La irrupción de la pandemia trastocó el plan económico del Gobierno incipiente de Alberto Fernández y forzó a una reasignación de fondos, de prioridades y la creación de programas y medidas específicas para una realidad que había cambiado y que demandaba respuestas urgentes.
A 16 meses del comienzo de aquella crisis y con más de 100.000 muertos por el COVID-19 en la Argentina, cabe analizar el efecto de estas decisiones.
Algunas de esas medidas se tomaron apenas se inició la crisis sanitaria. Entre ellas, las dos principales en términos presupuestarios que puso en marcha el Poder Ejecutivo desde que comenzó el COVID: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).
A grandes rasgos, fueron dos medidas que apuntaron a compensar el corte en los ingresos para las familias y la facturación de las empresas, respectivamente, que se vieron afectados considerablemente por las medidas de aislamiento social obligatorio que estableció el Gobierno desde marzo de 2020.
En paralelo hubo medidas de otro tipo con mayor o menor alcance y peso en el presupuesto público, como bonos de complemento a trabajadores de la salud, asistencia financiera de emergencia a provincias, becas Progresar, el Repro, el plan Potenciar Trabajo, refuerzo de AUH y Tarjeta Alimentar, entre otros.
Combo negativo
En términos macroeconómicos, la oportunidad en que llegó la crisis sanitaria no pudo haber sido peor para la Argentina: arrastraba dos años de recesión y tenía los mercados de financiamiento internacionales cerrados desde 2018.
Además, desde el cambio de Gobierno, la inflación no dejó de crecer: 36% en 2020 pese a los controles de precios y 50% en el último año; la pobreza superó el 40% y el desempleo abierto el 10%.
El PBI cayó 9,9% en 2020 y se prevé una recuperación parcial, del 6 al 7%, limitado por la falta de inversión y anomalías como el regreso de tipos de cambio múltiples; así, las herramientas de asistencia social fueron un paliativo en un mar de inconsistencias macroeconómicas, como señalan habitualmente inversores, analistas y los organismos multilaterales.
“La única solución”
Así lo resume el director de la consultora Analytica Ricardo Delgado: “La Argentina ya no tenía posibilidades de financiarse en los mercados globales, estaba roto el acuerdo con el FMI, la escasez de dólares ya era evidente y la recesión era una realidad muy clara”.
La única opción que le quedó al Gobierno para afrontar un aumento del gasto de esa dimensión fue acudir a la emisión monetaria.
Durante la segunda mitad del 2020, incluso, esa decisión le costó una crisis cambiaria que llevó el dólar paralelo a casi 200 pesos y una brecha cambiaria en torno de 150%. El año terminó con un déficit fiscal récord en las últimas cuatro décadas y la mitad de eso respondió a las medidas tomadas en el contexto de COVID, estimó Delgado.
La necesidad de una corrección fiscal llevó al Gobierno a descartar una extensión del IFE y el ATP, las dos medidas más exigentes al erario público y reconvirtió esos programas en otros más focalizados, que todavía se mantienen.
Los más vulnerables
Uno de los efectos del IFE, según estimaciones privadas y oficiales, es que contuvo en parte el aumento de la pobreza que resultó del desplome del empleo por la pandemia.
Un informe de Cippec aseguró que “el menor incremento de la tasa de indigencia respecto de la población de pobreza probablemente pueda explicarse por un efecto positivo dentro del grupo más vulnerable de las políticas de sostenimiento de ingresos llevadas a cabo por el Gobierno (principalmente el IFE, pero también los incrementos extraordinarios de la AUH, Tarjeta Alimentar y jubilaciones y pensiones)”, estimaron en un informe de evaluación del impacto social del COVID durante 2020.
De todas formas, la cobertura fue parcial. Según el Cippec, a estos hogares les faltaron alrededor de $7.000 al mes para cubrir su canasta básica, lo que implica que su “brecha de pobreza” (es decir, qué tan lejos están esos hogares de superar la línea de pobreza) pasó de 36,9% a 41,6% como consecuencia de la crisis sanitaria.
Las siguientes son las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia COVID-19.
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
Tuvo un alcance de casi 9 millones de personas. La población objetivo fue aquella porción del mercado laboral que pasó a ser la más perjudicada por las medidas de aislamiento, como desocupados, trabajadores y trabajadores informales, personal de casas particulares, y monotributistas sociales o de las categorías A y B.
Durante la primera inscripción, según estimaciones oficiales, prácticamente el 30% de la población solicitó ingresar al programa que preveía el cobro de $10.000 de asistencia cada dos meses. De ese total, 4,6 millones de personas tuvieron sus solicitudes rechazadas.
