La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó ayer la quiebra de Correo Argentino SA, empresa del Grupo Macri que había caído en concurso preventivo en el 2001, dando por fracasado el proceso de salvataje, informaron fuentes judiciales.
La Justicia sostiene que cuando Macri llegó a la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago “abusivo” según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa y abusiva” ya que iba a perjudicar “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Para la fiscal la deuda era de 70.000 millones de pesos.
La empresa, para evitar la quiebra, había ofrecido al Estado, su principal acreedor, un pago total de 1.000 millones en base a una deuda reconocida. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, a cargo Zannini, se opuso a la oferta.
Particularidades
• El embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta.
• La inhibición general de bienes de la fallida sin término de caducidad y que se informe de la situación a los registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, así como a los Registros de la Propiedad Automotor, Créditos Prendarios y Propiedad Industrial, Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, y todo otro que la sindicatura general estime pertinente.
• Se pidió un informe de la existencia de bienes registrados como de titularidad de la fallida, y/o que hayan estado registrados a su nombre dentro de los dos años anteriores al presente decreto, y -en su caso- si recae algún gravamen sobre ellos.
• Se intimó al Correo a que en cinco días entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Además, que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad, y en su caso cumpla con los requisitos indicados en la ley de quiebras. Cabe destacar también que la flamante resolución habilita al uso de la fuerza pública para el secuestro de ese material si la empresa se opusiera.
• El fallo también prohíbe la salida del país hasta 1 de noviembre próximo de los administradores de la fallida, quienes no podrán ausentarse del país sin previa autorización del Tribunal. A tal fin, comuníquese mediante oficio a la Dirección General de Movimiento Migratorio, debiendo la sindicatura general presentar el formulario previsto por la referida repartición.
Desde la tarde de ayer, los abogados de la familia Macri preparaban la apelación ante la Cámara en lo Comercial para intentar revocar la decisión de primera instancia.
Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales
