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Oficialismo postergó la firma del dictamen por la moratoria impositiva nacional

21 julio, 2020

Congreso - Pandemia del coronavirus

El bloque del Frente de Todos decidió hoy postergar una semana la firma del dictamen en Diputados del proyecto de la moratoria impositiva, aduanera y previsional enviado por el Poder Ejecutivo, en la búsqueda de acercar posiciones con la oposición.

Así, se abrió una ventana de diálogo y negociaciones que incluirá un ida y vuelta permanente del proyecto entre la Cámara baja y el Poder Ejecutivo.

Al comienzo de la reunión informativa de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente del cuerpo, Carlos Heller, explicó que continuarían “discutiendo y analizando” la iniciativa para “lograr las mayores coincidencias posibles”, y reconoció que hay cuestiones planteadas por la oposición que se están “hablando” con el Gobierno “para ver cuáles pueden ser modificadas”.

El economista del Frente de Todos dijo que “aquellas cosas que podamos incorporar” facilitarán los acuerdos y la aprobación de la ley.

“Nos tomamos una semana para habilitar la posibilidad de seguir discutiendo, analizando diversos aspectos y tratando de lograr las mayores coincidencias posibles”, dijo y adelantó que convocará a una nueva reunión el martes que viene.

Por su parte, el diputado opositor Luciano Laspina (PRO), vicepresidente de la comisión de Presupuesto, agradeció que el debate se pueda realizar “sin un plazo perentorio” para poder tener “una discusión educada y criteriosa”.

El legislador santafesino advirtió que dentro del paquete de la moratoria, el oficialismo pretende aprobar una “ley de amnistía” que es, a su criterio, “un traje a medida de las necesidades judiciales de Oil Combustibles”.

Este reparo tiene que ver con que el proyecto permite adherir al régimen a empresas declaradas en quiebra que resuelvan su situación en un plazo de 90 días, y además la moratoria incluye a deudas vinculadas al impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), como también por el impuesto específico por la realización de apuestas.

Laspina advirtió que esta situación podría derivar en un “perjuicio grande a la hacienda pública”, e informó que por estas razones Juntos por el Cambio requirió un informe técnico y jurídico de AFIP que informe “sobre las conveniencias para el arca nacional de la incorporación de los quebrados sin continuidad de actividades”.

“Lo que no estamos haciendo con esta ley es discutir cómo salvar a los que están vivos y estamos tratando de revivir a los que están muertos. En lugar de darle un salvavidas a una empresa que no tiene continuidad de sus actividades, deberíamos estar discutiendo una reforma de emergencia a la Ley de Quiebras que pueda evitar la catarata de quiebras que pueda haber producto de esta situación” de la pandemia, consideró el legislador opositor.

A su vez, Laspina pidió que se incorpore un “premio” a los contribuyentes cumplidores así como “un incentivo hacia adelante”.

El proyecto oficial establece que los contribuyentes, tanto personas físicas como empresas de todos los tamaños, podrán adherir a la moratoria hasta el 31 de octubre próximo y tendrán que pagar la primera cuota de sus deudas reestructuradas en noviembre.

En tanto, prevé una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos.

En su exposición, Heller explicó que “la moratoria tiene doble un efecto o propósito: facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera del cumplimento de sus obligaciones fiscales, previsionales y aduaneras, pero al mismo tiempo genera un incremento significativo de la recaudación que ha caído de manera notable”.

El diputado oficialista mencionó también que entre los motivos se caducidad del beneficio, además del atraso en el cumplimiento del pago de las cuotas, se estableció que las empresas de mayor tamaño que adhieran a la moratoria no podrán podrán distribuir dividendos, ni realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario.

Fuente: Agencia Noticias Argentina

Tags: #economíaAfipAlberto FernándezArgentinaCongreso de la Nacióncoronavirus
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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