Cuántas veces hemos escuchado en los últimos años de debacle económica nacional (que en realidad lleva cuatro décadas), acerca de la necesidad de un cambio cultural en Argentina. Esta frase se acentuó sobre todo en los últimos 25 años, cuando medio en chiste y medio en serio, comenzaron a denominarse peyorativamente como “planes descansar” a la ayuda social que prestaron los sucesivos gobiernos desde el estallido de diciembre de 2001. Antes, apenas comenzó el gobierno de Raúl Alfonsín, se implementó la caja PAN (Programa Alimentario Nacional), que justamente otorgaba alimentos, algo diametralmente opuesto a la entrega de dinero que vendría después.
Entonces ¿el cambio cultural tiene que ver con volver a sacar a flote la cultura del trabajo? ¿Se convirtió Argentina en un país mayoritariamente de “vagos” que solamente esperan cobrar un plan a fin de mes? ¿Es verdad que cada vez son menos los que quieren salir a ganarse el pan con esfuerzo? Preguntas sobre las que puede haber una variada gama de respuestas, pero como todo texto ensayístico, lo que se verá a continuación es simplemente una de tantas miradas acerca de un tema profundamente arraigado en la discusión sobre el modelo de país.
A pesar del malestar de muchos, hoy es inconcebible la Argentina sin ayuda social. En las naciones desarrolladas estos sistemas de asistencia también existen, pero no son usados como gatillo electoral de un partido político. En Estados Unidos, antes de la pandemia, en promedio, una familia recibía poco más de 400 dólares al mes. Para ese país es un paliativo, aquí ese monto equivale a un sueldo en blanco, en el mejor de los casos. La diferencia con Argentina es que sólo puede ser asignado durante 60 meses consecutivos y la cabeza de familia que lo reciba tiene la obligación de buscar trabajo. Debe probarlo para evitar que se le corte el beneficio.
“El uso electoral, es una burda mentira para cuestionar a las organizaciones sociales”, diría un dirigente en una respuesta de manual. Basta con identificar a quiénes responden los que gerencian los planes para saber a qué intereses de casta política representan. De forma velada hay caudal electoral detrás. Hoy esos dirigentes ocupan cargos dentro del Gobierno, manejan directamente las cajas. “Hay que llenar la política de pobres”, dijo Emilio Pérsico, titular del Movimiento Evita. El dilema pasa también por otra pregunta ¿hasta cuándo? ¿cuántas generaciones más?
Argentina tuvo crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI) a “tasas chinas” (cercanas al 8% promedio) entre el 2003 y el 2011. Esto se publicó en un informe realizado por la consultora Economía y Regiones, en base a datos aportados por aquella gestión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuestionado por haber sido intervenido desde el 2007 para ajustar los datos que publicaba y maquillar problemas económicos que comenzaban a agravarse.
Ahora bien, ¿por qué cuando el país comenzó a rebotar luego de la caída estruendosa del 2001, y empezó a dinamizarse la economía en base a los dólares que ingresaban por las exportaciones de soja (diferencial que estuvo directamente relacionado a la devaluación del gobierno de Duhalde), no dejó de crecer la ayuda social cuando la economía local galopaba traccionada por China?
Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2010, los planes sociales alcanzaban al 32,9% de la población y a un 24,4% de los hogares. En el peor de los escenarios, en 2002, cuando la población era de poco más de 37 millones, el Plan Jefes y Jefas de Hogar llegaba a solamente 2 millones de personas. En 2010 el país tenía 40 millones de habitantes, es decir, más de 12 millones eran asistidos con planes. Cuando mejor estaba la economía, era mayor la ayuda social. Es Argentina, en el mundo no lo entenderían.
El período de bienestar tenía su correlato en base a tarifas eléctricas bajas al bolsillo del usuario, servicio de transporte subsidiado, etcétera. El trabajador común tenía así un poco más dinero para gastar. Esto dinamizó el consumo y se vivió una primavera económica que comenzó a decaer realmente con la baja en el precio de las commodities. El menor ingreso de dólares para sostener el gasto público se sostuvo después con emisión monetaria que derivó en una inflación del 25% promedio. Durante esos primeros años de bonanza, no dejaron de crecer los planes sociales. Aquel era el momento para que genuinamente los que habían quedado fuera del sistema pudieran volver a tener ingresos ligados al trabajo. Pero por historia, la política argentina tiene la costumbre de atraer votos a un espacio en base a dádivas. En un país pobre, la eternizada dependencia del político para que venga a solucionar la vida de los humildes. Culturalmente, desde el caudillismo del siglo XIX, se cree profundamente en la figura redentora del dirigente.
Luego de que en las elecciones legislativas de 2009, la boleta que llevaba como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a Néstor Kirchner perdiera ante Francisco De Narváez, se produjo un sismo político. Llevó al kirchnerismo a perder la mayoría en la Cámara de diputados de esa provincia como así también la mayoría pura en el Senado nacional. Siete años después del caos, la recuperación económica del país era evidente, pero aún así, esa derrota en el centro electoral por excelencia llevó al Gobierno a tomar medidas. En octubre de ese año, por decreto comenzó a otorgarse la Asignación Universal por Hijo en todo el país. ¿No era cierto que la economía crecía a tasas chinas? ¿Era necesaria más asistencia social? ¿Fue una reacción electoralista ante los malos resultados? Los planes sociales se habían creado para asistir a familias en situación de vulnerabilidad, pero se dieron cuenta que también iban a servir para intentar retener o sumar votos al espacio. Pasados los años y a la luz de las elecciones del 2015 y estas últimas legislativas, al parecer la gente entendió que la ayuda social es “suya” y no tiene que pagar favores a nadie. Aún así, la fórmula se repite aunque en nuevas formas.
