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ETCE y Capital del Monte se sumaron a un pedido para licitar el transporte público

3 septiembre, 2020
SUPUESTA INVERSIÓN. El grupo trajo unidades de Buenos Aires que podrían estar cobrando subsidios allá.

De acuerdo a una solicitada publicada el domingo, la Empresa de Transporte de Colectivos de Eldorado (ETCE), y Capital del Monte de Oberá, se asociaron al gremio EUTA (Empresas Unidas de Transporte Automotor) que estaba integrado solamente por las tres empresas del Grupo Z que operan en la Capital misionera.

Dos días después, el martes 1 de septiembre, en la cuenta de Twitter de EUTA (@EutaMisiones) se pide un llamado a licitación nacional e internacional del servicio de transporte en la provincia.

Esto significa, a simple vista, que las dos nuevas integrantes del gremio empresarial están de acuerdo que se licite el servicio que administran en los dos municipios del interior misionero.

Esta nueva actitud representa un cambio llamativo de estrategia en la postura empresarial de ETCE y Capital del Monte que, en ocasiones anteriores, nunca se habían mostrado de acuerdo en que se licite el negocio que administran desde hace muchos años.

Posiblemente el ingreso a EUTA fue con promesas de nuevos beneficios y eso los animó a apoyar el pedido de licitación.

Pero lo cierto es que, en el contexto de tener en cuenta las dimensiones de cada una de las empresas que integran el gremio empresarial, se observa una clara diferencia y desventaja.

Mientras el Grupo tiene cientos de unidades y millonarios subsidios, las recién llegadas subsisten con lo justo.

Esta diferencia abismal podría representar, incluso, un riesgo muy grande para las PyME transportistas ya que en el eventual caso de que se abra una licitación, las empresas del Grupo Z estarían en mejores condiciones económicas y empresariales de competir y quedarse con los servicios que se brindan en Eldorado y Oberá desplazando a las actuales.

Ni hablar de las relaciones estrechas que tienen con funcionarios del Gobierno provincial y el Nacional, lo cual le permite acceder a millonarios subsidios exclusivos todos los meses, beneficio que el resto de las empresas del interior ni siquiera imagina.

Es posible que este punto de vista no haya sido considerado del todo al momento de apoyar un pedido de que se licite nuevamente el transporte público en Misiones.

 

La comunicación de EUTA

En la solicitada del domingo le dan la bienvenida a los dos nuevos integrantes y afirman que juntos ya asumen “con orgullo la representación de los intereses sectoriales del 80% del transporte de pasajeros de la provincia de Misiones, con empresas asociadas 100% urbanas e invitando a las empresas colegas que aún no están a sumarse”.

A la vez, en los tuit del martes, la cuenta EUTA Misiones asegura que las empresas de transporte reunidas en EUTA son respetuosas de las leyes vigentes, y de las obligaciones que les caben, como al mismo tiempo de los derechos que también les competen.

En este sentido señalan que “los contratos de concesión de algunas líneas” serán objetos de renovación en menos de dos años.

Y por último advierte que “en 2022 seguramente nos vamos a presentar no solamente todas las empresas de la provincia, sino de la Nación que estén interesadas, como también debería tener carácter internacional tal llamado”.

 

En el Concejo Deliberante

El referente de la Asociación de Consumidores (Consumis), Rolando “Coco” Gutiérrez fue citado por la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante a una reunión donde se analizarán los planteos efectuados en las últimas semanas.

Gutiérrez reclamó que se le permita ingresar a otras empresas al barrio Itaembé Guazú y que se habilite una licitación para que otras firmas presten el servicio.

Tags: ColectivosGrupo ZMisionesTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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