inmobiliarias, y este debate que se ha abierto generó la posibilidad en términos discursivos de que la ley pierda su vigencia”, apuntó y añadió que “entonces encontramos aumentos entre un contrato y otro de 100%, ajustes semestrales en vez de anuales como establece la ley de acuerdo a índices que se pactan previamente, cuando en realidad no se puede realizar eso. Empiezan a pedir otros tipos de garantías, no se respetan los arreglos”.
Por todo esto, Vittar, en diálogo con la radio de PRIMERA EDICIÓN, dijo que “la situación se ha tornado muy preocupante más aún con la última decisión del Gobierno nacional, porque nosotros teníamos una Oficina del Alquiler y la han cerrado. No sabemos por qué o si fue absorbida por otro espacio dentro de un ministerio, pero la verdad es que se ha quitado todo tipo de información que había sobre esta situación. Nos han dejado a la deriva”.
“La única solución que queda es organizarnos más y empezar a exigir por nuestros derechos, porque claramente si esperamos que el Estado o las inmobiliarias entiendan nuestra situación vamos a seguir igual o peor que ahora”, finalizó.
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