Por la increíble aprobación de los diputados hacia el acuerdo con el FMI se abrieron muchas lecturas políticas, dejando heridos en el gobierno de turno y, al mismo tiempo, plantando dudas sobre la capacidad de que esto sea gestionado por el equipo económico.
La enorme línea dentro del oficialismo es clara, siendo que si una votación similar se diera la siguiente semana en el Senado el choque oficialista se hará más complejo en cuanto a lo que queda de la gestión de Alberto Fernández.
Sobre ese marco de posible ruptura, el buen cumplimiento del programa con el Fondo se volvería muy complicado.
Este nuevo acuerdo se basa en metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas netas, todas bajo el ojo del monitoreo trimestral de la organización. Solo si son aprobadas llegarían los desembolsos para cubrir los servicios de deuda. A finales de marzo estarán para revisar los primeros números y en abril empezaría la primera misión.
Pero los mayores desafíos aparecen en el frente fiscal, ya sea por las fuertes subas de precios internacionales de la energía como también por las condicionalidades del mismo acuerdo.
Por esto existe la obligación de congelar la llamada “deuda flotante”, el mecanismo usado por la administración pública para pisar el gasto y pasarlo como deuda de un año al otro. A favor del Gobierno está incluida la posibilidad de aumentar el déficit en 0,2% del PIB, mientras se destine esto a financiar obras publicas mediante organismos multilaterales de crédito.
Aunque con los precios actuales del gas mundial será difícil reducir el gasto en subsidios energéticos, encontrándose esto como un objetivo fundamental del programa. El mismo Fondo recomendó disminuir un 6,0% del producto. Lo básico es que las tarifas apunten a crecer por debajo de la inflación de acuerdo con el esquema de segmentación acordado para los aumentos.
Los mayores costos de generación energética y las tarifas que no cubren la inflación están impidiendo el ahorro fiscal. Pero el Gobierno aparenta tener una carta mágica bajo la manga para aliviar la situación, ya que los gastos por Covid-19 en el 2021 representaron el 1,5% del PIB, algo más de los destinado a vacunas. Si la pandemia se acaba podría haber un margen para recortar.
Parece un acuerdo realista ideado para evitar una crisis a corto plazo en el que prácticamente la totalidad del escaso financiamiento neto está concentrado en 2022 y 2023. Diferente al Stand-by del 2018, ahora no hay disponibilidad de fondos frescos de una magnitud que pueda habilitar una salida masiva de capitales como ocurrió en ese momento.
El cepo, distante de los tiempos de libertad cambiaria de Mauricio Macri, impide ese proceso. Asique no está pensado para bajar la inflación, por eso el FMI es una preocupación secundaria. Inclusive en los próximos meses los precios pueden acelerarse, por la mayor velocidad exigida para la devaluación del tipo de cambio oficial y los ajustes tarifarios.
Fuente: Ricardo Delgado de Noticias Argentinas NA
