El juez Federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga (45), a pocos días de cumplir un año al frente del cargo en Oberá dialogó con PRIMERA EDICIÓN. Entre varios puntos, confirmó que la cantidad de casos o expedientes ingresados en su primer semestre se triplicó y se mantiene el volumen pese a los efectos y limitaciones de la crisis sanitaria por pandemia mundial de COVID-19.
“Me siento muy cómodo con el movimiento del Juzgado. Me ambienté muy bien a la ciudad, me gusta mucho”, destacó de arranque.
“En lo laboral, es un juzgado relativamente nuevo. Ingresé el 4 de septiembre de 2019, así que tuve poco tiempo para hacer un ordenamiento. La pandemia trajo un montón de cambios en la gestión de la Justicia. Por suerte tenemos un lindo edificio, con posibilidades de cumplir las normas sanitarias sin problemas, lo que permitió que sigamos funcionando en un cien por ciento con nuestros recursos. Lamentablemente hubo un aumento exponencial de trabajo, mayormente en materia penal, sobre todo casos de violación de cuarentena. Normalmente ingresan 300 causas por semestre a este juzgado, en el primer semestre de 2020 abrimos 900 causas”.
El juzgado cuenta con una plantilla de 49 personas, la realidad permite que 19 estén en funciones directas. “Eso repercute en el trabajo. Se pidieron más empleados, están en conocimiento las autoridades nacionales, como también nuestros representantes. Los necesitamos, cumplimos una tarea importante igual, pero podría mejorarse”.
La crisis sanitaria generó realidades positivas, en el área civil, la digitalización total de expedientes: “El papel ya casi no se ve”, resaltó.
“En lo penal llevará un poco más de tiempo, es más complejo, pero las comunicaciones son mucho más rápidas. Las audiencias se concretan con una celeridad mayor”.
“Por ejemplo, se dictó sentencia en el término de ocho días, algo que antes era impensado. Esto vino para quedarse, no habrá vuelta atrás, la pandemia aceleró el uso de tecnología que ya estaba a mano. Además no veo una violación de garantías constitucionales para las partes, por ahí deberían hacerse algunos ajustes, pero no se debería volver atrás (con los expedientes digitales)”.
“Los casos de secuestro de estupefacientes no se incrementaron, aunque sí, aumentó el contrabando de cigarrillos, en su momento por la escasez como por el tema cambiario”.
Droga en la Tercera
Gallandat no esquivó responder sobre la causa del robo de droga secuestrada y a resguardo en la seccional Tercera de Oberá. Pero aclaró: “Se investigan varias pistas y hay que aguardar”.
“Es grave lo ocurrido. Se había actuado muy bien en la detección del caso de la gente que trasladaba la cocaína, eran cuatro kilogramos, expediente que ya está para juicio oral. Pero tratando de evitar que esa droga circule recibimos la mala noticia de que fue distribuida en la provincia. Mayor aún la gravedad porque, posiblemente, estén implicados agentes de la fuerza que deberían custodiarla”.
“Hay un interés muy fuerte en llegar a una rápida dilucidación en saber qué ocurrió y evitar que vuelva a pasar. La condena será de prisión efectiva, puede haber también sanciones administrativas. Estamos avanzando con pie de plomo para evitar perjudicar a inocentes, pero con toda la fuerza que tenemos como juzgado federal”.
“Transparencia y celeridad”
Confió además sus aspiraciones como autoridad judicial: “La inquietud que tengo es hacer funcionar de manera eficiente y con la mayor calidad el servicio de justicia y también generar accesibilidad, un reclamo de la sociedad. Transparencia, rendición de cuenta de lo que hacemos”.
“Poner en funciones una página de Internet del Juzgado, algo que sería novedoso y está en construcción. También queremos hacer tarea docente, acercándonos a las escuelas, hay programas muy interesantes como ‘La Justicia va a la escuela’, explicarle a los alumnos lo que hacemos, son los desafíos planteados”.
“Necesitamos, por lo menos, una secretaría más en el fuero penal, porque es materialmente imposible llevar de buena manera el servicio en las condiciones actuales”.
“Ocurre en todo el país”
Sobre la sobrepoblación carcelaria y condiciones de detención, el juez federal manifestó su postura: “Es un problema de cuestión estructural, ocurre en todo el país y en todas las dependencias de Gendarmería como de Prefectura y también del ámbito provincial (SPP). Hay sobrepoblación carcelaria, se están tomando medidas, pero eso no quita que siga ocurriendo, lo que se pide de parte de la jurisdicción (Oberá), es una nueva cárcel. Estaba prevista en Ituzaingó, pero la propia ciudad se opuso por lo que sigue vigente la solicitud”.
“Hay otras posibilidades de detención, ya sean arrestos domiciliarios, prohibiciones de salidas de la provincia, cauciones reales que evitan aumentar el número de detenidos en estas unidades. La pandemia generó que estén detenidas únicamente personas que podrían entorpecer su causa o representen peligro de fuga. Pero la solución al problema está en la construcción de nuevos lugares de detención”.
