Hace poco más de un año y medio, desde la aldea Tarumá Poty se conocía una denuncia por la muerte de una joven de 24 años. El acusado era un cacique conocido como “Claudio” de 36 años, cuyas explicaciones no convencieron a la familia ni al juez, acerca del motivo del deceso de quien era su pareja. Fue detenido acusado de “femicidio”. La etapa de instrucción de la causa está prácticamente terminada y el hombre está más cerca de ser juzgado por ese hecho.
Según pudo saber este Diario, el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente giró el expediente a la fiscalía para que opine si es necesaria alguna prueba más, puesto que con todo lo recabado hasta el momento ya se habría completado lo requerido para que el hombre responda por el delito de “femicidio”, el cual estipula la pena de prisión perpetua. De ahora en más se aguardará la opinión del fiscal Rodolfo Andrés Cáceres, para saber si se solicita alguna otra medida o si ya se puede clausurar la investigación y elevarlo al Tribunal Penal de Oberá.
Una de las últimas pericias que faltaban era el cotejo de ADN en algunos elementos que fueron hallados en la vivienda que el cacique ocupaba con María Solange Diniz Rabela. Se trata de objetos con restos hemáticos que se confirmaron no pertenecían al acusado sino a la víctima, por lo cual en principio se presume que podrían haber sido utilizados para cometer el crimen contra la joven. En este sentido cabe recordar que su cuerpo fue hallado prácticamente irreconocible a simple vista.
Respecto a los testigos que declararon en el caso, figuran los testimonios de dos mujeres de la comunidad. Ambas coincidieron que la joven era maltratada por el hombre y la situación de violencia llegaba a los golpes físicos. Esto abonaría la figura de violencia de género que se le imputa.
También figura el testimonio de una médica, a quien en su coartada el sospechoso la mencionó para justificar por qué se había deshecho del cuerpo. El cacique había señalado que le comunicó acerca del fallecimiento de su esposa, que la médica llegó a la aldea pero ni siquiera se animó a revisar el cuerpo y le dijo que siguiera con el ritual funerario de su comunidad. Esto fue negado rotundamente por la facultativa cuando fue citada como testigo. Dijo que efectivamente estuvo en el lugar pero revisó a unos niños, ni siquiera sabía que supuestamente estaba una mujer enferma y menos que había muerto alguien.
El 13 de abril de 2020, el padrastro de la joven se dirigió a la comisaría de San Vicente a denunciar que el marido de Diniz Rabela le comentó que ella había fallecido, pero que no le creía y sospechaba que fue asesinada. Le pareció extraño no tener señales de la joven. Cuando llegó a la aldea el sospechoso le dijo que se había enfermado, que comenzó con un resfrío, tos y se murió “de un día para el otro”. Creía que se había contagiado COVID-19 y decidió quemar el cuerpo y enterrarla.
La policía y el juez de instrucción Gerardo Casco se dirigieron a la aldea, en el paraje Tambor de Tacuarí (altura del kilómetro 1274 de la ruta nacional 14), para constatar la denuncia. En la casa que ocupaban secuestraron un serrucho con manchas de sangre, como así también dos frazadas y un retazo de tela con restos hemáticos.
En un rastrillaje, hallaron restos de una cama sobre la que quemaron el cadáver. A pocos metros de allí, hallaron restos del cuerpo calcinados.
