A medida que se profundiza la investigación sobre los faltantes de mercadería de la Unidad Penal III, aumenta el escándalo y se acentúa la sospecha que el perjuicio a los recursos del Servicio Penitenciario Provincial sería mucho mayor al estimado.
Durante las últimas horas, fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN agregaron que entre los alimentos que se registraron irregularidades, la carne de vaca y pollo era uno de los ítems en los que “no cerraban los números”.
La confidencia apunta a que fueron más de dos años, desde principio de 2018, que comenzaron a sumarse las sospechas que faltaba carne en cuotas mínimas. “Es robo hormiga, montos de mil pesos aproximadamente se calculan por mes”, resumió la voz incuestionable en cuanto al contacto con la información y con el conocimiento del contexto de la prisión provincial de Eldorado.
Lo que estaría fuera del ámbito de sospechas es que el allanamiento de la semana pasada corroboró que alimentos y elementos de limpieza se acopiaban u ocultaban dentro del penal y generaban perjuicio a la administración del establecimiento carcelario.
El escondite no era potestad de los internos sino de los encargados de suministros y de los directores desplazados.
En cuanto a las nuevas autoridades, fueron puestos en funciones como nuevo director el alcaide mayor José Cáceres, y al frente de la Subdirección el alcaide principal Claudio Cristaldo.
Remplazaron respectivamente al alcaide mayor René Alfredo Ledesma (41) y a alcaide principal Laura Soledad Valiente (38). Siete funcionarios más de la misma unidad fueron apartados y están ahora bajo la lupa de la investigación, todos por “cohecho”, tal como lo publicó en exclusiva este Diario en su edición de ayer.
La investigación será profunda y “libro por libro y remito por remito”, por lo que precisar o siquiera aproximar un monto del daño causado es, por lo menos, polémico.
Vale recordar que las cantidades no desestabilizaron el funcionamiento, ya que fueron sustraídas bajo la modalidad de “robo hormiga”. Durante 2020 las diferencias en los registros comenzaron a ser reiteradas, por lo que los robos se tornaron periódicos, pero difícil de detectar porque no incluía a los proveedores de la institución carcelaria.
Es decir cada uno de los prestadores entregaba en tiempo, cantidad y forma sus mercaderías o insumos y comprobantes sin que se registren irregularidades.
