El pasado 28 de septiembre una denuncia anónima expuso la venta de motocicletas de dudosa procedencia a muy bajo costo. Lo que comenzó como un hecho policial derivó en un problema institucional para la Comuna de Leandro N. Alem, debido a que los rodados estaban secuestrados en el corralón municipal y tenían dueño.
Por las irregularidades del hecho, el Concejo Deliberante de Alem interpeló al Secretario de Gobierno de la Municipalidad y a la Directora de Tránsito, mientras intervino la Justicia Penal.
Ricardo Andersen, concejal de Alem y presidente de la UCR provincial, se refirió al tema en diálogo con FM 89.3 de las Misiones.
Al ser consultado sobre si los funcionarios imputados deberían alejarse de su función pública, Andersen contestó: “Sí, nosotros lo planteamos desde un principio, a los fines de mostrar el compromiso para esclarecer todos estos hechos”.
“Iniciamos un procedimiento que viene a ser como un juicio político en contra de estos dos funcionarios”, confirmó y añadió: “Hoy estamos en una etapa de investigación formando un expediente dentro del Concejo Deliberante para que se defina la responsabilidad política, más allá de la responsabilidad administrativa que existe y la penal”.
“Hemos presentado en la causa las pruebas que tenemos a nuestro alcance, lo que queremos es que se clarifiquen los hechos y que los responsables paguen”, consideró.
“A través de los concejales de la renovación hemos manifestado al Intendente (Waldemar Wolemberg) que nuestra voluntad es esa. Y que veíamos con buenos ojos que (los implicados) den un paso al costado, pero eso no ha sucedido. Ahora parece que el secretario de Gobierno ha sacado vacaciones. No ayuda a la transparencia ni a otorgarle claridad a la gestión, pero es decisión del Intendente mantener a los funcionarios en sus cargos”, apuntó.
En relación al plazo disponible para avanzar con la investigación, aclaró que “según Carta Orgánica, la Comisión Investigadora tiene 60 días para elevar el informe al Concejo. Van transcurridos cerca de 20 días y la idea es no dejar pasar una o dos semanas más para tener bien armado el expediente y elevarlo”.
Andersen contó que “del libro de actas de ingreso del corralón municipal de Alem, que es el libro donde se anotan todas las motos que ingresan, se han arrancado fojas. Ahí ya tenemos una irregularidad clara y manifiesta. Cuando preguntan cuántas motos faltan, es muy difícil saber con exactitud porque se hace complejo cotejarlo”.
“Hay otro inspector de tránsito que está imputado y sé que hay otros inspectores que han sido citados por la Justicia. Claramente esto no es una responsabilidad solamente de funcionarios, sino también de agentes de la administración. Por otro lado, se habla de personas ajenas a la administración municipal que formaban parte de todo este mecanismo irregular. Habría una banda, talleres de motos según la información que hoy consta en el expediente judicial”, completó.
