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Los detalles de la denuncia por acoso y maltrato contra el juez de Paz de Pozo Azul

23 mayo, 2021
PALACIO DE JUSTICIA. Se aguarda que las investigaciones del Poder Judicial avancen y determinen la responsabilidad o no del magistrado involucrado.

 

La empleada del Juzgado de Paz de Pozo Azul que denunció al juez Héctor Daniel López como presunto protagonista de reiterados episodios de acoso sexual, también lo apuntó por maltrato laboral, con situaciones extremas que no habrían respetado el estado de salud de la víctima posparto.

De consultas a fuentes judiciales trascendió ayer que desde diciembre 2020 el área de Inspección del Poder Judicial recibió la denuncia por acoso laboral y que desde ese momento aún no se habría tomado ninguna determinación.

En la presentación al subjefe de Inspección, la empleada judicial solicitó “condiciones dignas de trabajo” y describió en tiempo y espacio las acciones que dañaron a la denunciante: “Desde 2013, desde que fue creado el Juzgado de Paz trabajo como auxiliar de justicia (…) Durante los primeros años todo se desarrolló con normalidad, pero poco a poco el funcionario (López) comenzó a entablar un vínculo demasiado próximo, haciendo comentarios inapropiados sobre mi vestimenta, así como también de algunas partes de mi cuerpo de forma indecorosa y con contenido sexual, los cuales me causaban incomodidad, miedo e inseguridad”.

En la denuncia, a la que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, también manifestó: “Esta situación se prolongó por un largo tiempo y mi salud psíquica se fue deteriorando día a día, hasta el punto en que me vi obligada a solicitar licencia por recomendación médica”.

“La angustia y el estrés que padecí fueron inmanejables, puesto que en reiteradas oportunidades le manifesté a López que se detuviera, que sus comentarios no eran de mi agrado y que no correspondían al ámbito laboral, fue en ese preciso momento cuando las cosas empeoraron, ya que además de sufrir acoso sexual, ahora se le sumó destrato y hostigamiento permanente referido a mis tareas laborales”.

 

Quién le dijo que el oficial traiga el bidón de agua, yo le ordené a usted”

 

Remarcó que “en el 2019 me otorgaron licencia médica, reincorporándome a mis tareas como auxiliar principal técnico en noviembre de este año (2020). Al retomar mis funciones ya éramos tres en el Juzgado, el juez de paz, un abogado secretario y yo, supongo que por eso los comentarios indebidos hacia mi figura cesaron. Sin embargo, el maltrato y la humillación del magistrado continuaron”.

Como ejemplo de la denunciante señaló que una mañana el juez López le dijo “que no había agua de mesa para consumo, razón por la cual me ordenó que fuera al destacamento policial, a unos 150 metros de distancia y que cargase en mis hombros un bidón de veinte litros, sin reparar que cuatro meses antes me sometí a una cesárea y que además por ser mujer carezco de la fuerza necesaria para realizar semejante actividad”.

“Le pregunté si se estaba refiriendo a mí, a lo que López contestó con gestos arrogantes: ‘Agua, bidón, comisaría, vaya’. Cumplí con la orden aunque al llegar a la comisaría le pedí al oficial de turno que me ayudara a llevarlo. Cuando regresé el magistrado me preguntó con tono agresivo: ‘Quién le dijo que el oficial traiga el agua, yo le ordené a usted que lo haga’. Mi respuesta fue tajante: ‘Soy mujer, tengo una cesárea de cuatro meses y esa es una tarea más propia de los hombres que de las mujeres’”.

 

Públicamente me ordenó que abandone las oficinas y que aguarde afuera hasta que el me indicase para reingresar. Estuve parada durante toda la mañana afuera del juzgado a la espera de que se dignase a hacerme pasar”.

 

El maltrato no habría cesado y denunció a su vez que, el viernes 11 de diciembre del año pasado, López “públicamente y ante terceros me ordenó que abandone las oficinas y que aguarde afuera, hasta el momento que el me indicase para reingresar. Estuve parada durante toda la mañana afuera del juzgado a la espera de que se dignase a hacerme pasar”.

“Esa manifiesta animosidad y que permanezca afuera se debía a un mecanismo de humillación y de maltrato para menoscabar mi dignidad como trabajadora del Poder Judicial. Muchos vecinos me vieron en esa situación y se acercaron a preguntarme. Esta degradación, proceder malicioso del juez de Paz está afectando mi salud psíquica, anímica y sobre todo mi autoestima”.

 

Hace más de dos años

La denunciante, tal como lo señaló a este Diario, en 2019 presentó una primera queja cuando una inspección de rutina desembarcó en el Juzgado de Paz de Pozo Azul. Esta acusación sólo habría decantado en que le ordenaran licencia médica a la mujer de 30 años.

Los actos de acoso laboral que habría padecido al regresar a sus funciones fueron denunciados en diciembre de 2020 y desde entonces no se habrían advertido avances en el sumario administrativo.

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Tags: Acoso sexualjuez de Pazmaltrato laboralPozo Azul
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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