La Oficina Anticorrupción renunció a la querella y no acusará a Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios en el juicio conocido como “Vialidad”, en el que se investiga el posible direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
De esta manera, el organismo que controla a los funcionarios públicos y que se había presentado como querellante en 2016, no estará en los alegatos del juicio oral, que empieza el próximo 11 de julio, por expreso pedido al Tribunal Oral Federal N°2.
“El titular de este organismo (Félix Crous) ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”, expresó el abogado Sergio Aleo en un comunicado que publicó Infobae.
La decisión se enmarca en la medida tomada por la entidad en 2020 de desistir de todas las querellas criminales. Crous afirmó que las acusaciones las llevan adelante los fiscales y que la función de la OA es prevenir la corrupción e investigar. En ese sentido, apuntan que en la gestión de Macri sobredimensionaron el área de litigios.
“Corresponde ordenar los recursos de la Oficina de un modo racional y económico, corrigiendo los desequilibrios que impactan en sus capacidades para el cumplimiento de su cometido principal, establecido en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, indicaron.
Y habían apuntado: “Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina”.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es la querella que hasta el momento se mantiene por parte del Estado.
La vicepresidenta está acusada en el juicio que inició hace tres años junto a otras 12 personas, entre las que están Báez, Julio de Vido (exministro de Planificación Federal), José López (exsecretario de Obras Públicas) y el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, entre otros.
Los delitos que se imputan son los de asociación ilíticita y defraudación a la administración pública. La acusación indica que en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron obras públicas de Santa Cruz hacia las empresas de Báez, otorgadas con sobreprecios.
El inicio de los alegatos está definido para el 11 de julio, mientras que el fiscal Diego Luciani lo haría en agosto. El funcionario judicial aún no reveló si acusará o no a la vicepresidenta.
Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El veredicto podría llegar antes de fin de año.
