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Alberto Fernández firmó 117 DNU en dos años: ¿son muchos o pocos?

8 diciembre, 2021

 

El presidente Alberto Fernández culminará el próximo viernes su segundo año de mandato con un total acumulado de 117 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados desde su asunción, principalmente vinculados con la gestión de la pandemia de coronavirus y sus efectos en la economía.

 

“Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”, establece el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

 

Con la pandemia de Covid-19 instalada en la Argentina apenas tres meses después de su llegada a la Casa Rosada, el jefe de Estado se vio obligado a recurrir a los DNU para establecer una serie de medidas que no podían aguardar al debate en el Congreso: tal vez el decreto de necesidad y urgencia más destacado que haya firmado el mandatario sea el que implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo de 2020.

 

Antes de aquel DNU, Alberto Fernández había utilizado esta herramienta constitucional para intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), establecer la Emergencia Pública en Materia Ocupacional, derogar la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y postergar el pago de bonos, entre otras iniciativas.

 

Ya con el Sars-Cov-2 como un factor fundamental a la hora de la gestión, el Presidente recurrió a los decretos de necesidad y urgencia para fijar una serie de medidas de contención a la crisis económica provocada por la pandemia, como fue el caso del congelamiento de alquileres e hipotecas y la prohibición de despidos.

 

También fue la vía para frenar los cortes de servicios en caso de mora o falta de pago y derogar el voto postal para los argentinos residentes en el exterior, entre otras iniciativas adoptadas por el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso.

 

Si se compara el número con los de sus antecesores que se sentaron en el Sillón de Rivadavia, el Presidente que más veces recurrió a los decretos de necesidad y urgencia fue el riojano Carlos Saúl Menem, quien utilizó su lapicera en 284 ocasiones para rubricar esos textos. Sin embargo, si se tiene en cuenta su larga gestión al frente de la Casa Rosada, su promedio no es tan alto, a diferencia del de Eduardo Duhalde, que firmó 156 DNU en menos de 17 meses.

 

En tanto, Néstor Kirchner lo hizo en 239 ocasiones; Cristina Kirchner, en 82; Mauricio Macri, en 73; Fernando De la Rúa, en 60; y Raúl Alfonsín, en 6.

 

Curioso es el caso de Adolfo Rodríguez Saá, que en su breve interinato de una semana firmó seis decretos de necesidad y urgencia: fijó su sueldo en 3 mil pesos; modificó el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, congeló las vacantes existentes en la Administración Pública Nacional; suspendió el servicio de telefonía móvil a funcionarios y empleados del Gobierno; ordenó la venta de todo el parque automotor del Estado Nacional para solventar el gasto de programas alimentarios y de empleo; creó el Fondo de Liquidez Bancaria y declaró el estado de emergencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

 

Fuente: Noticias Argentinas  

Tags: Alberto FernándezAnálisisDecreto de Necesidad y UrgenciaDNUPandemia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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