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Ministros de Educación acordaron el regreso a las aulas

12 febrero, 2021

A pocos días del inicio del ciclo lectivo, los ministros de Educación de todo el país acordaron priorizar el regreso a las clases presenciales. Lo hicieron en una sesión en la Quinta de Olivos, que contó con la participación por primera vez de Alberto Fernández, quien buscó quitarle una bandera a la oposición.

El Consejo Federal aprobó dos resoluciones. Por un lado, la actualización de los indicadores sanitarios que definen la posibilidad de apertura de escuelas. Por otro lado, la organización del comienzo del ciclo lectivo que, al menos hasta el cierre del primer trimestre, será bajo una modalidad combinada en casi todo el país.

“El principio general será priorizar la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativas. Se priorizará el sostenimiento de actividades educativas presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria por sobre otras actividades”, se lee entre las dos resoluciones.

La Ciudad de Buenos Aires y Jujuy comenzarán el próximo miércoles 17 de febrero. Luego, la gran mayoría de las jurisdicciones iniciarán el ciclo lectivo el lunes 1 de marzo, salvo Misiones que como se informara días atrás comenzará el 9.

Después de un trabajo técnico junto a Salud, los ministros modificaron un punto clave: el semáforo epidemiológico que se había aprobado en octubre del año pasado y, que por sus exigencias, no permitía mayores avances. Ahora los indicadores se flexibilizaron en la búsqueda de un regreso masivo a las aulas.

Con los ajustes, los gobernadores dejarán de monitorear los contagios de una provincia como un todo; algo que sucedió el año pasado e impidió desandar aperturas parciales. Las autoridades sanitarias de los distritos seguirán la evolución de la pandemia en cada departamento o municipio, incluso en cada pueblo o paraje rural. La intención es reducir al máximo la zona geográfica para que, en caso de dispararse los contagios en las grandes ciudades, no repercuta en todo el territorio.

El nuevo semáforo seguirá tres indicadores, aunque fuentes que participaron en la reunión aclaran que se trata más bien de una guía y que, si alguno de los requisitos no se cumple, no será impedimento para mantener las escuelas abiertas:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria sostenida” del virus SARS-CoV-2.

3. La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el total de casos confirmados de las últimas dos semanas y el total de casos confirmados correspondientes a las semanas previas, deberá ser inferior a 0,8. Si el indicador se encuentra entre 0,8 y 1,2, se considera una evolución estable. Si es mayor a 1,2, se considera evolución en aumento y si es menor a 0,8, se considera en descenso. No será necesario cumplir este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el cálculo.

A partir de esos tres indicadores, apuntan a que todas las provincias sostengan las escuelas abiertas pese a que el avance de los contagios los lleve a tomar medidas restrictivas en algún momento. De allí de “priorizar la educación sobre otras actividades” después de un año signado por la falta de presencialidad. El cierre escolar pasará a ser una instancia límite y las autoridades tendrán que precisar la fecha de reapertura.

Según consigna la resolución, las provincias que se vean obligadas a retroceder a una fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) interrumpirán la concurrencia de los chicos a clases, pero las escuelas seguirán abiertas para que tanto directivos como docentes puedan asistir. Sólo si se regresara a una cuarentena estricta como la que se decretó en marzo, Nación podría intervenir en los cierres y las provincias relegarían su autonomía.

 

Inicio bajo una modalidad combinada

En la sesión del Consejo Federal, los ministros acordaron la reanudación de clases bajo una modalidad “combinada”, que alternará algunos días de presencia en las aulas con otros de clases a distancia como los que caracterizaron el ciclo lectivo 2020.

Los casos de retorno 100% presencial serán contadas excepciones. Sólo los departamentos, municipios o pueblos en los que la pandemia no golpee o las escuelas que, por sus dimensiones, permitan que todos los alumnos concurran a la vez.

Los esquemas de alternancia los definirá cada provincia. Del acuerdo de hoy no surgió un número máximo de alumnos por aula, sino que la cantidad de chicos estará atada a las dimensiones del salón y a la posibilidad de garantizar el metro y medio de distancia entre cada banco, uno de los puntos que exigen los protocolos.

La alternancia podrá ser por turno (la mitad a la mañana y la otra mitad a la tarde), por días o por semana completa. Lo que sí será una regla general es que ese esquema de días y horarios se mantendrá para cada grupo hasta al menos el cierre del primer trimestre o cuatrimestre, con el objetivo de reorganizar la rutina escolar y familiar.

Los espacios de clases no se limitarán a las aulas. La intención es que también se utilicen otros sitios dentro de la escuela que permitan el distanciamiento y la ventilación necesarios: bibliotecas, talleres, comedores o gimnasios. En caso de que el clima acompañe también podrían habilitarse lugares descubiertos o semi-descubiertos como los patios o las galerías. Incluso se podría llegar a recurrir a clubes, centros culturales o polideportivos que se encuentren cerca de la escuela.

La fragmentación de los grados generará cierta sobrecarga en los docentes. La recomendación es que los maestros focalicen su tiempo y atención en las actividades presenciales y reduzcan su intervención en las clases a distancia.

En el tiempo presencial se buscará que los alumnos recuperen los contenidos que no pudieron impartirse en forma remota en 2020. Será el momento de la introducción de los temas, de las explicaciones centrales y las respuestas a las dudas.

En cambio, la no presencialidad apuntará a que los chicos pongan en práctica aquello que aprendieron, que revisen los contenidos, guías y libros a través de las plataformas. Darán tareas y actividades que el chico pueda resolver en forma autónoma o con la ayuda de los padres. No se les exigirá a los docentes que impartan clases sincrónicas vía Zoom o Meet que ya que, consideran, no implica mayores beneficios para los aprendizajes.

Las clases presenciales volverán a ser obligatorias. Solo los estudiantes y los docentes que formen parte de los grupos de riesgo quedarán exceptuados de asistir. Los alumnos que presenten una comorbilidad vinculada al COVID-19 deberán presentar un certificado médico o, del mismo modo, tendrán que acreditar que viven con un familiar que integra un grupo de riesgo.

En el caso de los docentes, seguirán trabajando desde el hogar. Serán ellos los que asistirán principalmente a los alumnos que, por la modalidad dual, les toque estudiar a distancia.

Fuente: infobae.com

Tags: #EducaciónClases Presenciales. Consejo Federal de Educación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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