Un efectivo de Prefectura Naval oriundo de Misiones fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín (provincia de Buenos Aires), tras hallarlo culpable de “contrabando de estupefacientes triplemente agravado en calidad de coautor”, según consta en el fallo.
El efectivo en un principio dijo que se ganó la confianza de informantes e integrantes de una banda narcocriminal que operaba en la zona de Puerto Rico, y supuestamente gracias a sus datos se logró decomisar más de cuatro toneladas de marihuana en suelo misionero. Sin embargo, para la Justicia se trató prácticamente de un “doble agente”, ya que le habría proporcionado información muy sensible a los traficantes de droga.
Todo comenzó el 7 de septiembre de 2012, cuando Prefectura montó un operativo para frustrar un cargamento de cuatro toneladas en zona costera, en San Gotardo (cerca de Capioví). Si bien fue decomisada la marihuana, no hubo detenidos en el momento.
Sin embargo, poco después fueron capturados cuatro individuos, quienes fueron juzgados y condenados a penas de entre cinco y nueve años de prisión el 28 de julio de 2016 por el hecho (por el mismo Tribunal de San Martín). Se trata de los imputados Mariano Centurión (35), Gustavo Diosnel Rojas Verón (26), Américo Ramírez (50) y Carlos Alberto Jacoboski (39).
Tras el debate contra estos individuos, el prefecto (oriundo de Eldorado) fue absuelto, sin embargo el fallo fue revocado por la Cámara Federal de Casación Penal ante una apelación de la fiscalía.
En la elevación a juicio contra el agente de la fuerza federal se afirmó que tenía fluido diálogo con un narco paraguayo llamado Antonio Del Valle (dueño del estupefaciente luego decomisado), con quien además se habría reunido.
Concretamente la fiscalía acusó al prefecturiano de no dar información al Juzgado Federal del cargamento que iban a traer desde Paraguay los narcos, y que no fue la única oportunidad en la que el imputado colaboró con los traficantes que introducían al territorio argentino sustancias ilícitas.
Conforme los diálogos y mensajes de textos captados en las escuchas, les proporcionaba los horarios del patrullaje o la ubicación de los móviles, modificaba el posicionamiento de las lanchas acorde a sus necesidades, les indicaba el momento oportuno para acercar a la costa argentina la mercadería ilícita, constataba previo a los procedimientos si entre los involucrados podían estar los conocidos de Mariano Centurión (pescador luego detenido) y recibía beneficios de naturaleza pecuniaria.
Para la fiscalía resultó poco creíble que el efectivo misionero realizara trabajo de inteligencia criminal, más teniendo en cuenta que en las escuchas los narcos (no solo los informantes) le confiaban datos muy precisos de las cargas que traían a la Argentina.
Pidieron investigar a sus jefes
La Justicia, tras dar a conocer la sentencia, pidió investigar la cadena de mando del prefecturiano, ya que en el debate donde fueron juzgados los otros cuatro involucrados, los superiores del efectivo adujeron no contar con toda la información que manejaba.
Además, pese a conocer el alcance del delito que se estaba por cometer, y sobre la base de la información aportada por el prefecturiano, sospechosamente el día del decomiso de las cuatro toneladas sólo se apostaron tres suboficiales escondidos entre los yuyos, sin órdenes concretas de accionar, ni explicaciones de qué era lo que tenían que vigilar, a ciegas ya que no se les proveyó elementos de visión nocturna.
De no ser por Gendarmería que sabía de la descarga de drogas (por las escuchas que realizaban desde Buenos Aires), los narcos hubieran logrado su cometido, indicó la fiscalía.
En ese sentido pidió a la Justicia Federal de Misiones que investigue la posible comisión de un delito de acción pública por parte de un prefecto mayor actualmente retirado, y de otros dos prefectos, uno de ellos principal. Incluso se agregó que uno de ellos se reunía con un informante a compartir asados.
