El intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, se presentó ante el Fiscal del Juzgado de Instrucción Nº 3, Rodolfo Cáceres, para ampliar la denuncia por la venta supuestamente irregular de tierras contra el exintendente Valdir Dos Santos, el exsecretario de Hacienda, Hugo Rubén Barovich y el exjefe de Área de Recaudaciones, Ladomiro Juan Néstor.
En otra parte de la denuncia solicitó el cambio de carátula insistiendo en la “asociación ilícita”.
“La conducta desplegada por los señores Waldomiro Dos Santos, Hugo Rubén Barovih y Ladomiro Juan Néstor y demás personas con responsabilidad penal a establecer, quedarían ajustada en el delito de Asociación Ilícita, (art. 210 Código Penal), ya que se dan absolutamente los requisitos exigidos para este tipo de penal, acuerdo entre varios para el logro de un fin” señala la presentación.
El Fiscal, por ahora, calificó la causa como “incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos”.
La diferencia importante es que la malversación es delito excarcelable y la asociación ilícita no.
Además el intendente amplió las pruebas en contra del exalcalde. Luego de una convocatoria en los medios provinciales y locales se presentaron tres nuevos contribuyentes con recibos de operaciones de compra de remanentes de tierra de la exruta nacional 14 y cuyos montos no coinciden con los que fueron asentados en la contabilidad de la Municipalidad.
En la presentación hecha por el alcalde sanvicentino, Fabián Rodríguez y con el patrocinio legal de los abogados Enrique Maier y Rubén Reinek, solicitan que “se ordene la inmediata detención de los señores Waldomiro Dos Santos, Hugo Rubén Barovich y Ladomiro Juan Néstor, ya que, de acuerdo a la magnitud de la pena en expectativa por el delito denunciado, conlleva un serio riesgo de peligro de fuga por parte de los nombrados”. Además, de acuerdo a la “Doctrina Irurzum” existe serio riesgo de poder residual de los denunciados, que mantengan vínculos y relaciones en la municipalidad que le permitirían modificar datos que alteren la investigación o lo denunciado en la causa que se investiga.
Como medida cautelar los letrados y el intendente Rodríguez piden “inhibición general de bienes”. Justifican este pedido “teniendo presente la evidente malversación a las arcas del municipio por parte de los denunciados, y que las sumas malversadas son de montos millonarios”. Luego aclaran que “los denunciados, conscientes del cúmulo de pruebas en su contra, intentaran despatrimonializarse”.
La causa está caratulada por el Juez Gerardo Casco como “Malversación de Caudales Públicos y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos” que es un delito menor ya a raíz de ellos le había dado “Exención de prisión bajo la caución juratoria a los cuatro exfuncionarios”.
En la nueva denuncia figuran tres contribuyentes que se presentaron en forma espontánea en la Municipalidad con sus recibos por haber adquirido terrenos municipales. Los procedimientos son similares a los casos que figuran en la primera denuncia. Los montos en estos tres casos ascienden a 2,4 millones de pesos. Sin embargo, los recibos fueron anulados en la Municipalidad y figuran otros por valores menores.
