“El fiscal general González Glaría fue citado a indagatoria para el lunes 2 de mayo, pero se van a caer de c… cuando sepan quien será su nuevo abogado defensor y logrará suspender la audiencia ante (el juez federal de Posadas, José Luis) Casals”. La fuente del dato exclusivo de PRIMERA EDICIÓN es tan sólida y reconocida como la trayectoria de Maximiliano Adolfo Rusconi, desde ayer patrocinante legal del titular de la Fiscalía General Federal de Misiones, imputado por los delitos de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y funciones correspondientes a otro cargo”.
El cambio de defensa, decantado tras la renuncia por problemas de salud del penalista Hugo Zapana, no sólo sacudió los pasillos de juzgados federales de la provincia por la asunción del abogado de Carlos Menem, Diego Lagomarsino, Lázaro Báez y Julio De Vido, entre otros casos resonantes, sino que también permitió que la audiencia a indagatoria a González Glaría, fijada (tras dos suspensiones desde octubre de 2021) para el próximo lunes, se postergue para el 16 de mayo.
Como resumen de los antecedentes de Maximiliano Rusconi (56) se remarca que fue coordinador de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y representante del Ministerio Público en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Y en la actualidad, es profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA.
Rubén Ángel González Glaría (67), fiscal general federal de Misiones, fue citado a indagatoria por el juez federal de Posadas, José Luis Casals, a instancias de Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien lo investiga por los delitos mencionados desde 2019.
Ocupa el cargo de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta provincia, será indagado el lunes 16 de mayo por Casals, magistrado titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.
Tal como lo adelantó este Diario, los pedidos de indagatoria del fiscal Turano fueron remitidos el 21 de agosto y 16 de septiembre del año pasado y surgieron tras la denuncia de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas quien cuestionó el desempeño de González Glaría como funcionario en varios puntos. Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-2012) fue contratada y, presuntamente, obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
De acuerdo a las solicitudes de indagatoria de Turano, en el caso de la prosecretaria Bogado, cuando fue efectivizada en su cargo padeció “rispideces y malos tratos del fiscal, hasta que dispuso su traslado a otra dependencia (…) Tenía su oficina frente a la del fiscal y los días que cobraban llegaba a trabajar desencajada porque debía entregarle el dinero en un sobre a González Glaría”.
Las denuncias por amenazas en tanto, tendrían como víctimas a Marcelo Quiroz y su hija Andrea Quiroz, abogada y prosecretaria fiscal.
Quiroz acusó que su hija fue nombrada en la Fiscalía Federal de Oberá, hasta que en 2017 solicitó su traslado a Posadas. Lo consiguió y fue asignada a la Fiscalía Federal 2. Al enterarse González Glaría citó a su padre y “de manera violenta le ordenó que le dijera a su hija que cancele el traslado. Su enojo apuntó a que lo iba a dejar mal parado frente a un amigo cuyo hijo era prosecretario de la Fiscalía de Oberá y también habría pedido su cambio a Posadas”. El progenitor se negó y “el fiscal llamó a la abogada y la amenazó de la misma manera”.
“También ordenó que a Marcelo Quiroz se le quitaran funciones, le negaba el saludo y hasta obligó a los empleados de informática que le eliminaran las cuentas de correos electrónicos oficiales de su computadora asignada”, remarcó Turano.
Además, Turano subrayó que González Glaría habría incurrido en “uso irregular” de recursos de funcionamiento de la Fiscalía General. “Pretendía pasar los gastos de combustible de su automóvil y otros gastos a través de la caja de Fiscalía”. Marcelo Quiroz, quien era encargado del área tanto en el fuero Penal como Civil, no los habría recibido o aceptado y en 2017 le quitaron la tarea.
Quiroz también denunció que le quitaron la función de certificar la subrogancia que ejercía González Glaría como Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Posadas.
Se le asignó esa responsabilidad a otro secretario sin posibilidad de verificar si efectivamente trabajaba y tenía derecho a cobrar la subrogancia. Según el denunciante, sólo iba “una o dos veces por semana” a cubrir el cargo.
Peculado
En cuanto al delito de “peculado”, la denuncia apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “Quiroz señaló que la Fiscalía de Cámara tenía asignados dos vehículos en depósito judicial dispuestos por el Juzgado Federal de Oberá. Una camioneta Nissan Frontier 2016 a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años. La devolvió cuando surgieron las denuncias”.
Respecto a la imputación por “ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”, González Glaría es señalado en una causa por “trata y explotación laboral” que involucró a una empresa del exgobernador misionero Federico Ramón Puerta.
El expediente correspondía a la Fiscalía 2, de Diego Stehr, pero la acusación sostiene que el fiscal general Glaría tomó la investigación y sobreseyó al exmandatario.