Los números finales marcan que el 19,5% de la población total del país recibió el IFE durante la cuarentena. Al analizarlo por grupos de edad, la proporción entre la población económicamente activa fue de 44% y de 31,6% sólo al considerar las personas de entre 18 y 65 años.
Según estimaciones oficiales, el impacto del IFE entre los más vulnerables fue tal que de no haberse puesto en marcha esa medida la pobreza en 2020 habría alcanzado el 51% en lugar del 42% con que cerró ese año, y que la indigencia hubiera trepado al 27,5% y no en 10,5%, según aseguró el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Salario complementario (Programa ATP)
Requirió una inversión de $226.000 millones, que equivale al 0,9% PBI. Fue la medida principal para asistir a empresas con el pago de salarios. Según estimaciones oficiales, el 70% de los empleadores recibió asistencia a través del pago del salario complementario a sus trabajadores, préstamos subsidiados y/o reducción o postergación de las cargas patronales. El 99,5% de las empresas asistidas fueron PyME.
Apuntó a sectores considerados en ese momento críticos como salud, cultura, entretenimiento, turismo, gastronomía, transporte de larga distancia, peluquerías, centros de estética, jardines maternales y enseñanza artística.
En casos especiales también podrán considerarse críticas las siguientes actividades: educación, industria, comercio, servicios ligados al petróleo o a la minería, minería no metalífera, transporte y servicios empresariales y profesionales.
Además, en el marco del ATP se otorgaron más de 564 mil créditos garantizados a tasa 0% a monotributistas y autónomos, por $66.727 millones en las 9 rondas de pago del ATP, y más de 17 mil créditos subsidiados para el pago de sueldos por $10.359 millones, entre las rondas 4 a 9.
Fogar y Fondep
Fueron dos programas de asistencia financiera a empresas a través de créditos a tasa subsidiada, que formaron parte también del ATP. El Fondo de Garantías Argentino (Fogar) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) actuaron como garantes de esos créditos, destinados en muchos casos a compañías sin carpetas de crédito en los bancos.
Envío de fondos a provincias
En 2020, los fondos girados a las provincias para hacer frente a las medidas relacionadas a la pandemia –entre ellas, el fortalecimiento del sistema de salud– representaron una suma superior al 4% del PBI, equivalente al 48% de los ingresos que percibieron por coparticipación, según estimó el Gobierno nacional.
Asistencia alimentaria
El Gobierno reforzó la Tarjeta Alimentar en mayo de este año, al ampliar el alcance hasta niños y niñas de 14 años, cuando antes sólo contemplaba hasta los 7 años. La medida alcanza a casi 4 millones de chicos y le requerirá al Estado una inversión mensual aproximada de $18.100 millones.
Repro II
Es el programa que “reemplazó” al salario complementario del ATP, con un alcance más acotado y con un monto de asistencia menor. En abril pasado, con las nuevas restricciones, el programa fue ampliado a los monotributistas y autónomos del sector gastronómico.
En las últimas semanas se amplió el listado de actividades consideradas “críticas”, por lo que se incorporaron sectores como comercios de rubros no esenciales (indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros).
Para el pago de los salarios de junio, según los datos oficiales, participan unas 31.527 empresas que reciben el salario complementario de hasta 22 mil pesos por empleado, lo que implica una asistencia que abarcará a 486.670 mil trabajadores.
Potenciar Trabajo
Es uno de los programas que tuvo una extensión más clara en los últimos meses y funcionó como una suerte de “reemplazo” del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno había implementado al inicio de la pandemia.
A través de este programa, el Estado paga al beneficiario medio salario mínimo en contraprestación por la realización de cuatro horas de trabajo en algunos sectores como limpieza, cuidados, pequeñas construcciones de alcance barrial, agricultura familiar y producción de indumentaria y para quienes completen sus estudios formales.
Hacia abril de 2020, al inicio de la pandemia, había inscriptos en ese programa poco más de 560.000 personas, mientras que en abril de este año -último dato oficial- el número se incrementó a 868.000 activos.
En total, contando activos parciales, inactivos o suspendidos, llegan a 902.000 personas.
Becas Progresar
El Gobierno decidió extender el alcance de esta medida con becas para la terminación de la primaria y la secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y formación de enfermeros, para lo que destinará a lo largo del año unos $45.000 millones, según presupuestó el Poder Ejecutivo.
El programa busca llegar a un millón de jóvenes con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600 que se pagan a lo largo de todo el año.
