La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, aseveró ayer que el aumento de tarifas que se disponga para las distribuidoras Edenor y Edesur “no puede superar la inflación”, y entendió que el margen de subsidios que se pueda sumar se definirá en función de las variables macroeconómicas y el Presupuesto nacional.
En el mismo sentido, Manin adelantó que “durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos” que permitan avanzar en un nuevo esquema de tarifa social segmentada y focalizada a aquellas personas y familias que no puedan hacer frente al costo de la energía.
La interventora del organismo de control del sector eléctrico explicó en una entrevista con Télam que tras el análisis tarifario de la audiencia pública de la semana próxima “evidentemente va a haber un margen que va a tener que ser cubierto por subsidios y eso tiene que ver con variables macroeconómicas, del presupuesto y decisiones del Ministerio de Economía”.
“Pero sin dudas el aumento no puede superar la inflación, sino vamos contra la economía de la gente y metiendo la mano en el bolsillo cuando queremos que se reactive”, aseveró, en línea con lo que viene sosteniendo el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.
En la actualidad, el precio de la energía a nivel país en promedio está subsidiado en un 52%, por lo que los usuarios pagan el 48% del costo de generación, y a ese componente de la factura que reciben todos los usuarios hay que adicionarle los costos de transporte y distribución.
Para distribución, actualmente el servicio no está subsidiado como tal en el caso de las dos empresas bajo órbita federal que son las dos distribuidoras del AMBA, pero si se toma la “deuda Cammesa” en que incurrieron las empresas como “subsidio de distribución” en 2020, el aporte del fisco cubrió un 37% del VAD de Edenor y 55% de Edesur.
Manin también se refirió a que los entes de control y la Secretaría de Energía tienen como objetivo cambios en la implementación de la tarifa social.
“Es un objetivo planteado con la famosa segmentación: salir de un esquema de tarifa social que es darle un subsidios mayor a quienes cumplen cierto requisitos y que consiste en bonificar determinada cantidad de Kw por usuario, y pasar a un esquema en que las personas que no pueden pagar el costo pleno de la energía recibirán un subsidio y quienes puedan pagarían con una incidencia menor”, explicó la interventora.
Pero la puesta a punta del nuevo esquema “es complejo porque requiere un análisis total de los ingresos de cada una de las personas, cotejar varias bases de datos, si tienen diferentes elementos a considerar como ingresos, propiedades, nivel de gasto y que es algo dinámico”.
“Mantener esa base de datos actualizada con usuarios entrando y saliendo de segmentos es muy complejo y además si bien hay mucha información que tiene el propio Estado, hay una dificultad para el traspaso entre los distintos organismos que impone la propia normativa que protege la información”, aclaró.
Para desarrollar el trabajo, Manin adelantó que “durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos, de cómo plantear el esquema y se irá avanzando para avanzar en una cuestión de equidad, por ahí tanto no de impacto fiscal”.
Actualización tarifaria
Además, la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anticipó hoy que la actualización tarifaria de las distribuidoras Edenor y Edesur será “semestral”, en función del “análisis de los costos, el flujo de fondos y el cumplimiento de las inversiones” de las compañías, y destacó la importancia de que el Estado recupere “su rol planificador en materia de infraestructura eléctrica”.
¿Por qué no se renegoció la RTI vigente y se decidió un esquema de transición?
El ENRE auditó el proceso de RTI de 2016 y los resultados arrojaban un cuadro que no sólo implicó un aumento irracional de la factura, pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3.200% en las tarifas de los usuarios residenciales, sino que fue inaplicable por el mismo gobierno de Mauricio Macri, que al ver el impacto de esos aumentos en la población y en la economía determinó el congelamiento. Si hoy continuáramos con ese esquema tendríamos un 168% de aumento real en la factura del servicio eléctrico.
Ahora, la transición tiene que ver con salir del esquema de RTI que derivó en tarifas injustas, poco razonables y poco transparentes e ir abonando el terreno para llegar a una próxima RTI en 2023. En ese tránsito tenemos que posibilitar a las empresas que operen, mantengan y aseguren las inversiones necesarias para mantener la calidad a partir de un análisis del flujo de fondos e inyectándole dinero a medida que se demuestren las inversiones.
¿Cómo afectaron dos años de congelamiento a las cuentas de las empresas?
El retraimiento de la demanda y el mantenimiento tarifario pudieron haber repercutido en una merma de los ingresos, pero lo cierto es que vienen de cuatro años con un incremento sustancial. Por lo tanto el riesgo empresario sabe que es así, resultado de una crisis económica mundial y no por una medida caprichosa de un gobierno que ataca a determinado sector.
Los números se analizan en función de garantizar el servicio pero no cambia en que la merma de los ingresos no hizo que el negocio dejara de ser rentable, porque grupos económicos que no ganan por un segmento ganan por el otro, y los que ganaron en los cuatro años anteriores quizás ahora pueda ganar un poco menos. La crisis económica los afectó como afectó a todos los argentinos.
¿Qué tan lejos están las expectativas del ENRE y de las empresas sobre el incremento futuro de las tarifas?
Nosotros tenemos unos requerimientos de fondos en los que Edenor pide un incremento del 109% en el VAD respecto de 2020, pasando de $29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021, esto repercutiría en un 157% de aumento para el usuario residencial R1 y en un 65% para el R2.
Edesur pide un aumento de VAD respecto de 2020 de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones, por lo tanto en factura el promedio seria de 81%. Esto es inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios. No se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si estamos hablando de estos montos.
¿El límite de aumento tarifario requerirá incorporar subsidios que hasta hoy no existían en el segmento de distribución?
Evidentemente va a haber un margen que va a tener que ser cubierto por subsidios y eso tiene que ver con variables macroeconómicas, del presupuesto y decisiones del Ministerio de Economía en función de cuantos fondos se pueden destinar a estos subsidios. Pero sin dudas el aumento no puede superar la inflación, sino vamos contra la economía de la gente y metiendo la mano en el bolsillo cuando queremos que se reactive.
¿A partir de ahora cómo se definirá la actualización de las tarifas?
La actualización va a ser semestral en función del análisis de los costos y los flujos de fondo de las empresas. A medida que se vayan dando etapas de cumplimiento de las inversiones, los trabajos de mantenimiento y reparación que tienen que hacer para brindar el servicio se van a ir desembolsando fondos y haciendo estos ajustes, con el objetivo final de la RTI de 2023.
La mejora de la calidad de servicio requiere de muchas obras admitidas por las propias empresas ¿El Estado se puede hacer cargo de ellas?
Sí, esto tiene que ver con recuperar el rol planificador del Estado en materia de infraestructura eléctrica, que fue algo que se perdió durante el macrismo, donde las obras eran solamente de iniciativa privada. Este esquema permite que se direccionen ciertos fondos a cofinanciar obras de envergadura que las iniciativas privadas son reacias a hacer. También el objetivo de esta gestión es acomodar la situación de Cammesa para que no se sigan endeudando las distribuidoras para descontarse las supuestas deudas que tienen, entonces cuando la empresa diga que no tiene dinero para obras, el Estado participara financiando parte de ellas.
¿Qué se está requiriendo a las empresas en cuanto a inversiones?
Lo que pedimos es respecto a los indicadores de calidad, SAIDI y SAIFI, sobre cantidad y duración de los cortes. Y apuntamos a que la calidad sea cada vez mejor, que vaya decreciendo el nivel y duración de los cortes, y para eso -conforme al esquema regulatorio que es de los 90-, se plantea que las empresas tienen que ver las inversiones necesarias para alcanzar esos indicadores. Pero una vez que presentan los planes de inversión los tienen que cumplir, pero ni siquiera cumplieron con lo mismo que ellos comprometieron. Lo que apuntamos es a que en algún semestre pueda mantenerse pero nunca ir para atrás.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