En estas últimas semanas en la provincia de Buenos Aires algunas intendencias comenzaron a regalar heladeras, cocinas, garrafas, subsidiar viajes de egresados. A todas luces una medida de apuro luego de los números que tuvo el oficialismo en las PASO. ¿La jubilación anticipada tiene que ver con esto? El vetusto truco de la bicicleta y la máquina de coser para comprar conciencias o votos, para no caer en el prejuicio de “la gente no piensa”.
A Javier Milei, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y referente de las ideas libertarias, le preguntaron qué había que hacer con los planes sociales. Su respuesta sorprendió a muchos. Aseguró que eliminarlos sería un caos. Entendió que habría que sacarlos pero de forma progresiva, siempre y cuando comenzara a crecer el Producto Bruto y pudiera generarse empleo para los beneficiarios.
Una semana después de los resultados de las Primarias, el Gobierno anunció el lanzamiento de un plan que permitirá ir reemplazando planes sociales por empleo formal. En diferentes rubros de la economía, el Estado se encargará de abonar la mitad del sueldo equivalente a la mitad del mínimo vital y móvil, para que el empleador pague el otro 50% del salario.
Donde primero se vio esto fue en el trabajo rural, donde para no quedar excluidos del beneficio de un plan, había reticencia a ser registrado como empleado. Esa incompatibilidad ya no existe. Referido a esto, se escuchaban argumentos que justificaban retener el plan social y no arriesgar a perderlo, o preferir la ayuda estatal a tener que vender la fuerza de trabajo por un jornal miserable que pagan los productores. Al que le quepa el sayo…
Ya en diciembre de 2016, una ley de emergencia social permitió que los que hacían changas, estaban en negro o fuera del sistema laboral formal propiamente dicho, fueran reconocidos como trabajadores de la economía popular. A su vez se instituyó el Salario Social Complementario (como piso la mitad del mínimo vital y móvil), para acompañar los ingresos de “el rebusque” de los sectores más humildes. Además, las medidas dictadas exigieron capacitación en oficios a los beneficiarios. Esto significa que la ayuda necesariamente deba ser a cambio de una contraprestación. Es decir, eso de cobrar el plan y no hacer nada, legalmente dejó de tener asidero.
Un informe hecho en junio por un economista, se replicó en diferentes medios y se viralizó en las redes sociales. Una familia con tres hijos podía llegar a percibir 70 mil pesos por mes de ayuda social, si se sumaba la AUH, Tarjeta Alimentar, Plan Potenciar Trabajo (medio salario mínimo) y el Plus AUH. Surgen dos preguntas. ¿Alcanzan 70 mil pesos para que cinco personas satisfagan sus necesidades económicas mínimas? ¿Es justo que reciban ese ingreso cuando hay familias con trabajos estables y formales que no tienen esta ayuda? La otra grieta. Pero imaginemos que esa primera familia a la que se ayudó a “figurar en el mapa”, visibilizarla, no tuviera ningún tipo de ayuda. ¿Qué sería de ella?
Esta última campaña electoral sirvió para poner voces a los beneficiarios de planes sociales. Se los escuchó sostener que la ayuda social es un paliativo, y que no les sirve para salir de la pobreza. Todos quisieran tener un empleo con salario formal y dejar de recibirlos. Aunque son los menos, siempre hay excepciones. Los que esperan recibir el pescado servido en la mesa, sobre todo después de más de 20 años de ayuda continua y en aumento.
Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, alrededor de 22 millones de personas reciben algún tipo de ayuda social, ya sea nacional, provincial o municipal.
Todas las diferentes prestaciones suman 141 tipos de planes. Mayormente son dirigidos y administrados (a quien se lo dan o se lo quitan) por el Movimiento Evita, Movimiento Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Corriente Clasista Combativa, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay una frase política que está grabada a fuego en la historia nacional. “Con la democracia se come, se cura y se educa”, dijo Raúl Alfonsín durante la campaña para las presidenciales de 1983. Según datos oficiales, treinta y ocho años después tenemos un país que tiene un grado de pobreza del 40,6%, que la ubican en el cuarto lugar en Latinoamérica después de Venezuela, Honduras y México. La riqueza humana y de recursos naturales de Argentina son la gran paradoja en un país que tiene de todo para ser una potencia.
Desde el “Rodrigazo” durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, a este 2021 de Alberto Fernández, todos contribuyeron a la catástrofe económica. Jamás se les ha escuchado una autocrítica (a decir verdad un tabú en la política). Muchos todavía tienen la caradurez de creerse los mejores de la historia. Fueron y son parte del problema de Argentina. De gobernar pensando en no perder el poder antes que dejar bases fundadas para que el país despegue. Se erigen como estadistas absueltos por la historia y se parecen más a una caricatura de los peores gobernantes de África o Latinoamérica. Fueron y son nuestra condena. Los desmanejos económicos maquillados para ganar elecciones. Un plan nefasto que tuvo que resultar en la multiplicación de planes y panes.
Como dice la estrofa de una canción mexicana de los ‘90, “…porque fuimos potencia mundial… somos pobres, nos manejan mal…”.
