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“Bienes culturales” de Argentina: el maíz, el trigo y la carne

2 octubre, 2021
Las declaraciones del ministro Domínguez posteriores al anuncio de la ley de agroindustrias volvieron a tensar la relación con la Mesa de Enlace

Una nueva polémica entre el Gobierno y el campo se desató luego de que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, consideró “bienes culturales” de los argentinos al trigo, el maíz y la carne, y por lo tanto el país no debe quedar desabastecido de los mismos, tras lo cual se pronunció por administrar con “inteligencia” los saldos exportables.

El presidente de CRA, Jorge Chemes, consideró “muy difícil que se pueda llevar adelante esto que dice el ministro sin generar intervenciones”. Y alertó: “Administrar es intervencionismo. Si arrancamos así, vamos mal”.

Dijo que “desde el campo no compartimos para nada estos enunciados que plantean” y pidió “generar seguridad y confianza en los anuncios para que, justamente, el sector crezca y produzca”.

El dirigente ruralista reclamó que Domínguez sea “claro y preciso” en sus anuncios.

Por su parte, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, dijo que administrar e intervenir “desincentiva y desalienta cualquier inversión ganadera con miras a la exportación” y cargó contra las “medidas electoralistas, de corto vuelo, que son inapropiadas”.

En diálogo con la agencia NA, Salaverri se quejó de que el ministro de Agricultura “no deja claro lo que ha querido decir con que el trigo, el maíz y la carne son bienes culturales”.

“Entendemos que, según su concepción, el Estado tendría que proteger o comercializar estos productos, lo cual no es viable para el sector de la producción“, señaló.

 

Repercusiones negativas

Las declaraciones del ministro se dieron durante la presentación de un proyecto de ley para fomentar las nuevas inversiones en la agroindustria. Domínguez acompañó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el anuncio, y definió como “bienes culturales” al trigo, el maíz y la carne.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, recordó: “Estamos tratando de salir del cepo a la carne y ahora se dice que son un bien cultural la producción de maíz, trigo y carne y administrar con inteligencia los saldos exportables. Es decir, quedarán ampliadas las producciones sujetas a controles”.

Además, le pidió al Gobierno que “las fotos, las reuniones y los anuncios dejen de ser tales y se transformen en soluciones para los agricultores familiares”.

Lamentó que “mientras en la Ciudad de Buenos Aires se sacan fotos, en Formosa se pudren las bananas porque no hay a quién vendérselas, en Cuyo no sabemos qué pasará con la producción que necesita envases de vidrio porque no hay, los lecheros no saben cómo continuarán trabajando a los valores que perciben sin financiamiento”.

Advirtió que “pasa todo esto y la inflación los carcome cuando tienen que comprar como consumidores, o los choca de frente el problema del precio del dólar para hacerse de insumos”.

Elbio Laucirica, presidente interino de Coninagro, también se refirió a los dichos de Domínguez. Resaltó que, si bien “una de las funciones del Estado es controlar, reglamentar, administrar para evitar abusos de una u otra parte, el punto está en el límite entre administrar e intervenir”.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: Bienes CulturalesCampoGobiernoJulián Domínguez
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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