Una fiscal salteña investiga de oficio si funcionarios públicos provinciales y concejales accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), tras la publicación de un informe periodístico que reveló que algunos políticos solicitaron el beneficio creado por el gobierno nacional para personas en situación de vulnerabilidad , informaron hoy fuentes del Ministerio Público.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, ordenó, dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal, una intervención de oficio para determinar si los hechos denunciados en los medios locales tienen características ilícitas.
Una investigación periodística de FM Noticias y Buufo, de Salta reveló un listado de por lo menos 50 personas (un diputado, un intendente y una mayoría de concejales) que solicitaron el IFE sabiendo que son empleados estatales.El informe añadió que algunos de ellos accedieron al beneficio.
Repudio del gobernador salteño
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, repudió, a través de su cuenta de la red social Twitter, “la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio”.
“Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el peso de la Ley”, expresó el mandatario salteño, quien destacó que “la política es servicio, es pensar en los demás, es trabajar por el bien común, para eso fuimos elegidos. No podemos defraudar la confianza de los salteños”.
Luego, Sáenz agregó: “Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia; por vergüenza, los que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario deberían renunciar a sus cargos”.
El IFE fue dispuesto por el gobierno nacional para trabajadores y monotributistas con mayor grado de vulnerbilidad , de entre 18 y 65 años, ante la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus dispuesta por la OMS.
Al IFE se sumaron un paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas.
Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al beneficio se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto, el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.
Asimismo, se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.
En Salta, 322.416 personas perciben los 10 mil pesos del IFE, de los cuáles según el informe periodístico que ya está en la justicia, serían 52 funcionarios de distintos rangos, en un total de 30 departamentos de dicha provincia que habrían accedido a dicho beneficio.
