El Consejo General de Educación (CGE) se prepara para elaborar un nuevo protocolo de intervención en situaciones en las que se vea afectada la integridad física, psíquica, moral, sexual y la libertad de niños, niñas y adolescentes que sean alumnos del sistema educativo provincial.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el presidente del CGE, Alberto Galarza, indicó que “la idea es contar con un protocolo más simplificado de actuación de las escuelas ante situaciones de violencia, acoso y abuso como las denunciadas en el Roque González y Santa María”.
Recordó que en la actualidad está vigente un protocolo aprobado por Resolución del CGE en 2015 (Resolución 4079) “pero creo que ahora se están activando a través del Gabinete Provincial Interdisciplinario (GPI) estrategias más accesibles que se trabajan junto al Ministerio de Educación de la Nación. Estoy convencido que debemos simplificar el protocolo en no más de cinco ítems de acción para que todos los adultos (preceptores, docentes y directivos) y los alumnos sepan qué hacer ante estas situaciones”.
Conciso y claro
Esta simplificación es necesaria porque el marco jurídico es muy amplio, “estamos hablando de diez leyes (Ley 27.234 de Violencia de Género. ‘Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género’; la Ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 23.849 Convención sobre los Derechos del niño; la Ley 26.206 de Educación Nacional; la Ley 26.892 Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas; la Ley 26.743 de Identidad de Género; la Ley 26.904 de grooming; la Ley 27.590 Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes; Ley Nacional 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral; la Ley VI 250 Plan Integral para el Abordaje, Prevención y Erradicación del acoso contra niños, niñas y adolescentes) y cuatro resoluciones (Resolución 217/14 Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar; Resolución CFE 93/09 Sentidos y orientaciones y regulaciones sobre la convivencia Escolar; Resolución CFE 045-08 Lineamientos Curriculares para la ESI y la Resolución del CGE 4079/15 Protocolo de Intervención en casos de afectación de la integridad física, física, psíquica, moral, sexual, y la libertad de un niño, niña o adolescente).
“En el ámbito normativo está todo escrito, lo que ocurre es que es tanta la información disponible que cuando sucede un caso concreto la gente no sabe qué hacer”, admitió Galarza.
De hecho, indicó que en la jornada de ESI que tuvo lugar el 19 de este mes acercaron este marco normativo para darlo a conocer en las escuelas, “no faltan más leyes sino que se las conozca y aplique”, destacó.
Responsabilidades concretas
En este contexto, señaló que “hay que construir responsabilidades concretas ante este tipo de situaciones, normatizarlas, especificar la responsabilidad que tienen los directores, los docentes, los preceptores y los equipos psicotécnicos. De este debate que hoy se está dando tiene que surgir este nuevo protocolo”.
Consultado acerca de la posibilidad de contar con un 0800 para recibir denuncias de violencia, acoso y abuso, confirmó que están trabajando en este sentido y que “el GPI será el órgano que atenderá las denuncias que se reciban en este 0800 sobre el que se está trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación”.
Según indicó, ya durante la gestión del ministro Alberto Sileoni (2009 a 2015) se instrumentó un 0800 nacional y recién ahora se están retomando estas políticas socioeducativas. La idea es que tengamos este 0800 en Misiones y atendido por profesionales, “queremos arrancar el ciclo lectivo 2022 con el 0800 funcionando y un nuevo protocolo de actuación en situaciones de violencia, abuso y acoso en el ámbito escolar” y no descartó que a esta línea gratuita se agregue un número de Whatsapp “porque los adolescentes tienen más incorporado escribir un mensaje de WhatsApp que llamar por teléfono”.
Anticipó además la necesidad de organizar mesas de trabajo con los alumnos a partir del 2022.
El ABC de la Guía Federal
La Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar establece puntos claves para abordar esta problemática: no minimizar los pedidos de ayuda de los alumnos; involucrar al grupo y no suponer que el problema es sólo de algunos; convocar a las familias o adultos responsables de las o los estudiantes; proponer espacios de diálogo entre las partes una vez que se hayan creado las condiciones necesarias; generar acuerdos y compromisos para la convivencia posterior; registro escrito de la situación; y comunicar las sanciones para establecer límites a las transgresiones.
“No es un problema exclusivo de los colegios privados”
El presidente del CGE advirtió que lo ocurrido en los dos colegios religiosos “no es un problema del sector privado de la educación, también en las escuelas de gestión públicas es un problema cotidiano pero la mayoría de las veces no llega a generarse conflictos mayores porque intervenimos rápido”.
Galarza valoró el rol del Gabinete Provincial Interdisciplinario que actúa e interviene sin demora una vez que se articulan los mecanismos de denuncia. “Las redes aceleran que trasciendan este tipo de situaciones que violentan la integridad de los alumnos y es muy posible que el reclamo de las estudiantes del Roque haya incidido también en que se animen a visibilizar situaciones sus pares del Santa María… y no tengo dudas que estos reclamos se replicarán en otros establecimientos educativos”.
Recordó que el GPI cuenta con gabinetes en Posadas, Garupá, Oberá, Leandro N. Alem, Eldorado, San Vicente, Bernardo de Irigoyen e Iguazú.
“Estos equipos se mueven en la región cuando los requieren desde las escuelas”, señaló.
