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Corredores inmobiliarios piden que no se prorrogue DNU que congela alquileres

26 agosto, 2020

La entidad que nuclea a los corredores inmobiliarios de todo el país solicitó hoy al Gobierno nacional que no extienda hasta fin de año el congelamiento de alquileres, a través de una carta abierta enviada a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci) salió de esta forma a fijar su posición ante las versiones que circularon en las últimas jornadas respecto a la posibilidad de que se prorrogue la vigencia del DNU que congela alquileres y prohíbe desalojos en el marco de la pandemia de coronavirus, que vence el 30 de septiembre próximo.

“En virtud de los trascendidos sobre la posible prórroga del DNU 320/2020, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci), que agrupa a 28.000 Corredores Inmobiliarios en todo el país, manifiesta su absoluto rechazo a dicha medida”, señaló la entidad en un comunicado.

El DNU 320, publicado a fines de marzo pasado con un plazo de vigencia de 180 días, congela las actualizaciones de los precios de alquileres y prorroga automáticamente los contratos vencidos, para mitigar el impacto de la crisis por la emergencia sanitaria de la Covid 19.

Los corredores sostuvieron que los resultados de las encuestas realizadas por los Colegios Profesionales Inmobiliarios del país “vienen dando estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento del pago de los alquileres de viviendas”, por lo que “no sería razonable ni oportuno una extensión del DNU, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía”.

Desde la cartera ministerial informaron a Télam que “se está estudiando y trabajando en el tema, no sólo desde nuestro Ministerio”, y señalaron que “la continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas”.

“El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados con el comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda”, indicaron desde la cartera que conduce Bielsa.

En ese sentido, se afirmó que “se vienen generando instancias de diálogo con las diversas entidades defensoras de inquilinos”.

En tanto, el informe mensual de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) indicó que en cuanto a la morosidad en el pago de alquileres “se puede apreciar un mejoramiento respecto de períodos anteriores”.

“Las opiniones se dividen en mitades, entre los operadores que informaron que hubo retrasos en los pagos y quienes aseguraron que las rentas están al día. Entre los primeros, la mayoría señala que los atrasos se limitan a un mes de alquiler”, según Camesi.

Por su parte, la Federación Nacional de Inquilinos presentó en las últimas semanas al Ministerio de Hábitat el pedido para la extensión del DNU, frente a “la situación desesperante que vienen millones de familias inquilinas en todo el territorio nacional”.

“Aproximadamente un millón de familias están en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas”, aseguró la Federación.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #economíaAlquileresPrórrogas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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