Es frecuente escuchar que muchas familias se quejan por los montos que deben pagar por el agua potable, asegurando que consumen poco y deben pagar mucho. También hay otro reclamo frecuente: que deben pagar por la simple razón de la red frente a sus lotes a pesar de no estar conectados ni estar recibiendo agua del sistema.
A raíz de estos y otros inconvenientes que se presentan en el servicio, mayoritariamente en Posadas y Garupá, donde es prestado por la empresa SAMSA, se presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial que busca proteger a los usuarios, evitar cobros abusivos de las empresas prestatarias y corregir algunos mecanismos de concesión, control y prestación del servicio.
“Como Estado es necesario que observemos, atendamos y demos respuestas a las demandas de la gente, siempre con el fin de que los mismos paguen precios justos por los servicios contratados”, sostiene en sus fundamentos la iniciativa del diputado Roque Gervasoni (FR) que propone modificar el marco regulatorio para la prestación de los servicios de agua potable y cloacas.
Establece que cuando existe una red distribuidora de agua al frentista solo se le podrá facturar “desde el momento que el usuario se conecte a la red, evitando así el cobro o la facturación de agua potable o cloacas bajo el ítem ‘código o denominación de Radio Servido’, protegiendo al ciudadano de la generación de deudas con las concesionarias, por un servicio que no usufructúan”.
Este es uno de los cuestionamientos más fuertes que recibe SAMSA por la acumulación de deuda de los frentistas que no son usuarios.
Además, el proyecto busca corregir algunos casos donde los consumidores advierten facturación exagerada en relación a lo que consumen: “como parte de la instalación de sistemas de medición, se deberá colocar Válvulas de Admisión y Expulsión de Aire en conexiones domiciliarias, de uso residencial, comercial o industrial, a fin de evitar el giro en vacío de los medidores por causa del aire que se acumula en las redes en los cortes de aguas o baja de presión en la red”.
En el artículo 6 se desarticula otro motivo de malestar contra la prestataria: “garantizar que el cobro del servicio de agua potable sea facturado en base a los M3 (Metros Cúbicos) consumidos y no por el consumo básico establecido”, indica un ítem del proyecto.
Asimismo, el artículo 7º busca corregir el hecho de que en las expensas de los edificios se suele dividir el consumo de agua en partes iguales y muchas veces hay usuarios que consumen menos que otros pero deben pagar lo mismo. Por eso señala que “en los usuarios que habitan en conglomerados en propiedad horizontal, deberá procederse a la individualización de las mediciones, colocando gabinetes de medición individual de agua por escaleras e individualizando los usuarios por cada unidad habitacional, evitando las desigualdades que surgen del uso de agua al tener mediciones comunitarias”.
Entre los objetivos se destaca la idea de “proteger adecuadamente los derechos del usuario, asegurando la prestación del servicio al mínimo costo, así como la mejora y mantenimiento de la calidad” y también “alentar la realización de inversiones para asegurar el suministro a largo plazo, la mejora de la eficiencia operativa de sistemas de captación, potabilización, distribución de agua potable, recolección y tratamiento de los desechos cloacales”.
El proyecto de Gervasoni también busca que el Tesoro Provincial se haga cargo de los subsidios que puedan crearse para los usuarios del agua y pretende crear una tarifa social para “los usuarios que estén recibiendo beneficios de AUH u otro tipo de asignación Nacional o Provincial o Municipal”.
Cobros sin uso
La empresa SAMSA es una de las principales apuntadas por las quejas de los usuarios, relacionados a los montos de facturación, o la generación de deudas incluso sin llegar a ser un usuario activo.
Conectados a la red
Cuando existe una red distribuidora de agua, al frentista solamente se le podrá facturar “desde el momento que el usuario se conecte a la red”, es uno de los planteos que se desarrolla en la propuesta.
Subsidio y tarifa social
El proyecto también apunta a que el Tesoro Provincial se haga cargo de los subsidios que puedan crearse para los usuarios del agua y pretende crear una tarifa social para quienes estén recibiendo beneficios de algún plan.
