La aclaración del director del EBY hace referencia al fallo la jueza Cecilia de Negre, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8, dado que la misma en principio estaría vinculada únicamente al contrato por la provisión de las turbinas a cargo de la empresa alemana Voith Hydro.
En su fallo, la jueza federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por IMPSA y ordenó a la Entidad Binacional Yaciretá que “se abstenga de seguir realizando cualquier acto tendiente a ejecutar el contrato suscripto con el oferente Voith Hydro Ltd hasta tanto se resuelva el recurso”.
La magistrada decidió también, darle un plazo de seis meses a la Secretaría de Energía para que resuelva el proceso administrativo que IMPSA inició en diciembre de 2019 sobre este tema.
Barrios Arrechea adelantó que “oportunamente se analizará la presentación ante el juzgado, de un recurso de apelación contra dicha medida”.
IMPSA es la única empresa en el país en condiciones de fabricar turbinas como las que requiere Aña Cuá, y como tal participó de la licitación pública internacional para la provisión del equipamiento electromecánico donde la firma alemana Voith Hydro resultó ganadora.
Las obras civiles que llevan más de un mes de ejecución, permitirán un 9% más de potencia a la Central Hidroeléctrica a través de la instalación de tres nuevas turbinas de tipo Kaplan.
IMPSA se presentó a la licitación conformando el consorcio Araverá, junto a Cie de Paraguay y Power China, con una oferta de 116 millones de dólares para la provisión de las tres turbinas.
Si bien la oferta superaba en US$ 16 millones a la de Voith Hydro, la compañía mendocina argumentó que su oferta resultaba más conveniente desde el punto de vista económico, ya que su diseño representaba US$ 40 millones de ingresos por la generación adicional a la de su competidora.
La empresa también argumentó que el componente local de la obra representaría un 70% del total, con un beneficio laboral para 3.500 personas en la Argentina y 3.200 en Paraguay, con un aporte previsional de $600 millones de pesos; otros $200 millones en concepto de IVA
Además, la propuesta ofrecía el pago del 63% del precio en guaraníes paraguayos y pesos argentinos, reduciendo el requerimiento de obtener divisas para pagos al exterior.
Los antecedentes de la controversia se remontan al final del gobierno de Mauricio Macri, que le adjudicó en julio de 2019 la provisión y el montaje del equipamiento electromecánica de la represa Aña Cuá a la alemana Voith Hydro.
IMPSA impugnó aquel proceso ante el EBY aunque el entonces oficialismo siguió adelante y en octubre firmó el contrato respectivo, a pesar de la resolución pendiente del reclamo y a cinco días de realizarse las elecciones nacionales, es decir el 23 de octubre.
En consecuencia, la empresa mendocina se presentó en la Justicia y solicitó la suspensión de la obra.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
