Los productores tabacaleros de Misiones y otros puntos del país están en alerta por un posible fallo judicial que podría afectar la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET).
Es que la tabacalera inglesa British American Tobacco (BAT), al igual que la argentina Tabacalera Sarandí, solicitaron la inconstitucionalidad del principal impuesto interno mínimo. En caso de que la justicia falle a favor de las multinacionales, más del 50% del sector podrá no pagar el tributo.
La industria tabacalera atraviesa desde hace años una lucha judicial entre algunos de los fabricantes de cigarrillos y la AFIP. En este momento, los productores del sector expresaron su malestar por la solicitud de las principales compañías ante la jueza federal Rita María Ailan.
Los productores mostraron además su preocupación debido a que la multinacional inglesa había asegurado a dirigentes de las cámaras, cooperativas y Federación Nacional de Productores de Tabaco, no tener intención de proseguir el juicio pidiendo la inconstitucionalidad sobre el impuesto que hoy en día está fijado a $151 por paquete de 20 cigarrillos luego de que se les rechazara dos veces el pedido de medidas cautelares para no pagar dicho impuesto, su accionar demuestra lo contrario. El juicio está en etapa de alegatos y en breve podría salir sentencia en primera instancia.
La expectativa en el fallo de la justicia radica en que la inconstitucionalidad del impuesto conlleva a las multinacionales a evitar el pago del tributo -de un elevado costo fiscal, por ende, afectaría severamente la recaudación nacional y provincial proveniente de los impuestos al tabaco, los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) y los objetivos de salud pública.
Pérdida de recursos fiscales
En los últimos 7 años, se estima que gracias a las medidas cautelares y la discusión sobre la constitucionalidad del impuesto interno mínimo, se han dejado de recaudar USD 1650 millones que dejaron de ingresar a las arcas nacionales. De ese monto, USD 940 millones los dejaron de percibir las provincias; USD 153 millones se recortan de los ingresos del sistema de previsión social y USD 560 millones los habría dejado de percibir el tesoro para gastos presupuestarios del Gobierno nacional.
Fuente: Más Producción.
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