Señora Directora: El 24 de marzo decimos nunca más a la dictadura, al terrorismo de Estado, a la detención arbitraria, a la tortura, a la desaparición de personas, a sentencias sin juicio previo, a la suspensión de nuestras garantías.
No se puede excusar que fue una guerra e incriminar a cualquiera de subversivo y hacerlos desaparecer, a los que tenían una opinión política diferente, nada más contrario a la democracia y el estado de derecho, que necesita de la dialéctica para superar sus contradicciones, que no debe censurar la opinión pública, la petición a las autoridades y la seguridad jurídica, ninguna urgencia, ninguna dictadura debe justificar el abuso del derecho natural.
Nada más contradictorio a derecho que utilizar el monopolio de la fuerza pública para imponer un orden que disipa la igualdad ante la ley y el principio de legalidad, la razón de estado no puede estar por encima de las leyes, ya que el Estado fue creado para el ser humano y no a la inversa.
Los pactos están para ser cumplidos, es la norma más antigua que permitió construir nuestras civilizaciones; escribir listas negras en las que entraban adolescentes, religiosos, abogados, filósofos, dirigentes sindicales, agrarios, cooperativos, maestros, profesores universitarios, médicos etc, señalarlos como peligrosos por sus ideas y hacerlos desaparecer, lejos de la publicidad de los actos de gobierno, sólo se hace a escondidas las cosas que se hacen mal.
No se puede defender un Estado de facto por posibles ataques de guerrilleros, que no tenían los recursos como para combatir a un ejército armado de tanques, aviones, y metralletas de alto calibre.
Si la Policía tiene la sospecha de que se va a robar un banco, no puede ir metiendo preso a los que tienen cara de sospechosos, para prevenir el atraco y justificar actos violentos con tal fin, eso es abuso de autoridad y mala praxis institucional.
No se puede argüir que en la dictadura estábamos más seguros porque había menos delincuencia; de esa forma excusar crímenes de lesa humanidad, donde el Estado se convirtió en el delincuente, no debe haber sentencia previa ni la suspensión del debido proceso.
El estado de derecho es un contrato social que no puede ser impuesto por la fuerza, necesita ser legítimo, donde todos somos iguales ante la ley con justicia imparcial y división de poderes.
Cuando se irrumpe el orden por la fuerza, sólo puede mantenerse de la misma manera, lo que jamás da bueno resultados, ya que se destruyen el andamiaje con la que construimos el tejido social; construir lleva tiempo si se destruye de golpe, jamás puede ser reemplazado de golpe, como dijo Videla en un fallido: “un futuro que se cierra.”
Pablo Martín Gallero
DNI 26.741.852
