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Recuperó la libertad medio año después de ser condenado por robar armas de un juzgado

La decisión del Tribunal Federal de Posadas benefició a Oscar Alberto Ríos (50), quien volverá a la casa de su madre en Bernardo de Irigoyen.

8 julio, 2022

Buena conducta, dos talleres realizados y un pronóstico de socialización a favor, le permitieron al presunto “cerebro” de una asociación ilícita que robó armas inventariadas de los juzgados de Instrucción 1 y 2 de Eldorado, gozar del beneficio de la excarcelación.

Oscar Alberto Ríos tiene 50 años, es eldoradense, y durante los primeros días de diciembre de 2021 firmó un juicio abreviado con sus tres cómplices, dos de ellos policías, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas por los delitos de “asociación ilícita, sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente y encubrimiento de contrabando de importación agravado, todos en concurso real”.

Ríos, también conocido como “Vito”, esta semana logró la libertad ambulatoria concedida por el juez de Ejecución Penal del Tribunal Federal, Manuel Alberto Jesús Moreira.

Cumplía detención en la unidad penal del Servicio Penitenciario Federal en Resistencia, Chaco y desde allí se informó que su conducta es “excelente” y que cumplió con dos talleres para que su concepto fuera en la misma dirección de concepto.

Respecto de su salud mental, el SPF informó que Ríos debe comprometerse “a profundizar y continuar con el proceso iniciado extramuros, a fin de reforzar los logros alcanzados, evitar el debilitamiento de sus mecanismos de defensa, incrementar su capacidad reflexiva y autocrítica así como incluir el trabajo respecto de su proyecto vital, incluyendo el abordaje de las circunstancias sociales, familiares, económicas, afectivas que se fueran suscitando durante su vida en libertad”.

 

Casa materna

“Vito” volverá a Bernardo de Irigoyen y deberá residir en la casa de su madre en el barrio 30 Viviendas. Hasta el 22 de marzo de 2024, cuando se le dará por cumplida su condena de cuatro años y tres meses firmada por ofrecimiento de la fiscal federal Vivian Andrea Barbosa.

Vale recordar que el juicio abreviado alcanzó a dos suboficiales de la Policía de Misiones, a Ríos supuesto comerciante de frontera y a una mujer por el robo de armas de fuego incautadas en un depósito de los juzgados de Eldorado y su posterior comercialización.

Todos admitieron su culpabilidad ante la fiscalía, que les endilgó a cada uno los distintos delitos según el rol que cumplieron en la causa, sin embargo los tres hombres fueron hallados culpables de “asociación ilícita”.

En cuanto a los policías, el sargento ayudante Diosnel Sebastián Vega, de 43 años, recibió una pena de 4 años y 3 meses de prisión.

En tanto que para el sargento Marcelino Segundo Sanabria, alias “Tibo” (43) se acordó una pena de 3 años y seis meses de cárcel. Ambos efectivos actualmente se encuentran detenidos en la Unidad Penal I de Loreto perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial.

También fue condenada Yeni Paola Cañiza, paraguaya de 30 años, cuidadora de ancianos y quien se encuentra en libertad, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, como autora penalmente responsable de los delitos de “expendio y/o puesta en circulación de moneda extranjera falsa y tenencia ilegal de armas de fuego”.

Según consta en las pruebas recolectadas en la instrucción de la causa, “se logró acreditar la existencia de una asociación ilícita integrada por los imputados Ríos, Vega y Sanabria, con el núcleo de actividades en la ciudad de Eldorado, de carácter estable y con distribución de roles, montada por lo menos desde diciembre de 2018 hasta el 22 de marzo de 2019 (fecha en la que fueron detenidos), la cual tenía como objetivo la realización de diversas actividades delictivas, tales como sustracción, acopio y comercialización de armas de fuego, falsificación de moneda de curso legal y sellos, encubrimiento y sustracción de medios de prueba, con el evidente objetivo de obtener beneficios económicos”.

 

Investigados desde 2018

En noviembre de 2018, investigadores de Gendarmería bajo las órdenes del juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, comenzaron la pesquisa detrás de una presunta organización dedicada a múltiples delitos, principalmente tráfico de drogas y falsificación de dinero en el norte misionero.

Fueron aprehendidos dos efectivos de la Policía provincial de servicio en la seguridad de dos edificios judiciales en Eldorado.

Sin forzar puertas, sustrajeron 40 armas de fuego (a resguardo en un depósito y como parte de distintas causas judiciales) y las facilitaron a los demás involucrados.

Ríos comercializaba el armamento en el mercado negro. Respecto a la imputada Cañiza, se determinó que puso en circulación dinero falsificado, al menos desde diciembre de 2018 hasta el 22 de marzo de 2019, como así también tuvo, sin contar con los permisos pertinentes, un arma de fuego sin numeración.

Tags: Bernardo de IrigoyenCondenadoEldoradoRobo de armasTribunal Federal de Posadas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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