Luego de la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas, el presidente Alberto Fernández lanzó un operativo político que apunta a recuperar la iniciativa frente a una oposición empoderada por el mensaje de las urnas, que sale a disputarle la agenda desde el Congreso, donde el Frente de Todos ya empezó a trazar una hoja de ruta.
El operativo posderrota tuvo dos fases hasta ahora. Una fue el acto del Frente de Todos que el Presidente encabezó en Plaza de Mayo por el “Día de la militancia” y la otra, menos espectacular pero políticamente más importante, fue la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso detrás de la cual está el tantas veces mencionado “llamado al diálogo con la oposición”.
En lugar de convocar a sesiones extraordinarias, el Gobierno extendió el período parlamentario vigente. La diferencia entre una cosa o la otra es que, en el primer caso, el Poder Ejecutivo fija un temario y no se puede tratar ningún proyecto por fuera de él salvo que el Gobierno decida hacer incorporaciones, mientras que de la manera elegida, el temario queda abierto y a criterio de los bloques parlamentarios.
Por ello la Casa Rosada presentó esta extensión de las sesión ordinarias como un gesto hacia la oposición para mostrar voluntad de diálogo y búsqueda de consensos en torno a diversos temas.
En cambio, en la bancada oficialista de Diputados señalaron a iProfesional razones tácticas: reconocen que el recambio legislativo del próximo 10 de diciembre les hará más difícil conseguir el quorum.
Esto es clave porque la agenda de temas que impulsa el Gobierno para la nueva etapa, encabezada por el “programa económico plurianual” que, según Fernández, reflejará los alcances de un acuerdo con el FMI, quedará probablemente en medio de la renovación de bancas: empezará a tratarse con la conformación actual y continuará con la nueva.
“Posición importante”
En ese sentido, los principales dirigentes opositores evitan por ahora lanzar pronunciamientos enfáticos frente al “programa económico plurianual” que el Gobierno enviaría entre fines de noviembre y principios de diciembre, y se limitan a remarcar que quieren ver primero el proyecto y luego discutir.
Fueron precisamente los más “duros” de la coalición los que dejaron ver esta postura más cauta, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “el voto popular puso a Juntos por el Cambio en una posición muy importante en el Congreso, por lo tanto eso será debatido allí”.
El otro fue Miguel Pichetto, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri, quien señaló: “No nos parece mal que el Presidente elabore un programa, un camino y un rumbo y lo envíe al Congreso para ser discutido”.
Respecto del resto de la agenda que el Gobierno quiere tratar en el Congreso nacional de aquí al 31 de diciembre, habrá negociaciones.
Juntos por el Cambio pedirá el tratamiento de iniciativas propias como la eliminación de impuestos a PyME que tomen jóvenes de entre 18 y 35 y proyectos relacionados con la seguridad.
Los DNU, no
Sin embargo, el primer movimiento del kirchnerismo en el Congreso ya puso en alerta a la coalición opositora frente a lo que viene, porque la bancada oficialista busca aprobar antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre un paquete de 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU) que esperan validación del Congreso.
Juntos por el Cambio ya anunció su “rechazo absoluto” a todos ellos porque entiende que el Frente de Todos quiere aprovechar la mayoría que todavía tiene en el Senado para aprobar, sin diálogo alguno, esos decretos antes del 10 de diciembre.
Con su rechazo, la oposición dio una primera señal en el sentido de que, en adelante, no habrá acuerdo posible si el oficialismo toma el camino de las decisiones unilaterales.
La idea es hacerle sentir al Gobierno que ya no tiene el número suficiente y tampoco el respaldo electoral con el que llegó en 2019.
DNU y polémica
En un clima de tensión poselectoral, en el que la oposición continúa intentando hacer gala de su nuevo poder de fuego, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emitió dictámenes a favor de un total de 116 decretos presidenciales.
Se trata de una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia, promulgaciones de leyes y decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo desde el 2019 -referidos a las medidas de restricción de circulación del ASPO, la prórroga de la prohibición de despidos, la creación del Ministerio de las Mujeres, entre otros- cuya aprobación, hasta ahora, fue casi una formalidad.
“Esto es de una gran gravedad institucional que indica que el Gobierno ha perdido las elecciones, por eso procura sacar antes del 10 de diciembre cuando perderá la mayoría en el Senado”, denunció el jueves en conferencia de prensa el diputado radical y jefe del interbloque, Mario Negri.
A pesar de esto, el oficialismo pudo avanzar con el dictamen porque cuenta con mayoría y los decretos girarán al Senado para ser tratados en una o dos semanas.
Fuente: iprofesional.com
