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Relevaron territorio de otras ocho comunidades mbya de Misiones

13 noviembre, 2021
DEMOGRAFÍA. La mayoría de las comunidades guaraníes de Misiones están constituidas por menos de 100 habitantes y el 70% de ellos tiene menos de 30 años.

DEMOGRAFÍA. La mayoría de las comunidades guaraníes de Misiones están constituidas por menos de 100 habitantes y el 70% de ellos tiene menos de 30 años.

DEMOGRAFÍA. La mayoría de las comunidades guaraníes de Misiones están constituidas por menos de 100 habitantes y el 70% de ellos tiene menos de 30 años.

A mediados de este 2021 se retomaron los relevamientos en los pueblos originarios de Misiones. Estos estudios, permiten la conformación de carpetas técnicas avaladas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde reconocen un uso ancestral de las tierras. En Argentina, este mes vence la extensión de la Ley 26.160, que establece una emergencia territorial de los indígenas para evitar su desalojo en terrenos ocupados.

 

Relevados

En la provincia, el Ministerio del Agro y la Producción es la entidad encargada de los relevamientos pendientes. A cargo del trabajo en terreno, el licenciado en Antropología Social Lautaro Sosa explicó a PRIMERA EDICIÓN que “con el nuevo convenio entre el INAI y el Ministerio del Agro y la Producción, había que relevar entre 49 a 52 comunidades en la provincia pues otras 68 comunidades ya se relevaron en el período anterior, sobre un total de 120”.

Aseguró que “algunas comunidades tenían un trámite administrativo ante el INAI, pero faltaban cerrar unas 15 carpetas, luego de los relevamientos ya hechos. De ellas, se entregó la documentación, pero faltaban cuestiones administrativas y otros datos para darle un cierre”.

Sosa contó que “este año se comenzó a cerrar esas carpetas. Hasta el momento vamos por ocho comunidades que se cumplieron los relevamientos y ahora están en proceso administrativo y, si todo va bien, estimamos que dentro de una semana tendremos las primeras tres carpetas cerradas”. De las ocho comunidades relevadas en este año, “dos eran las que ya habían iniciado los estudios y faltaban culminar detalles. Calculamos que tendremos unas tres o cuatro más para finalizar en este mes y medio que queda del año. Luego queda todo un trabajo específico”, añadió.

Entre los contratiempos, recordó que el principal fueron las lluvias que azotaron durante octubre. En cuanto a la ubicación geográfica, compartió que estuvieron en relevamientos en “la Zona Norte de la provincia, en los límites entre municipios como Montecarlo y San Vicente, también hubo otros en la parte sur, en Colonia Aurora, 25 de Mayo”.

Para el relevamiento territorial, el antropólogo detalló que en la parte de técnica, “el área encargada de realizar el informe histórico antropológico, reúne la información demográfica e histórica. A la par, está el equipo de georeferencia, con un trabajo de mapas y la parte geográfica que es importante para estas comunidades”.

Más allá de la disposición a colaborar de las comunidades, Sosa aseguró que “el equipo también incluye a jóvenes mbya guaraní. Sin su participación no podríamos hacer el relevamiento, porque se necesita resolver temas del idioma, la interpretación del mundo y por lo general los miembros más antiguos hablan sólo en guaraní”. Con este tipo de estudios, “se busca el reconocimiento de la permanencia y para ello se seleccionan indicadores del tiempo que habitan en determinado sitio y usos que hacen del espacio. Luego se procesa toda esa información y se elabora un mapa específico para ser enviado al INAI”, agregó.

 

En Misiones

Sosa participó durante el 2015 y 2016 de la elaboración del mapa continental. “La información que recogimos daba cuenta que en la provincia había unos 13 mil guaraníes y se identificaron 120 comunidades, las más numerosas estaban en Puerto Iguazú. Después, tenemos el municipio de San Ignacio, con una importante concentración de comunidades”.

 

ONU se unió al pedido

Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), su presidenta, Magdalena Odarda, destacó como fundamental y calificó como “muy positivo” el apoyo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al sumarse al pedido de prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La titular del organismo nacional afirmó que “en esta instancia en que el proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación, aunque aún resta la aprobación de la Cámara de Diputados, contar con el respaldo de la (ONU) para con esta causa es sumamente significativa y trascendente”.

Tags: Asuntos IndígenasINAILey 26160MisionesRelevamientos
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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