Sala llena, una veintena de cuerpos de expedientes en una mesa, 13 sillas en semicírculo frente a los magistrados, la madre y el hijo de Hugo Wasyluk entre los presentes, horas de lectura de la elevación a juicio de la causa y planteos de las partes. Así fue el inicio del juicio por la muerte del hombre de 38 años ocurrida hace más de una década en la seccional Primera de Oberá.
Minutos antes de las 9, los magistrados ingresaron al salón del Oberá Tenis Club para dar inicio al debate. Por secretaría se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y de la querella penal y civil. Extensa etapa que luego siguió con la consulta de parte de Francisco Aguirre, presidente del Tribunal, respecto a si las partes querían realizar algún planteo preliminar.
Por su parte, el abogado Javier Millán Barredo, quien representa a los imputados Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Roxana Harasimezuk, Alejandro Fabián Nuñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y José Orlando Morales, realizó dos planteos.
En el primero de ellos citó el rango constitucional que tienen los pactos internacionales de Derechos Humanos, los cuales señalan que un acusado debe ser informado del hecho que se le imputa al momento de la indagatoria. Indicó que en esta causa, a sus defendidos se les informó que aunque tenían conocimiento de la situación de salud de Hugo Wasyluk, no lo llevaron a que lo viera un médico, incumpliendo así los “deberes de funcionario público”.
Sobre esta situación Millán Barredo expresó que en la etapa de instrucción ya se había resuelto la “falta de mérito” por la acusación del delito de “abandono de persona seguido de muerte” que se le endilgaba a sus defendidos.
Precisamente, porque “confiaron” en lo que decía el certificado médico. Por lo tanto, Millán Barredo entendió que era incongruente que se los haya acusado por no actuar ante el conocimiento de la gravedad de la situación física de Wasyluk, cuando justamente “no lo sabían”. Esto “hiere el andamiaje constitucional del juicio”, señaló.
Por otra parte se refirió al caso particular de uno de sus defendidos, el médico José Morales, quien fue acusado de firmar un certificado médico falso e “incumplir los deberes de funcionario público”.
“Pero fue sobreseído”, subrayó. “No es posible entonces que, si un certificado no es falso, entonces es verdadero. La incongruencia es obvia”.
También planteó la prescripción de la acción penal contra Morales, puesto que hace tres años se retiró de la policía. Como es el único que está imputado “solamente” por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario, le cabría esta prescripción, indicó.
Pedido de exhibición de fotos
A su turno, Rafael Pereyra Pigerl, querellante en representación de la esposa y el hijo de Hugo Wasyluk, solicitó al Tribunal que en lo que resta del debate, se exhibieran las fotografías tomadas por la División Criminalística de la UR-II, de la celda con el cuerpo de la víctima, con las laceraciones que presentaba, además de las imágenes de la autopsia. El abogado señaló que son necesarias que sean expuestas para que los testigos, peritos, etcétera, puedan expedirse teniéndolas presentes y que las presuntas torturas que recibió Wasyluk no quedaran en una situación abstracta.
Por otra parte, pidió que sean aceptados como Amicus Curiae el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
Finalmente, Estela Salguero, defensora de Pedro de Mattos, solicitó que sea declarada de incompatibilidad de la función de Pereyra Pigerl como querellante, puesto que al ser funcionario público (diputado provincial), no podría ser patrocinante contra el Estado, que en este caso serían los acusados, policías y expolicías. Aunque, el letrado es querellante penal y no civil.
Hoy el Tribunal resolvería los planteos preliminares y luego les cederán la palabra a los acusados, en caso que opten por declarar.
