“El Presidente lo está analizando y puede que haya más modificaciones. Es un texto interesante que va en la idea que precisó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el año pasado. Soy de los que piensan que el 1 de marzo podremos presentar una nueva ley de inteligencia”, sostuvo un asesor presidencial que no quiso precisar si llegan durante este mes en curso a analizar el extenso informe presentado por la interventora de la AFI, Graciela Caamaño, que aún no fue ratificada en el Senado de la Nación, y que redactó siguiendo los consejos de un comité asesor local y de experiencias del exterior que han reformulado sus políticas de inteligencia.
Primero fue la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) luego rebautizada como AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y sus integrantes, políticos o de carrera, siempre estuvieron presentes en los grandes escándalos nacionales. Secretismos, innecesarios en algunos casos; relaciones nada transparentes entre los integrantes de la Justicia Federal y muchos agentes de campo de la casa de espionaje local y fondos reservados, millonarios, que no se declaran ante ningún organismo oficial, son apenas tres de los puntos que Fernández intentará terminar y dejar como uno de sus legados.
Cristina Caamaño, la señora 5 en esta ocasión, llegó al quinto piso de la “Casa”, donde se encuentra su despacho, con el mote de incorruptible otorgado por Alberto Fernández.
Proviene del sistema judicial donde se hizo un nombre en los medios cuando investigó como fiscal el asesinato del militante del PO, Mariano Ferreyra, a manos de una patota del gremio Unión Ferroviaria en 2010. En 2015 se hizo cargo de las “escuchas” y dirigió el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM). Dependencia que nació a la par de la AFI, por decisión de la ex presidenta Cristina Kirchner, que intentó cambiar las prácticas de la ex SIDE al reformar el organismo y desatar una guerra fría de espías con Antonio Horacio “Jaime” Stiuso a la cabeza. No se recuerdan filtraciones durante su corta gestión.
Al asumir el gobierno de Cambiemos las intercepciones se trasladaron al ámbito de la Corte Suprema de Justicia donde si pueden contarse varios audios difundidos públicamente y disputas muy agrias entre miembros de la AFI y del máximo tribunal de justicia por estos deslices.
Remodelando el sótano de la democracia
“Hay que dejar atrás los sótanos de la democracia” avisó Alberto Fernández el 1 de marzo pasado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y encomendó a Cristina Caamaño la reformulación de todo el sistema de Inteligencia nacional que incluye oficinas de los ministerios de Defensa y de Seguridad.
El espíritu de los cambios se encuentra preservado en el borrador ingresado a la Casa Rosada por Caamaño. Los principales puntos de la nueva inteligencia que propondrá al Congreso la administración de Fernández, son:
- Concluir con la inteligencia criminal y avanzar en la profesionalización de los recursos humanos para que el Estado posea un servicio de inteligencia estratégica. Esto es, análisis de los nuevos desafíos como por ejemplo, combatir la depredación de los recursos naturales; trabajar sobre amenazas financieras de fondos del exterior y la defensa de los puntos estratégicos del país.
- Reducción de los fondos reservados a su mínima expresión. Un punto que ya fue reclamado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tomó el antecedente del escándalo de los testimonios manipulados en la causa AMIA, financiados a través de montos de dinero no declarados. La cifra permitida podría ubicarse en torno al 10% o 15% del presupuesto de la agencia.
- Se propondrá la continuidad de la decisión presidencial de no permitir que los agentes sean auxiliares de la Justicia. En marzo de 2020, el Poder Ejecutivo, emitió un decreto que modificó el artículo 4° de la actual ley de inteligencia (Ley 25.520) que fue ratificado por el Senado de la Nación, el 13 de junio, que terminó con la posibilidad que habilitaba la citada ley, en carácter excepcional, de colaborar con los jueces. Lo que comenzó siendo excepcional se volvió moneda corriente y cualquier instancia judicial podía servir de excusa para intervenir teléfonos o realizar seguimientos de funcionarios del mismo partido en el poder, por citar sólo algunas actividades de espionaje interno.
- Por último, se profundizará con las prácticas de transparencia que comenzaron por derogar el decreto 656/16 que promovía el secretismo en materia presupuestaria, y en las actividades de los agentes de campo. Fernández retomó el decreto 1311/15 donde se inscriben iniciativas de desclasificación de documentos e incluso se prohíbe los “nombres de guerra” o seudónimos para nombrar a cualquier agente sin importar su función.
El debate más interesante se dará en el equilibrio necesario para considerar como secreto de Estado un determinado documento y balancearlo con el derecho ciudadano a acceder a la información de los organismos públicos.
