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Contrabando de soja: cortaron la ruta contra operativo de la PNA

24 julio, 2020

Unos 50 vecinos de este Colonia Aurora efectuaron hoy viernes una protesta en la ruta 2, a la altura del acceso al pueblo, para rechazar los operativos de la Prefectura Nacional Argentina (PNA) por supuestos hechos de contrabando de soja hacia Brasil y de maquinaria agrícola proveniente de ese país.

La protesta se originó después de un operativo de la fuerza federal, ordenada por el Juzgado Federal de Oberá, en la costa del río Uruguay (Paraje Villafañe). Al parecer, los efectivos llegaron tarde y sólo encontraron rastros del ilícito que se habría consumado minutos antes. “Restos de semillas de soja y una camioneta”, informó un vocero de la fuerza. El vehículo fue secuestrado.

Luego se dirigieron a la chacra de un colono, situada a unos 600 metros del lugar, donde exigieron la documentación de un tractor de industria brasileña, y al no contar el propietario con la documentación que acredite su compra o tenencia, los prefectos intentaron proceder al secuestro del mismo.

Esta situación desató el enojo de los propietarios del tractor, que contaron con el apoyo de unos vecinos de la zona, totalizando unas 50 personas, que se enfrentaron a una docena de prefectos a golpes, empujones, gritos y hasta se escucharon disparos al aire, como intimidación.

Los colonos, que serían todos vecinos de la zona, impidieron el secuestro del tractor y como consecuencia de los hechos, decidieron iniciar una protesta en la ruta 2, en el acceso al centro del pueblo, altura del Paraje San Miguel.

La manifestación se mantuvo hasta el mediodía y el mensaje que pretenden hacer llegar al Juzgado y las fuerzas federales es un rechazo a los operativos. “Es insólito, protestan para que le dejen contrabandear”, resumió en off the record un integrante de la fuerza.

CORRIDAS Y TENSIÓN. Los productores evitaron que la Prefectura secuestre un tractor en una chacra a pocos metros del río Uruguay.

Contrabando a gran escala

Sin embargo, los colonos alegan que “los operativos sólo persiguen a los pequeños productores que producen en la zona, y dejan pasar a los grandes contrabandistas que han montado una mafia trayendo soja de Chaco y Formosa por camiones”.

Uno de los cabecillas de la protesta señaló a PRIMERA EDICIÓN que “todos los días cruzan entre 10 y 20 camiones cargados de soja que vienen de Chaco y Formosa, pareciera que eso no ven en el Juzgado ni en Prefectura”.

“Acá hay una organización que nadie se anima a denunciar, pero hacen contrabando todo el año, hay temporadas que llevan soja y otras épocas que llevan tabaco. Con ellos nadie se mete”, indicó un colono que estuvo en las protestas.

La indignación de la mayoría es porque las autoridades, supuestamente, “hacen la vista gorda” para algunos y persiguen “a los chiquitos”. Los que conocen el negocio saben que se paga hasta 2.500 pesos por día para “hombrear” bolsas de soja de los camiones a las barcazas que luego cruzan el río.

 

Una cuestión cultural

El intendente Carlos “Cali” Goring (PAyS) prefirió no hablar del tema pero trascendió que los manifestantes le pidieron que los acompañe en la protesta. En charlas íntimas con vecinos, se habría manifestado en contra del secuestro de tractores provenientes de Brasil “porque son herramientas de trabajo”.

Asimismo, el diputado nacional del Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro, referente social y político de Colonia Aurora, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “acá hay una cuestión cultural e histórica heredada de sus padres, donde los colonos que producen soja la llevan a Brasil, porque son volúmenes pequeños y porque si tienen que enviar a los puertos argentinos no le cierra los números”.

“Incluso traen los insumos, como semillas, fertilizante, y hasta vienen técnicos de Brasil a analizar la tierra y las plantas para ver qué le falta. Es una costumbre que está muy arraigada”, indicó.

“Más allá de que es un delito, yo pienso que hay que buscar alternativas para no condenar a un pequeño productor que se gana la vida haciendo lo mismo que hacían sus padres y abuelos”, remarcó.

Pero aclaró que “el problema ahora se agrava por la pandemia de coronavirus en Brasil y porque algunos están trayendo soja de otras provincias para cruzar y hacen un negocio millonario”. “La soja que viene de afuera no está producida acá y no tiene nada que ver con la cuestión cultural, eso sí es un delito que excede la costumbre de los colonos de la zona”, remarcó el diputado nacional Bárbaro.

 

Tractores brasileños

Otro problema ocurre con los tractores usados que los productores compran de Brasil y los pasan de contrabando. Son herramientas de trabajo. Para la Justicia es un delito pero también es una cuestión cultural de la zona.

Por esta razón el diputado Bárbaro presentó un proyecto de ley para permitir la importación de maquinaria agrícola usada, destinada a “pequeños productores” de la zona. “Yo avise al Juzgado Federal de Oberá que si continúan secuestrando tractores a los colonos se iba a armar una revuelta, están muy enojados”, dijo Bárbaro.

Tags: #CONTRABANDOColonia AuroraPrefectura NavalSoja
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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