Desde el miércoles 28 de noviembre de 2012 está privado de la libertad por la muerte de su beba de cuatro meses en Leandro N. Alem.
Silvio Javier Olivera tiene 33 años y tras ocho años de transitar su expediente por pasillos judiciales, el pasado viernes aceptó el ofrecimiento fiscal de suspensión por juicio abreviado y firmó un acuerdo de condena por catorce años de prisión efectiva como autor del delito de “abandono de persona agravado por el resultado y el vínculo”.
El caso desde 2017 aguardaba definición en el Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. Olivera estaba acusado por “homicidio calificado por el vínculo”.
Tras el análisis de las pruebas y evidencias que ofreció la instrucción de la causa oportunamente, llevada a cabo por el Juzgado Instrucción 5 de Leandro N. Alem, a cargo de Selva Raquel Zuetta, habrían surgido las consideraciones suficientes para el fiscal (subrogante) del Tribunal Penal 2, Martín Alejandro Rau, para no acreditar de manera concreta que Olivera fuera quien golpeó a la menor, lesión que le costó la vida.
Olivera, su expareja e incluso un hermano de la víctima fatal, vivían en un contexto de miseria y violencia extrema, por lo que cualquiera de los tres pudo haber sido el autor directo del crimen.
Según el acuerdo ofrecido, al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, el fiscal Rau acusó a Silvio Olivera: “Sin perjuicio de ello entiendo que sí existe una responsabilidad penal del encartado respecto del hecho investigado. El imputado colocó a su hija en un situación de desamparo absoluto abandonándola a su suerte, atento que la menor era incapaz de valerse por sí misma y teniendo en cuenta la posición de garante que le cabe al encausado, toda vez que era padre de la menor fallecida, y producto de dicha desprotección es que se produce el resultado muerte”.
Barrio Sagrada Familia
Pocos minutos antes de las 21 del miércoles 28 de noviembre de 2012 proveniente del barrio Sagrada Familia de Leandro N. Alem, Agustina de apenas cuatro meses ingresó el hospital SAMIC local con traumatismo grave de cráneo, hematomas en todo el cuerpo, fractura de clavícula, lesión similar a una quemadura en el mentón y un corte en la misma zona.
Por el alarmante estado fue derivada al Hospital de Pediátrico de Posadas Fernando Barreyro. Sobrevivió 72 horas.
Con el correr de la investigación de la Unidad Regional VI de la policía provincial, se pudo establecer la sospecha de que Olivera ejercía violencia de género contra su concubina, quien declaró en sede judicial que no la llevaba al médico a la beba porque le “tenía miedo” a su pareja, por las amenazas de muerte y las golpizas que sufría.
“Mal estado general, palidez, sensorio deprimido, sangre en la fosa nasal, una herida cortante superficial de cinco centímetros y otra de dos en la zona del mentón, múltiples hematomas, lesiones de larga data que impresionan impronta dentaria a nivel del muslo izquierdo”, describió uno de los partes médicos a los que este Diario confiaron fuentes sólidas.
El panorama era macabro, la beba tenía mordeduras, palazos y su entorno correspondía a un escenario de extrema pobreza, se remarcó en el expediente.
En marzo de 2017 el caso fue enviado a juicio oral al Tribunal Penal 2 y por la acusación que tenía estampada el expediente: “Homicidio calificado por el vínculo”, Olivera debía defenderse para evitar una condena a prisión perpetua si lo hallaban culpable.
Se aguarda que en los próximos días los camaristas estudien el acuerdo firmado por Olivera y lo ratifiquen para que la condena pase a ejecución.
Largo trajinar de la causa
La madre de Agustina, al momento del hecho, tenía 20 años y en su primera versión apuntó a otro hijo como quien golpeó a la beba. Los investigadores no le creyeron y la jueza Zuetta, ordenó la detención de ella y de Olivera.
Desde febrero de 2013 el acusado está bajo prisión preventiva. La exconcubina fue imputada por “abandono de persona agravado”.
Hubo cambios en la defensa y el nuevo representante legal del encartado planteó la nulidad absoluta de aquella primera indagatoria a la madre, en virtud de que había sido defendida por la misma letrada que su marido, pese a que existía un conflicto de intereses.
El Tribunal Penal 2 resolvió favorablemente al planteo y envió el expediente de regreso a Alem.
Una nueva indagatoria y la sumatoria de otras medidas procesales terminaron por convencer sobre la inocencia de la madre de la pequeña, basada en el carácter psicopático del hombre y en testimonios de testigos.
La progenitora fue sobreseída en el mismo requerimiento de elevación a juicio que declaró finalmente clausurada la instrucción en 2017.
