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Pareja a la que quitaron la niña en Eldorado se encadenó frente al Juzgado

4 diciembre, 2020
MOVILIZADOS. La familia Narciso-Barreto consiguió el apoyo de la mayoría de los eldoradenses en el reclamo.

MOVILIZADOS. La familia Narciso-Barreto consiguió el apoyo de la mayoría de los eldoradenses en el reclamo.

 

Con apoyo de varias familias comenzó en Eldorado una movilización a favor de la familia que tenía la tenencia solidaria de la niña de cuatro años que cuya tenencia fue otorgada por la jueza Corina Jones a una pareja de policías y generó ayer momentos de mucha tensión y forcejeos.

En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones,  el tío de la pequeña, Leandro Dávalos, manifestó que están “destruidos. nadie durmió, tengo 16 sobrinos  y todos preguntaban por su prima, y los que entienden, los más grandes lloraban”.

“Estamos destrozados. Somos una familia unida que la crió (a la pequeña) desde el mes hasta ahora que ya tiene cuatro años. Mi mamá le daba la mamadera, ella iba a desayunar. Pasábamos en familia, pasaron fiestas, cumpleaños, pasaron un montón de cosas (…) No puede ser que la jueza no piense, no en nosotros sino en la beba, qué está pasando ella ahora. No tiene dos meses ni nada, tiene cuatro años y uso de razón, sabe quiénes son sus padres, sus tíos, quiénes están con ella siempre, quién es su abuela”, aseveró angustiado Dávalos.

https://www.primeraedicion.com.ar/wp-content/uploads/2020/12/Video-niña.mp4

“No terminamos de entender”, dijo y agregó que desde un principio ellos figuraban como “familia de guarda con fines de adopción”, sin embargo sostiene que “desde que la jueza asumió desde hace tres meses eso cambió, la misma jueza cambió eso. En el expediente los mismos psicólogos y psicopedagogos que le hicieron los estudios a mi hermano y a la beba sostienen que es imposible separar a la beba de su padre porque podría ser un daño permanente para la nena y de pronto ayer la jueza cambia los médicos de parte e incluye a dos psicólogos forenses”.

Al ser consultado acerca de lo recomendado por los abogados, Dávalos comentó que “la jueza le puso un bozal legal tanto a los abogados de la familia” como los padres de la niña.

A los manifestantes frente al Juzgado se sumó una columna del Polo Obrero que previamente marchó por calles de la ciudad en apoyo a la comunidad educativa de la Escuela Especial 46 que pide el nombramiento de un sereno y  el arreglo del edificio de la institución, tras lo cual se sumarán en el Juzgado de Familia en solidaridad con la familia Dávalos.

Tags: AdopciónDávalosEldorado
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FM 89.3

Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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