Hace tiempo que el Gobierno nacional tiene intenciones de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2021. La pandemia que obliga (cuando la militancia no dice lo contrario) al distanciamiento social, la profunda crisis económica que se produjo por la cuarentena sanitaria y la necesidad de un fuerte recorte de gastos ante el déficit récord, fueron los fundamentos que lograron el apoyo de 22 gobernadores provinciales (sin el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta ni el mendocino Rodolfo Suárez), el pasado viernes durante un almuerzo en Olivos.
De esta manera Alberto Fernández -que debe formalizar la medida- no quedará en soledad política ante las críticas especialmente de la oposición-, y mostrará un mayoritario consenso “sin grieta” entre las mayores representaciones oficialistas y opositores provinciales (con el radical Valdés de Corrientes y el jujeño Morales entre los apoyos cosechados).
La Casa Rosada quiere mostrar un gesto, al reducir unos 70 mil millones de pesos que implicaría la organización y desarrollo de esta elección primaria o interna de los frentes políticos, en un país con casi la mitad de la población en la pobreza y donde 6 de cada 10 niños y niñas no tienen para comer diariamente según el Observatorio de la UCA.
La suspensión de las PASO del año que viene: ¿es un ejemplo de lo que la mayoría del pueblo espera en esta dura crisis? Tal vez sea el menor gesto que se puede esperar. Sin embargo, una reforma integral política es una deuda sin zanjar, un debate que no parece ser prioritario entre los dirigentes de los principales partidos.
Así como las familias argentinas debieron achicarse en gastos, reestructurar sus prioridades económicas, siempre se espera de las representaciones políticas en ejercicio del poder un gesto en el mismo camino.
Eso no significa pretender un Estado en retirada como sucedió en años anteriores, sino un Estado fortalecido en lo económico y con mayor capacidad de respuesta financiera ante la multiplicación de demandas sociales que aparecen en el actual contexto.
Es difícil explicar a quien se queda desempleado; al que le recortan el sueldo pero le suman horas de trabajo; al cuentapropista que pasó de trabajar 12 horas en lugar de las 8 habituales porque el dinero no le rinde; al que le están por rematar el auto o la casa porque no pudo pagar más una cuota que el Estado agranda su estructura con más cargos políticos en Ministerios, Consejos, Secretaría, etc.
Tampoco que los legisladores que no están viajando desde las provincias, sigan cobrando adicionales y pasajes en avión y colectivo o vales de combustible como los llamados “de representación”. Y que dos ministros usen un avión presidencial para festejar un triunfo municipal en una provincia. Los ejemplos pueden abundar para entender que hace falta demostrar las “buenas intenciones” en un todo para resultar creíbles en las medidas.
Tal vez el oficialismo tiene razón en ahorrar 70 mil millones de pesos de las PASO pero, para convencer a la gente de las “buenas intenciones” habría que poner en práctica lo expresado por el presidente Fernández ante la UIA: “De la pobreza no se sale con el Estado y los planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”.
Suena contradictorio pedir un gran esfuerzo a quienes producen y generan empleo sin un acompañamiento similar del sector público, al menos mientras dura esta crisis cargada de incertidumbre.
La sola suspensión de las PASO hacen pensar que “una golondrina no hace verano”.
El quinto y van…
Mientras se le pide mayor esfuerzo e inversiones a los privados casi como una obligación sin importar las condiciones, a propósito de consensos, 21 mandatarios provinciales y el presidente Fernández firmaron el quinto pacto fiscal. Para las gestiones políticas más endeudadas y en dólares, fue un compromiso de apoyo de la Nación.
Para todas las jurisdicciones se convirtió en un “alivio”, al no tener que rebajar impuestos como Ingresos Brutos o Sellos.
Sin embargo, para los contribuyentes de un país donde la presión fiscal está entre las más importantes, es una mala noticia.
Este nuevo Consenso Fiscal muestra cómo -desde 2016 a la fecha- no se pudo sostener la demagogia y las falsas promesas. Aunque nuevamente el viernes, en un párrafo del Pacto, se haya sostenido el compromiso de unificar tributos para evitar dobles imposiciones.
Quedan otra vez viejas frases que suenan muy bien pero se desvanecen en el recuerdo de los papeles oficiales, en algún cajón.
Cuando “las papas queman”, la dirigencia demuestra un rápido y efectivo el fin de la “grieta” ideológica con tal de conseguir un salvavidas en medio de la tempestad económica.
Para combatir la pobreza no hay pacto
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA acaba de publicar su proyección de la pobreza en Argentina que alcanza por lo menos al 44,2% de la población. Son más de 21 millones de personas entre las cuales se ubican seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes.
Eduardo Donza, investigador de la UCA sostuvo en FM de las Misiones 89.3 (la radio de PRIMERA EDICIÓN) que hacen falta consensos para generar políticas de Estado en el combate contra la pobreza, sabiendo que cualquier buen resultado se podría llegar a observar dentro de no menos de cinco años.
En una semana donde abundaron los acuerdos de los principales referentes institucionales del oficialismo y la oposición, es obvio preguntarse por qué no se llega a concretar una meta tan necesaria y urgente como es acordar medidas para devolverle dignidad y mejor calidad de vida a tantos millones de argentinos. Y si, nuevamente, los pactos que les son convenientes salen rápidamente y sin muchas objeciones.
Donza observó que cada Gobierno parece tener a sus equipos de gestión enfocados en las constantes emergencias que se presentan por factores internos o externos. Pero no se ven construcciones políticas con diferentes miradas, trabajando a largo plazo. Tal vez esa sea la explicación de por qué la pobreza “invade” a los argentinos de modo estructural.
“Lo más serio de esto es que es una cuestión estructural del país, por cómo venimos arrastrando desde hace varias décadas este problema. Se agrava por situaciones a veces internacionales, otras veces nacionales, ahora lo de la pandemia que afectó a todo el mundo, otras veces mejora un poco, pero siempre venimos con valores elevados”, dijo el especialista.
Cuanto más pase el tiempo sin ponernos de acuerdo en qué hay que hacer para disminuir la incidencia de la pobreza entre los argentinos, más estructural y difícil de revertir se convertirá este problema que hace a la vida de muchas personas, en especial de las generaciones que pretendemos como continuadores de un país que pierde las oportunidades de cambiar su destino.
El investigador de UCA confirmó que en los relevamientos continuos que realizan, el Norte Grande donde está Misiones sigue siendo el más castigado por este flagelo. Es la región para la cual se necesitan urgentes políticas puntuales para la promoción del empleo, la mejora en los ingresos de las familias, la llegada de servicios básicos que hoy siguen insatisfechos como energía eléctrica accesible, agua potable y cloacas, gas; programas de viviendas adecuadas y dignas en especial para las familias numerosas que conviven hacinadas.
Habiendo tanto por hacer, no se entiendo el egoísmo de no pactar el combate a la pobreza y la indigencia.
