A las empresas, especialmente las pequeñas y medianas de la Argentina, como también a los monotributistas, les cuesta mucho esfuerzo costear el empleo formal que aporte a los sistemas impositivo y de la seguridad social. La carga es pesada y sumó mayor influencia con la llegada de la pandemia por COVID-19, que generó una cuarentena interminable con las serias consecuencias económicas ya por todos conocida.
El jueves se supo que ya se perdieron 409 mil empleos interanuales (de mayo último al mismo mes del 2019), la mayoría en el sector privado, según el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para tener noción del impacto que significa en el trabajo formal, basta ver que se perdieron 294.600 asalariados privados 88.800 monotributistas y 24.100 autónomos.
El Gobierno nacional no aguantará con su enorme déficit fiscal durante mucho tiempo, su intención de subsidiar una parte de los haberes de los trabajadores privados, mediante los ATP. Ni las PyME tienen el suficiente respaldo para seguir tomando créditos, menos para pagar salarios cuando necesitan para abastecerse de capital. Porque podrían empezar a juntar un poco del dinero que necesitan con producción y trabajo.
Sin embargo, tal como se cuenta en la edición impresa de hoy, los pronósticos de los estudiosos de la economía no son alentadores. En primer lugar, el poder adquisitivo de los ingresos se va erosionando constantemente. No es casualidad que sean miles y miles más que “apuestan” al dólar aunque sea con lo poco que logren juntar.
Para colmo, esa pérdida golpea más duro a los vulnerables como la tercera edad.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, criticó que “los jubilados siguen perdiendo”. Reveló que la relación reajustes por DNU de Alberto Fernández versus el que debería practicarse si se aplica la ley es negativo para los dependientes de la ANSeS: “Hay categorías que perderán alrededor del 15% y otras no menos del 10%”, dijo Semino.
Hechos como este y la mayor cantidad de niños sumidos en la pobreza que irá dejando la pandemia, son los que siguen mostrando la ineficacia de las políticas públicas argentinas tendientes a saldar una deuda interna social que urge.
Las ya famosas 60 medidas que el presidente Fernández prometió para la pospandemia tras el acuerdo con los bonistas, se siguen haciendo esperar tanto como el plan económico que marque un rumbo.
Los niños ¿primero?
Una vieja discusión política discursiva sigue siendo la supuesta atención que la dirigencia política pone sobre los niños argentinos. Evidentemente, tanta atención sobre nuestra niñez no está dando los resultados deseados.
Esta semana la UNICEF en Argentina advirtió que la pobreza infantil llegaría a 62,9% según la proyección realizada en su segunda encuesta nacional. En pocos meses, donde se suma la previa a la pandemia y el duro golpe de la enfermedad mundial, la organización internacional estimó que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se sumaron 1,3 millones de niños y niñas en la pobreza.
Tomando datos oficiales del INDEC y pronósticos del PBI provenientes del FMI de junio pasado, UNICEF determinó que los niveles de pobreza infantil que en mayo fueron de 58.6% pasarán en diciembre a 62.9%.
Hay que pensar que esos niños que no podrán ver garantizado su normal desarrollo y crecimiento forman parte de familias que están atravesadas por las mismas circunstancias y limitaciones económico-sociales.
Sin dudas que la contracción de la economía impactará muy duro en millones de personas, en un horizonte cargado de incertidumbre no sólo respecto al fin de la pandemia, sino en el tiempo que llevará recuperar algo de lo que se perdió.
Más malas para los bolsillos
Cuando todo apuntaba a “congelar” tarifas por lo menos hasta fin de año, apenas la Casa Rosada tuvo el guiño de los acreedores empezó a ceder ante las empresas prestadoras de servicios.
Las empresas de telefonía celular anunciaron que desde septiembre aplicarán incrementos que en promedio serán del 11% y también habrá ajustes en los servicios de Internet. El 31 de agosto vence el acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y las empresas de telefonía y por eso las compañías ya empezaron a notificar a los usuarios de estos incrementos, que dependerán del servicio que cada cliente posee.
La otra con afectación generalizada que falta oficializar, es la suba de los combustibles. Motorizada por YPF, rondaría el 7% y llegaría en la semana que se inicia a los surtidores de todo el país. “Hay algo peor que la nafta cara y es que no haya nafta. Por eso es un delicado equilibrio que está intentando hacer el Gobierno y desde el sector privado estamos ayudando”, dijo Nielsen al justifica el pedido que la Casa Rosada debe refrendar con números y fecha de vigencia.
Lamentablemente, cuando el petróleo bajó a precios históricos, los consumidores no se vieron beneficiados más que con un congelamiento, mientras las compañías seguían embolsando por distintos canales jugosas cifras, incluidos los subsidios estatales para garantizar el precio del barril “criollo”.
Ahora, resulta que los argentinos deberán realizar un nuevo esfuerzo en un momento tan delicado, a partir de una presión-amenaza para que “haya nafta”.
Está visto que en este país, lo único que no cambia es seguir cuidando los intereses de los grandes grupos por sobre los que menos tienen.
Presupuesto en tiempos difíciles
Cuando los constituyentes provinciales establecieron que a finales de julio de cada año el Gobernador debía elevar el cálculo de ingresos y egresos del año siguiente, no imaginaron un país tan complejo y, menor aún, una pandemia.
Pero el gobernador Oscar Herrera Ahuad y su Gabinete debieron elaborar una previsión presupuestaria, sin siquiera conocer la que Nación elevará al Congreso para su tratamiento.
En la Legislatura ya anticiparon que la semana próxima comenzarán con las reuniones semipresenciales con los principales funcionarios de Misiones, a fin de ir “afinando” el lápiz. No se quiere perder la tradición de tener el presupuesto para octubre, antes que los diputados vuelvan al receso.
El Ejecutivo le pidió a los legisladores aprobar un incremento del 28% con respecto al de este año. Sin embargo, es posible que el tiempo de debate en comisión lleve a ajustar para arriba las cifras.
Especialmente porque el 70% de los recursos se proponen destinar a salud, desarrollo social y educación en un 2021 que se espera todavía con el coronavirus acechando, con más personas requiriendo asistencia social del Estado por las consecuencias económicas de la pandemia; y una educación con la indefinición de su regreso a las aulas en un nuevo tiempo que demandará inversiones.
En la mirada de gestión entre salud y economía, Misiones trasladará esta semana a la Nación un nuevo pedido: implementar un régimen impositivo diferencial.
Las arcas de la provincia como de los municipios vieron lo significativo que es mantener circulando los recursos dentro de la tierra colorada, sin que se “fuguen” hacia Brasil o Paraguay, a partir del cierre de las fronteras.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, por estas horas se espera una comunicación telefónica entre Oscar Herrera Ahaud y el presidente de la Nación Alberto Fernández, que servirá de antesala a la formalidad de la presentación misionera.
Fernández está en “deuda” con la provincia. Nunca atendió un compromiso que la renovación tenía como bandera: “la reparación” mensual de recursos por tres mil millones, dado que no hay chances de reformar la ley de coparticipación.
El antecedente más cercano en el tiempo lo dio ayer el ministro de Hacienda Adolfo Safrán en FM 89.3 Santa María de las Misiones: entre marzo y julio no ingresaron, se perdieron cerca de cinco mil millones de pesos de coparticipación cuando Nación remitió menos de la mitad en ATN.
