Adolescentes escuálidos sostienen avisos en los cruceros con letreros que dicen “fome” -hambre- en letras grandes. Niños, muchos de ellos no han asistido a la escuela por más de un año, mendigan comida afuera de supermercados y restaurantes. Familias enteras se apretujan en endebles campamentos en las aceras y piden fórmula para bebé, galletas o lo que sea.
A un año de la pandemia, millones de brasileños están hambrientos.
Las escenas, que proliferan en los últimos meses en las calles de Brasil, son una cruda evidencia de que la apuesta del presidente Jair Bolsonaro -proteger la economía del país al evitar políticas de salud pública para controlar el virus- ha fracasado.
Desde el inicio del brote, el mandatario brasileño se ha mostrado escéptico del impacto de la enfermedad y desdeña el consejo de los expertos en salud al argumentar que el daño económico de los cierres, la suspensión de las actividades de negocios y las restricciones de movilidad que recomendaron sería una amenaza mayor que la pandemia para la débil economía del país.
Ese sacrificio causó una de las cifras de víctimas mortales más altas del mundo pero también falló en su objetivo: mantener el país a flote.
El virus afecta el tejido social al establecer récords dolorosos mientras que la crisis de salud empeora y empuja a los negocios a la quiebra al asesinar los empleos y obstaculiza aún más el avance de una economía que durante más de seis años casi no ha crecido.
El año pasado, las transferencias de emergencia en efectivo del gobierno ayudaron a poner alimento en la mesa de millones de brasileños. Pero cuando ese dinero fue recortado drásticamente este año ante una inminente crisis de deuda, muchas alacenas se quedaron vacías.
El año pasado unos 19 millones de personas pasaron hambre, casi el doble de los 10 millones que experimentaron una situación similar en 2018, el año más reciente del que hay datos, según el gobierno brasileño y un estudio de privaciones durante la pandemia llevado a cabo por una red de investigadores brasileños ocupados en el asunto.
Y el estudio mostró que alrededor de 117 millones de personas, o alrededor del 55% de la población del país enfrentan inseguridad alimentaria con acceso incierto a nutrición en 2020, un gran salto de los 85 millones que estuvieron en esa situación hace dos años.
“La forma en que el gobierno ha manejado el virus ha profundizado la pobreza y la desigualdad”, dijo Douglas Belchior, fundador de UNEafro Brasil, una de un puñado de organizaciones que se han unido para recaudar fondos para llevar despensas a las comunidades vulnerables. “El hambre es un problema grave e incurable en Brasil”.
Luana de Souza, de 32 años, era una de las madres que hacían cola afuera de un banco de comida improvisado una tarde reciente con la esperanza de conseguir una bolsa con frijoles, arroz y aceite. Su esposo había trabajado en una empresa organizadora de eventos pero se quedó sin empleo el año pasado como ocho millones de personas que se unieron a las filas del desempleo en Brasil durante la pandemia y empujaron la tasa por enciva del 14%, según el Instituto de Geografía y Estadística de Brasil.
Al principio la familia administraba cuidadosamente la asistencia del gobierno, dijo De Souza, pero este año, cuando recortaron los pagos, han tenido dificultades.
En este contexto, los grupos de defensa y las organizaciones de derechos empezaron este año una campaña llamada Tem Gente Com Fome, o Gente con Hambre, con la intención de recaudar fondos de las empresas y los individuos para hacer llegar despensas a las personas necesitadas de todo el país. “Las familias dependen más de las acciones de la comunidad que del gobierno”, advierten los asistentes sociales.
Caos
Autoridades sanitarias de Brasil confirmaron que durante los primeros meses de este 2021 ya se confirmaron más de 195 mil decesos por coronavirus y se superó así la cantidad de muertes ocurridas durante todo 2020.
Desde el Gobierno
Este mes, cuando la cifra de muertes diarias causadas por el virus superó los 4.000, Bolsonaro reconoció la gravedad de la crisis humanitaria. Pero no asumió responsabilidad y más bien culpó a los funcionarios locales.
