Generar una gran expectativa puede ser un arma de doble filo para un presidente: se cuenta a favor con la atención de todo el país, pero siempre existe la posibilidad de desilusionar a aquellos que esperaban grandes anuncios y luego sienten que quedó “gusto a poco”. Por otra parte, se pierde el efecto sorpresa.
Todo esto ya le está ocurriendo a Alberto Fernández: al anunciar que haría una “declaración de guerra” a la inflación, pero que las medidas se conocerían cuatro días más tarde, dio pie para que las empresas de consumo masivo adoptaran actitudes defensivas. Es decir, que subieran precios, como quedó reflejado en los abruptos cambios de listas por parte de compañías lácteas y en las de productos farináceos.
En el plano de la comunicación política también hubo yerros, como la dramática y poco feliz expresión de “guerra”, que generó una catarata de comentarios irónicos y memes.
Por otra parte, declaraciones previas de los funcionarios en el sentido de que se debería controlar y sancionar a “los formadores de precios” llevó a que se viralizaran viejos videos de los años 50 y 70, en el que amas de casa asumían la función de inspección de almacenes de barrio y carnicerías para detectar y denunciar a los “especuladores”.
Lo cierto es que, después de una semana en la cual se debatió intensamente sobre si los aumentos de retenciones eran la forma correcta de “desacoplar” los precios internos de la suba internacional de materias primas -consecuencia de la guerra en Ucrania-, ya no sorprendió el anuncio sobre la creación de un fondo estabilizador.
Lo que el Presidente quiere hacer, en definitiva, es lo que estuvo pregonando desde hace más de un año: generalizar a toda la industria alimenticia el esquema que aplicó desde fines de 2020 para la industria del aceite, en el cual se genera un subsidio desde el sector exportador hacia la industrialización, como forma de garantizar la provisión de materia prima a precio bajo.
Los productores se han resistido a que ese esquema se aplique a otros rubros. Alegan, por ejemplo, que la mayor parte de la campaña de trigo ya está vendida, y que además la incidencia de ese cultivo en el precio final de pan, galletitas y fideos, es de 13% en el peor de los casos.
La sugerencia empresarial ha sido la de cambiar el foco, de manera de subsidiar la demanda de los sectores necesitados en vez de subsidiar la oferta.
Pero Alberto Fernández dejó en claro que ese tipo de propuestas son inviables en este momento. En consecuencia, más por obligación política que por verdadera convicción, el Gobierno prepara su clásica batería de medidas intervencionistas en el agro, subsidios cruzados y nuevos acuerdos de precios máximos. Todas medidas muchas veces aplicadas, y con resultados parecidos.
El Presidente tuvo también párrafos con un tono amenazante hacia los “especuladores” y a quienes aumentan por codicia. Además, recordó que tiene a mano la Ley de Abastecimiento y está dispuesto a usarla.
La alusión inquieta al ámbito empresarial, porque en los últimos días hubo desde el kirchnerismo duro una creciente presión para que el Gobierno pusiera la lupa sobre los balances de los grandes grupos empresariales.
Por ejemplo, fue comentado el caso específico de Arcor, la gigante industrializadora de panificados y golosinas basada en Córdoba, que presentó un balance con una ganancia 142% mayor a la del año anterior.
Lo irónico es que la ganancia es consecuencia de la alta inflación. Para el sector duro de la coalición de gobierno, el hecho de que en un momento de crisis haya empresas que ganen dinero y paguen dividendos entre sus accionistas es una prueba de codicia contra la que se debe intervenir.
Lo que el Presidente dejó en claro es que el plan antiinflacionario se basará en medidas que serán comunicadas explícitamente y otras que serán asumidas en forma tácita, sin anuncio. Y que acaso las del segundo grupo sean más influyentes que las del primero.
En la categoría de las medidas explícitas se encontrarán todas las sectoriales, que incluirán los consabidos acuerdos de precios máximos, las subas de retenciones, la conformación de fideicomisos y fondos compensadores, tal vez también la suba de tasas de interés. En cambio, hay otras medidas antiinflacionarias que no pueden ser anunciadas como tales, por motivos políticos. Por ejemplo, que se volverá a adoptar al dólar como ancla de los precios.
El Presidente mencionó al pasar que peleará contra los fantasmas de la devaluación y que no cometería el error de otros gobiernos, que al no controlar el tipo de cambio generaron una retroalimentación entre dólar y precios.
En otras palabras, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional todavía no entró formalmente en vigencia, y ya se insinúa el primer incumplimiento: en un contexto de inflación alta, es imposible que se cumpla la recomendación de que la tasa de devaluación avance en línea con la de inflación.
El ancla salarial
Pero la parte más inconfesable del plan, que quedó camuflada bajo el anuncio de un acuerdo intersectorial, es el uso del salario como ancla inflacionaria. Como ya insinuó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la intención es que se mantenga un rango de entre 40% y 45% para las nuevas paritarias, cuando las proyecciones de inflación se acercan al 60%.
Una prueba contundente es ese sentido fue el ajuste del salario mínimo, que el Gobierno presentó como un gesto de sensibilidad ante el aumento del costo de vida, pero que no logró apaciguar el enojo de las organizaciones sociales.
El anuncio realizado el jueves implica que el salario mínimo será en diciembre de $47.850, cuando el mismo día el INDEC informó que para estar sobre la línea de pobreza -no en diciembre, sino hoy mismo- un hogar tipo necesita $83.807. Los sectores más desprotegidos, que se desempeñan en el sector informal perciben, en el mejor de los casos, el plan Potenciar Trabajo, que recién en mayo se actualizará a $19.470 y que, en diciembre, llegará a $23.925.
El Presidente confía en que, gracias al apoyo sindical, logrará encauzar la protesta social y que la combinación de políticas de austeridad con medidas intervencionistas lo ayudarán a cambiar las expectativas, que es el gran objetivo que lo llevó a dar su discurso.
De momento, parece un objetivo de difícil cumplimiento: ya todas las consultoras económicas están previendo que en marzo y abril la inflación se estacionará en el nivel de 5%, y todas las proyecciones anuales están siendo corregidas al alza. Mientras las negociaciones salariales empiezan a tomar temperatura.
Pero, al menos, hay un logro que ya está conseguido: Alberto Fernández lo dijo explícitamente en su discurso: no puede dejar la imagen de pasividad frente a un problema que todos los argentinos consideran, por lejos, el más grave del país.
Fuente: iProfesional
