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Planes sociales: “Es algo que hay que transparentar en algún momento”

El Intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, habló esta tarde sobre la intención del Gobierno nacional de traspasar el manejo de estas ayudas a manos de los jefes comunales. "Tener la garantía del Estado les daría una cierta tranquilidad a quienes los cobran", indicó.

23 junio, 2022

En el seno del Gobierno nacional comenzó a analizarse la posibilidad de traspasar el manejo de los planes sociales, que actualmente está en manos de las organizaciones sociales, a los intendentes o gobernadores, para que sean los representantes electos quienes manejen estas importantes caja.

El debate fue impulsado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que apuntara en un discurso que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas“.

En la provincia de Misiones, Montecarlo aparece como uno de los municipios con mayor volumen de planes sociales, inclusive, la localidad fue mencionada en un informe elaborado por un canal nacional como una de las de mayor concentración de estas ayudas en el país. “Hay más de 25 organizaciones sociales en Montecarlo“, comentó el intendente Jorge Lovato.

En ese sentido, señaló que en todo este tiempo “hemos logrado convivir con esta situación, inclusive tenemos algunas organizaciones sociales que presentan servicio en espacios verdes, en el orden y limpieza de calles y avenidas. Ahora, el manejo (del dinero) es mucho más complicado, porque estamos hablando de una caja importante la cual nosotros desconocemos“.

Indicó que los intendentes no tienen noción de cuantos planes sociales se entregan, o de cuanto dinero manejan las organizaciones sociales en sus municipios.

“Nosotros no conocemos el número con exactitud, apenas nos enteramos hablando con cada uno de los referentes o representantes de las organizaciones. Si sumamos todas ellas, nos da un número de varios miles de personas que forman parte de tal alguna organización social, pero más allá de que son muchas, el número exacto no lo manejamos“, comentó a FM 89.3 Santa María de las Misiones.

En ese caso, destacó que sería positivo el pase de esta caja a manos de los municipio, ya que permitiría entender de manera más clara la situación de estas personas. “Creo que también es algo que hay que transparentar en algún momento, porque si bien ese dinero ayuda en un momento crítico de crisis económica, es dinero se derrama también en la economía del municipio. Está bueno que se empiece a hablar de que paso sería el que hay que dar a partir de ahora, para que este dinero sea más justo”

De la misma manera, conocer estos datos permitiría asegurar una distribución más justa para los beneficiarios, especialmente considerando las recurrentes denuncias sobre supuestas “cuota” que algunas organizaciones le cobra a sus integrantes para mantenerse dentro de la misma. “Ojalá sirva, si es así la intención, para que de alguna manera la gente se sienta más segura, porque hay muchas denuncias de algunas obligaciones que deben cumplir para poder cobrar o permanecer de estas organizaciones sociales. Tener la garantía del Estado les daría una cierta tranquilidad a estas personas“, opinó.

“Tuvimos personas que vinieron a plantear o reclamar ese hecho, y es algo difícil de controlar porque es información inexacta para nosotros. Me parece que las cosas no están claras en una ley o un decreto, y eso sí me preocupa, porque realmente hay muchas personas y familias que necesitan estas ayudas, entonces, al no estar claro a través de lo escrito, que por lo menos sepamos la verdad, que pasa en cada municipio“

Al hablar de los planes sociales siempre surge la misma discusión en la sociedad: si quienes cobran esta ayuda deberían realizar alguna contraprestación a cambio de los mismos. Sobre esto, Lovato mencionó: “Hay gente que forma parte de las organizaciones sociales, que aparte de percibir ese dinero tienen ganas de hacer algo, y ese hacer algo puede ser una gran ayuda para instituciones como el hogar de Niños, el Hogar de Ancianos, las cooperadoras del Hospital, las escuelas, hay muchas entidades que hoy necesitan una mano. Yo lo veo por ese lado, no estoy hablando de mano de obra obligada, sino de una pequeña solución a la gente que quiere prestar un tipo de servicio ya que percibe un dinero todos los meses”

“Creo que sería importante hasta para la misma persona, pero que las reglas estén claras, escritas y validadas por el Estado. Después podemos discutir que carga horaria, que contraprestación, donde lo puede hacer, si lo puede hacer o no, pero en principio habría que transparentar esta situación. Es algo de lo que hay que ocuparse, ya que el Estado está haciendo un gran aporte y que debería ser más claro”

Por último, reconoció que éste es un tema de debate entre los intendentes misioneros. “Cada vez que tenemos la oportunidad tratamos de intercambiar experiencias. Montecarlo es algo así como la cuna de todas las principales organizaciones sociales, de acá tienen su logística hacia otros municipios, entonces somos también motivo de consulta muchas veces“, cerró.

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Tags: FM 89.3Jorge LovatoMontecarloPlanes sociales
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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