Aún no hay definición acerca del destino final de las escuchas telefónicas. Podrían regresar al Ministerio Público Fiscal y dejar de estar bajo la órbita de la Corte. Ni tampoco se menciona que sucederá con los convenios suscriptos con el Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense. Un tema que saltó a la opinión pública cuando se escucharon en los medios diálogos de detenidos acusados por corrupción durante las gestiones kirchneristas.
Para el analista del diario La Prensa, Ariel Corbat, “el artículo 7° de la ley 27.126 del año 2015, producto de la reforma kirchnerista es significativo. La AFI es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y dirigirá el mismo, abarcando los organismos que lo integran. El artículo 9° sitúa bajo la órbita de la DNIC al subsistema de inteligencia criminal al que reporta el área del servicio penitenciario federal”. Por lo tanto la AFI se convierte en el órgano rector de estos organismos.
El comité asesor de la reforma
Estos proyectos para reformar la “Casa”, cuyo origen se remonta a la CIDE (Coordinación de Información del Estado) creada por Juan D. Perón en 1946, luego rebautizada por la Libertadora como SIDE (Secretaria de Inteligencia del Estado) hasta desembocar en la actual AFI, tienen sus fundamentos en los documentos elaborados por organizaciones civiles como la fundación vía libre (vialibre.org); el Instituto latinoamericano de seguridad y democracia (ilsed.org); el centro de estudios legales y sociales (cels.org.ar) y el Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales (inecip.org).
Para Alberto Binder, titular del Inecip, la ley actual y el decreto 1311 del Presidente es categórico “los organismos de inteligencia no pueden realizar tareas represivas, es decir, no pueden detener ni arrestar a ninguna persona. No pueden cumplir funciones policiales. Es decir no pueden cumplir funciones preventivas de delitos, hacer patrullajes, vigilar personas para que no cometan delitos, desbaratar bandas criminales, etc. Todo lo que le es preventivo policial o disuasivo le está prohibido a los organismos de inteligencia. Tampoco realizar tareas de investigación criminal, salvo que la ley especialmente la autorice o un juez en una causa concreta y por resolución fundada lo pida”.
Sin embargo, ha habido excepciones en los últimos años “y han sido nefastas”. En un artículo de opinión publicado en el diario Clarín, Binder sostuvo “en esos casos actúan bajo las reglas procesales, es decir, pueden ser citados en juicio, como cualquier detective o policía de investigaciones. Esa excepción ha sido nefasta para el desarrollo de los servicios de inteligencia y todos los esfuerzos están concentrados hoy en día en cerrar definitivamente esa excepción. Es decir no es una policía preventiva ni una policía de investigaciones”.
Desde el Ilsed, que conduce María Sidonie Portiere y que también asesoró a Graciela Caamaño, la posición es más extrema. Además de coincidir en prohibir las actividades de investigación criminal. En su página web se puede leer “proponemos la disolución de la AFI y la refundación del sistema de inteligencia. Es necesario conformar un organismo de producción de inteligencia nacional estratégica en la órbita de la Presidencia que esté integrado por personal abocado de manera exclusiva al análisis de las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación.
Los integrantes de este nuevo órgano deben tener prohibidas las tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal. Las ilegalidades cometidas por el organismo rector de la inteligencia nacional tornan imprescindible reestructurar el sistema. El escenario actual está marcado por el desgobierno y el descontrol de los órganos de inteligencia y por la proliferación de redes de espionaje ilegal, principalmente político. Además de estar cruzadas por negocios privados.”
La presidenta de la fundación cordobesa Vía Libre, Beatríz Busaniche, dirige una ONG preocupada fundamentalmente por la irrupción de las nuevas tecnologías. Históricamente se preocuparon por un software libre para luego presentar estudios acerca de la promoción y defensa de los derechos humanos en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación. Por ello, su mayor preocupación radica en defender el derecho a la privacidad.
“La privacidad es un derecho fundamental de la ciudadanía contemplado tanto en los Derechos Humanos como en nuestra Constitución Nacional. Su ejercicio pleno reviste especial importancia para el desarrollo de la autonomía individual, la construcción de ciudadanía y el desarrollo de la personalidad.
Finalmente, el pleno ejercicio del derecho a la intimidad es esencial para la construcción de sociedades democráticas, por lo que trabajamos enfáticamente en la protección de este derecho tanto frente a la vigilancia por parte del sector público como privado. En este sentido, además, damos seguimiento a políticas de vigilancia pública, servicios de inteligencia, debido proceso y protección de datos personales en el entorno digital”.
El derecho de la privacidad, valorado por los espías para sus propias vidas pero desdeñado para los espiados, parece ser una facultad en franca decadencia en los comienzos del siglo XXI. El Presidente tendrá la última palabra acerca de estos temas.
Fuente: escrito por Antonio D´eramo para Noticias Argentinas (NA)
