La Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo entre las empresas con más de 10 empleados asalariados registrados llevada a cabo en los últimos días de febrero arrojó que apenas 5,6% de las empresas privadas relevadas prevé ampliar la nómina de personal en relación de dependencia; y 1,6% presupuestó reducirla. De ahí resultó un saldo neto expansivo de sólo 4,8% de las consultadas.
Se trata de una proporción ínfima, apenas poco más de 1 de cada 20 compañías que planificaba en la segunda mitad de febrero la evolución de su nómina de personal asalariada, antes de conocida la invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos negativos sobre la economía mundial en general, y en la Argentina en particular por el estado de fragilidad de sus finanzas públicas, la carencia de reservas líquidas de divisas del Banco Central y un impacto neto negativo sobre el saldo de la balanza comercial con el exterior.
Y según se desprende del Informe Mensual del Mercado de Trabajo Registrado de la cartera laboral que al cierre de 2021 y estimado para enero 2022, el total contabilizado a esos meses por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el ámbito privado en relación de dependencia era de 6,01 millones de personas, todavía 283.200 por debajo del máximo anotado en la previa al inicio de un nuevo ciclo contractivo en la primera mitad de 2018, cuando el gobierno de entonces debió recurrir al auxilio financiero del FMI; e incluso 7.000 menos que en la previa a la irrupción de la crisis sanitaria -tomando como referencia diciembre 2019, para evitar los efectos de la estacionalidad en enero y febrero-.
Ese déficit de la demanda de personal a cubrir por parte de las empresas que tuvieron que adaptarse en un entorno recesivo inicial y de pandemia de COVID-19 a lo largo de 2020, se eleva a poco más de 410.000 personas, equivalente a 2% del total de los ocupados -en blanco y en negro, en el sector público y privado- y un 7% de los registrados en las empresas particulares en relación de dependencia a diciembre último.
Probablemente por esa falta de vitalidad del empleo privado asalariado que se desempeña bajo el amparo de la legislación, con sus costos elevados para las empresas y beneficios limitados para los ocupados, la cartera de Trabajo que encabeza Claudio Moroni, anticipó que impulsará la modernización de los convenios laborales y discutirá la productividad con los sindicatos.
Movilidad
En enero de 2022, todas las ramas de actividad mostraron expansión interanual del empleo según el informe oficial, pero en casi todos los casos a un ritmo muy por debajo del que registró el INDEC en el nivel de actividad agregada en igual período, y también respecto de la proyectada en las estimaciones oficiales y privadas para todo el año.
Se destaca en la EIL de Trabajo “el crecimiento del empleo en la construcción, que ascendió 6,4%, observándose el repunte estacional habitual de los meses de enero luego de la contracción de diciembre. Por su parte, tanto la industria como el comercio sostienen siete meses consecutivos de crecimiento y el sector de transporte, almacenaje y comunicaciones cuatro meses consecutivos”. En ese período el Estimador Mensual de Actividad Económica subió 9,8%.
Por tamaño de empresa, el mayor dinamismo en las incorporaciones se detectó que se expandió con mayor intensidad en la franja media, de entre 50 y 199 personas ocupadas en condición de asalariadas en blanco (2,3%), mientras que en las de más de 200 fue de 0,9% y, entre las más pequeñas, con 10 a 40 puestos de trabajo en relación de dependencia aumentó 0,8%, nueve puntos porcentuales menos que la tasa de variación del PBI.
Proyección
Las expectativas de empleo que para el trimestre febrero-abril hizo el INDEC arrojó resultados netos muy modestos para la industria: apenas 3,9% de los consultados, equivalente a 1 cada 25 empresas, con 13,1% que planificó incorporaciones y 9,2% recortes de la nómina; aunque prevé más intensidad laboral, a través del aumento de la carga horaria de los ocupados; y más intensa en la construcción, en especial la que se concentra en la obra pública (neto 36% de los casos); y 19% en la privada.
Por distribución geográfica sobresalió el salto del empleo en “Gran Mar del Plata”, a tono con el impulso de la temporada turística con el Programa Previaje; seguida por Gran Resistencia 5,2%; Gran Rosario 3,9%; Gran Córdoba 2,8%; y Gran Bahía Blanca 2,8% y Gran Tucumán 2,4%.
Por el contrario, se contrajo el empleo privado asalariado en Gran Jujuy 1,6%; Gran Santa Fe 0,8% y en Gran Paraná 0,1%. En Gran Buenos Aires (0,8%) y Gran La Plata (0,6%) subió, pero muy por debajo del promedio general.
Las causas de las repetidas crisis de endeudamiento
Los puestos de trabajo en la administración pública nacional, provincial y municipal acumularon 45 meses consecutivos con un comportamiento notablemente mejor que en el sector privado.
Incluso éste cuando se contrajo -como entre septiembre de 2018 y enero de 2019- el Estado lo hizo notablemente menos, y cuando se expandió en los meses siguientes fue a una tasa singularmente mayor, en todos los casos en el cotejo interanual.
El resultado de esos movimientos fue que desde el inicio del actual gobierno, el 10 de diciembre 2019, mientras el empleo privado asalariado bajó en 7.000 puestos, en la administración pública total se expandió en casi 137.000 y actualmente la serie de empleo público se estima en torno de 4 millones de personas y la de Monotributistas se ubica en más de 3,6 millones de trabajadores.
Se trata de una notable brecha negativa, la cual superó con creces la relación inferior a un puesto caído entre las empresas particulares (283.185 personas asalariadas) y la expansión de los agentes del Estado observada en los últimos cuatro años (184.722), siempre según los datos de Trabajo sobre la base de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Semejante brecha sólo fue posible sostener a través del aumento de las cuatro fuentes posibles de financiamiento de las Administraciones Nacional, provincial y municipal: la presión tributaria; el endeudamiento a través de la emisión de bonos; la emisión del Banco Central para otorgar adelantos transitorios a la Tesorería; y el atraso en los pagos a proveedores (libramientos impagos en la vieja metodología contable de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional).
7000
Desde el 10 de diciembre 2019, mientras el empleo privado asalariado bajó en 7.000 puestos, en el Estado subió en casi 137.000.
Optimismo
El Gobierno nacional está convencido de que en el primer año del esperado nuevo acuerdo con el FMI la economía privada va a crear 220.000 empleos netos.
Significa sobre una nómina de poco más de 6 millones de trabajadores asalariados registrados un crecimiento de 3,7%, equivalente a más de una vez la tasa esperada de aumento del PBI por parte de los consultores privados, incluidos los del FMI y de 0,8% por cada punto que aumente el PBI, en el caso de la proyección por ahora extremadamente optimista de 4,5% del ministro Martín Guzmán.
Rara vez en la historia económica local se alcanzó esa elasticidad empleo-PBI, menos sin un plan sustentable y sin incentivos a la inversión productiva a través de reducción de cargas laborales y una legislación laboral flexible que promueva la creación de puestos de trabajo y disminución de la presión tributaria y eliminación de la restricción cambiaria que afecte el flujo comercial y el ingreso y salidas de capitales entre las empresas productivas.
