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Piden al Gobierno “construir una salida consensuada” del programa Precios Máximos

20 noviembre, 2020

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) postuló hoy la necesidad de “construir una salida consensuada y equitativa” al programa de Precios Máximos, que garantice el acceso a los productos de la canasta básica a los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, no afecte la sustentabilidad de los negocios de las empresas.

A tal fin, AmCham propuso “ampliar significativamente la cantidad de productos alcanzados por el programa de Precios Cuidados”, incluyendo “productos variados y de calidad, mediante los cuales se garantice la cobertura de canasta básica”.

La entidad sugirió, en un comunicado, “que a la fecha de renovación del Programa de Precios Cuidados (vigente hasta el 7 de enero) se derogue la Resolución 100/2020, con la que se creo Precios Máximos, liberando los productos alcanzados por esta norma” para avanzar hacia un “único” plan que “resguarde los derechos de los consumidores más afectados por los efectos de la pandemia y brinde, por otro lado, previsibilidad y sustentabilidad al entramado productivo afectado por esta disposición”.

El pedido de no prorrogar la Resolución 100/2020 se fundamenta en “la pérdida relevante de sustentabilidad del negocio, ya que a lo largo de este periodo se ha registrado un aumento en los costos operativos en el rango del 15-27%”.

En lo que respecta a la vigencia de Precios Máximos, AmCham pidió al Gobierno “autorizar 2 o 3 aumentos de precios que permitan no agravar la situación” de las empresas de consumo masivo.

“Resulta muy difícil para el sector privado mantener el normal abastecimiento de los productos alcanzados, pudiendo afectar la sustentabilidad económica de algunos de ellos, desincentivando la inversión y los modelos de negocios relacionados”, dijo la cámara.

Por último, la AmCha destacó el trabajo mancomunado que el Gobierno “ha venido haciendo con los representantes del sector privado en la construcción de escenarios de previsibilidad” y pidió continuar ese camino para “acordar mecanismos de salida” a la situación descrita.

A través de la Resolución 100/2020, el Gobierno Nacional fijó el 19 de marzo pasado Precios Máximos en productos de primera necesidad y retrotrajo los precios a los valores que tenían el 6 de marzo.

Durante el transcurso del año, el programa fue sufriendo distintas ampliaciones y prórrogas de plazos con subas de precios en algunas ocasiones, como las ocurridas en julio y octubre con aumentos del 2% y 6%, respectivamente.

Con la última prórroga, Precios Máximos se encuentra vigente hasta el 31 de enero del año que viene y el Gobierno adelantó que, llegada esa fecha, aspira al fortalecimiento del programa Precios Cuidados mediante la incorporación de la mayor variedad de productos a la canasta.

“La salida de los Precios Máximos será progresiva, administrada y ordenada en beneficio de consumidores y empresas” en lo que resta del año y hasta su fecha de finalización, prevista para el 31 de enero, informó días atrás la Secretaría de Comercio Interior.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #economíaAmChamAumentosPandemiaPrecios máximos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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