Aunque notan un gran avance con los años, aún quedan inconvenientes para abordar en cuanto a los cuidados para los menores de edad en situaciones complejas. Tal es así que los niños viviendo en la calle y el trabajo infantil son algunos de los temas pendientes desde las instituciones gubernamentales.
Desde la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, la trabajadora social del Área Psicosocial, María Inés Ruggiero, detalló a PRIMERA EDICIÓN que entre todo el abordaje integral en la infancia “nos queda pendiente solucionar la problemática de los niños que están en situación de calle. En esto, hablamos de familias que históricamente están la calle, donde perpetúan esta situación. Nos referimos ya no sólo a hijos sino que a nietos de una misma familia que siguen viviendo de esta forma”.
Asimismo, “Misiones tiene una característica cultural donde tenemos casi naturalizado el trabajo infantil. Es casi normal que el niño o niña apenas pueda caminar ya estaba trabajando con el padre en la chacra o en épocas de la cosecha de la yerba desaparecían de la escuela. Así que hubo importantes políticas sociales que permitieron avanzar para que el niño no esté trabajando”, agregó.
Ruggiero remarcó además que al momento de pedir la intervención de la Defensoría, “estos chicos pasaron por otras cuatro instituciones por denuncias, casos de abuso y violencia”. En este tipo de trabajos “la idea es que los niños no estén institucionalizados, porque es la última medida y de ser necesario se busca que estén el menor tiempo posible”, añadió.
De los 700 niños institucionalizados hace unos años, actualmente el número es menor de 300.
Compartió además que en estos años “hemos reducido considerablemente la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en los hogares. Cuando comenzamos con el RUNNAI (Registro Único de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados) teníamos casi 700 niños institucionalizados, de los cuales son muchísimos los que fueron adoptados”.
Además agregó que “En otros casos se pudo vincular con sus familias de origen. Actualmente son alrededor de 300 los niños institucionalizados. Lo ideal, al no haber situaciones de riesgo, es que los niños puedan volver a la familia de donde provienen, con tíos o abuelos, que asumieran la responsabilidad parental”.
En estas situaciones de vulnerabilidad, la trabajadora social indicó que “hablamos de un engranaje donde tenemos también una familia que es abandonada por la sociedad”.
“La intervención que hacemos es por el niño pero trabajamos en red con las demás instituciones para que vean al padre o madre que quizás no tiene empleo o con problemas de adicciones. Hablamos de abordar la salud, educación, con una importante labor con los municipios”.
Las familias solidarias
Entre todos los demás programas de contención infantil, María Inés Ruggiero contó que “apostamos desde la Defensoría es el programa de familias solidarias. Si bien inició en 2016, tuvo su auge hace poco con el caso de una niña que fue apuñalada por su madre. Desde entonces comenzamos a reactivar el programa, con una buena repercusión. Ahora trabajamos con hogares donde los niños están de lunes a viernes y los fines de semana pueden estar con una familia solidaria. Estas familias fueron entrevistadas, pasaron por un psicológico, social y una parte legal, con un compromiso”.
Aclaró que se empieza a cambiar el término por el de “familias de acogida”, las cuales “deben estar en condiciones para recibir a los niños de manera momentánea. Ahora estamos en un proceso de semillero, aún no hablamos de una gran cantidad pero son unas cuantas, entre ocho a diez entrevistadas, con muy buenos resultados.
Más allá del vínculo que puedan tener con el niño, se aclara que es temporal el tiempo de intervención y cuidarán del mismo tanto en salud y educación como si lo hicieran con sus propios hijos. De ahí la importancia de una capacitación, porque quieran o no se establece un vínculo”.
Luego de lo sucedido con el caso Antonella en Eldorado, todas las instituciones toman con mucho cuidado el manejo de los expedientes. “Cuando el municipio solicita la ayuda de esas familias solidarias porque el padre del niño no estaba en condiciones de cuidarlo los Juzgados no deben olvidarse de los expedientes, al punto de pasar tres o cuatro años. Es claro que al pasar tanto tiempo el vínculo es cada vez más fuerte y además se necesita de un equipo para la preparación de esa familia”, explicó María Inés Ruggiero.
