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La fiscal Salguero pidió 35 años de prisión para los tres acusados de robo y violación

23 octubre, 2021
ENFÁTICO. Matías Uriel Olivera (centro de la imagen), defensor de Rosalino De Melo apuntó en su alegato que un testigo fue inducido por la policía un día antes de una pericia.

ENFÁTICO. Matías Uriel Olivera (centro de la imagen), defensor de Rosalino De Melo apuntó en su alegato que un testigo fue inducido por la policía un día antes de una pericia.

ENFÁTICO. Matías Uriel Olivera (centro de la imagen), defensor de Rosalino De Melo apuntó en su alegato que un testigo fue inducido por la policía un día antes de una pericia.

Ayer fue el turno de los alegatos en el juicio contra Jonathan Taborda (30), Rosalino De Melo (53) y Jacobo Saúl Bareiro (36), quienes están acusados de haber robado y abusado -en 2016- a una mujer de 67 años. Las defensas pidieron absoluciones directas y que uno, al menos no fuera condenado por abuso sexual. Sin embargo, la fiscal solicitó 35 años de prisión para los tres imputados.

Minutos después de las 9, se abrió la tercera audiencia del debate y comenzaron los alegatos de las partes ante el Tribunal Penal de Oberá, Segunda Circunscripción Judicial.

La fiscal Estela Salguero de Alarcón recordó que en la noche del 16 de octubre de 2016, los tres acusados llegaron a la vivienda de la mujer de 67 años en Oberá, sorprendiéndola cuando dormía. Habló de la declaración de un testigo, que cuando arribaba a la casa observó a tres personas en situación sospechosa y un horno eléctrico al costado del camino.

Cuando se realizaron las pericias en la vivienda, esta se encontraba totalmente revuelta. Hallaron prendas de vestir con manchas y una zanahoria con restos hemáticos. Respecto a la víctima, trajo a colación lo declarado por la señora, quien señaló que “la golpearon, le tiraron, alcohol, agua fría, le presionaron los pechos, se sentaron sobre su barriga y fue abusada por los tres mientras tomaban sidra y se sacaban fotos”.

“Es clave lo dicho por la mujer, identificó a los tres acusados en la rueda de reconocimiento” dijo la fiscal. “Ya los conocía, iban a su casa a buscar agua a su propiedad, sabían que vivía sola”, remarcó la acusadora y computó como pena “para semejante hecho cometido” 35 años de prisión.

 

“Elemento esencial”

Roberto Bondar, defensor de Jacobo Saúl Bareiro, sostuvo que el pedido de pena solicitado por la fiscalía “debía estar fundamentado con pruebas que demuestren la culpabilidad”.

“En la relectura del expediente se hallan errores y se llegó así a este segundo debate, el anterior fue anulado (en 2019) por el Superior Tribunal de Justicia por una investigación deficiente e irregular, y esto ocurre también en este debate”. Citó además que en el expediente no se asentaron los estudios de ADN, que hubieran permitido saber quiénes fueron los autores. Por ello entendió que no se podía condenar a ninguno de los tres “porque se carece del elemento probatorio esencial”.

Insistió antes de solicitar la absolución de su defendido, que “por la ausencia de pruebas que permitan inferir absoluta la autoría, coautoría o complicidad, más lo declarado por los testigos, lo sacan a mi defendido del lugar”.

 

“Instrucción deficiente”

A su turno, Matías Uriel Olivera, defensor de De Melo, dijo que ocurrió el robo y abuso, “eso es incuestionable”, pero no así “cómo se vinculó a los acusados con ese hecho”. Criticó que se haya dicho que los elementos robados a la mujer se los haya encontrado a los sospechosos. “A De Melo no se le encontró nada”, subrayó.

Respecto a un testigo relevante para el expediente, precisó que esta persona “se enteró del caso al otro día, cuando se lo contó la policía y luego le pidieron que haga un reconocimiento fotográfico”.

“¿Quién controló ese reconocimiento? La defensa no pudo hacerlo. Ni siquiera estuvo el juez de instrucción, ni el secretario ni el fiscal”. “Si quieren involucrar a De Melo háganlo, pero como corresponde. Ese testimonio fue inducido”, fustigó.

Alineado al alegato de Bondar, criticó que no se hayan cotejado las pruebas de ADN de los acusados y la víctima. “La instrucción fue deficiente, y no es tarea de las defensas controlarlo, sino del Tribunal. Cargan sobre los imputados lo que no se hizo”. Cerró con la solicitud de absolución para Rosalino De Melo.

 

“ADN era indispensable”

Por último, Cintia Gabriela Carvallo, defensora de Taborda, subrayó que su defendido declaró “en todas las instancias” y “siempre contó lo mismo porque es lo que pasó. No hay testigos para lo ultrajante del hecho que narró la fiscal”, remarcó.

Sobre la declaración acusatoria de la víctima intentó desviarla señalando que “hoy en día lo principal es la prueba de ADN. Las tenían y desde el principio, era indispensable el cotejo genético, no para la defensa, sino para el Estado que persigue que un delito de esa naturaleza tenga un culpable”.

“No hay ADN, hay una declaración que no es usable como prueba de cargo. Lamento que haya llegado la señora a declarar, pero es el Estado el que nos lleva a buscar pruebas para la defensa. Taborda dijo que fue a robar, pero no violó ni abusó, no le hizo nada a la víctima”, sostuvo la defensora y pidió la absolución por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, y que fuera condenado por el asalto que el encartado se responsabilizó en su declaración del primer día de este debate.

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Tags: #OberáJacobo Saúl BareiroJonathan TabordajuicioRoboRosalino De MeloviolaciónViolencia
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
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Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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