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Denuncian a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad

11 febrero, 2022

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en Países Bajos, recibió este miércoles el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI) sobre COVID, que investigó el papel del gobierno federal en el combate a la epidemia de COVID-19 en Brasil.

El documento, enviado a la Corte Internacional por los senadores de la CPI señala 9 delitos de Bolsonaro: prevaricación, charlatanería, epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, personas, delitos de responsabilidad y delitos de lesa humanidad, citó Folhapress.

La Corte emitió un protocolo confirmando que recibió el informe y los trámites, a partir de ahora, son confidenciales. “Es un paso más en el camino contra la impunidad”, dijo a los medios el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), quien fue vicepresidente de la CPI y uno de sus miembros más activos.

El tribunal fue creado para juzgar a las personas que cometen delitos de alcance internacional, como genocidio, guerra y lesa humanidad, en los que fue imputado Bolsonaro.

El CPI trabajó durante 6 meses en 2021, e investigó la actuación del Gobierno frente al nuevo coronavirus.

Al final del trabajo, Jair Bolsonaro fue señalado por el relator del trabajo, el senador Renan Calheiros (MDB-AL), como “el principal responsable de los errores del gobierno en la epidemia, que ya mató a más de 633.000 personas en el país”.

Además, registra más de 26.770.000 casos confirmados del coronavirus y continúa como la segunda nación del mundo con más muertes por COVID-19, después de Estados Unidos, y la tercera en cantidad de contagios, detrás de EEUU e India.

Al presentar su informe, el senador afirmó que Bolsonaro cometió los diversos delitos al “actuar de manera no técnica y desidiosa frente a la pandemia, exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva”.

 

“Desprecio por la vida de las personas”

El CPI también confirmó “la existencia de un consultorio paralelo, la intención de inmunizar a la población por contaminación natural, la priorización del tratamiento precoz sin sustento científico y el desincentivo al uso de medidas no farmacológicas”.

También reveló que hubo “demora deliberada en la adquisición de vacunas, en evidente desprecio por la vida de las personas”.

En total, 80 personas fueron acusadas por la CPI y los senadores señalan la lentitud del Ministerio Público. La Fiscalía General abrió seis investigaciones preliminares sobre la conducta de Bolsonaro.

Randolfe escribió en Twitter un mensaje para el Procurador General de la República: “Sr. Augusto Aras, dígnese asumir la dirección del MPF, y no sólo el papel de sirviente de Bolsonaro. ¡Aras cruzó todos los límites! Esta semana empezaré a recolectar firmas para pedir la destitución y remoción del PGR que no cumple sus funciones!”.

 

“No me preocupa si no me pasa la banda presidencial”

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) este miércoles fue consultado sobre la posibilidad de que el presidente Jair Bolsonaro (PL) se niegue a aprobar la banda presidencial si es derrotado en las elecciones de este año.

Lula dijo que él no tiene esa preocupación y que si gana las elecciones, elegiría a otra persona para pasarle la banda presidencial. “Que siga el camino. Vamos a conseguir que alguien del pueblo, un brasileño, me ponga la banda, si gano las elecciones”, dijo ayer el líder del Partido de los Trabajadores en una entrevista a la radio Brasil Campinas.

El exmandatario también dijo que no importa que el próximo presidente no sea él, siempre y cuando sea alguien “democrático, que le guste a la gente y le guste este país”. “Él (Bolsonaro) pasará al carril derecho, luego puede irse a casa a llorar, a refunfuñar, pero pasará de carril, de eso puede estar seguro. El pueblo le quitará la banda y se lo pasará a otra persona”, agregó.

En 2021, tras perder las elecciones estadounidenses, el expresidente Donald Trump no le pasó la banda a su sucesor, Joe Biden.

Lula recordó que algo similar ya ocurrió en Brasil. El último presidente de la dictadura militar, el general João Baptista Figueiredo, se negó a pasar la banda a su sucesor, José Sarney.

“Pero no tengo esa preocupación. Bolsonaro tendrá la gran lección de su vida, el golpe que le dará el pueblo el 2 de octubre, un golpe democrático. El pueblo le dirá soberanamente a Bolsonaro BASTA”, dijo Lula.

El petista lidera actualmente las encuestas de cara a las elecciones de octubre próximo en los que enfrentará al presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro, como su principal contrincante.

La campaña electoral se presenta en Brasil como una dura pulseada entre dos visiones diametralmente opuestas en materia económica, política y hasta ideológica.

 

Pedido a la Corte

La Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Covid (CPI) entregó al Presidente del STF (Supremo Tribunal Federal), Ministro Luiz Fux, una solicitud para que los recursos presentados ante la Corte por el Fiscal General de la República, Augusto Aras, sean transformados en investigaciones, con base en un informe en el que la Comisión solicitó la acusación de 80 personas, entre ellas, el presidente Jair Bolsonaro.

El documento entregado a Fux está firmado por el abogado del Senado Federal Edvaldo Fernandes y avalado por los senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Renan Calheiros (MDB-AL) y Omar Aziz (PSD-AM).

A juicio de los congresistas, Aras no adoptó los procedimientos adecuados para denunciar o archivar el material levantado por el colegiado en la CPI.

En una reunión esta semana con Fux, los congresistas también solicitaron el levantamiento del secreto de las acciones interpuestas por Aras.

“El trabajo de la CPI se hizo a plena luz del día, con el seguimiento diario de la sociedad. La evidencia es pública. Recién tuvimos acceso a una de las peticiones de Aras. Porque son confidenciales. Le tocaría a la PGR continuar la investigación, denunciar o archivar ¿Qué hizo Aras? Una solicitud confidencial al STF, en la que no siguió ninguna de esas vías”, dijo Calheiros.

Fuente: Medios Digitales

Tags: #BrasilBolsonaroDDHHDenunciaLa Hayalesa humanidad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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