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Trotta no logra consensuar con las provincias un regreso a clases obligatorio

1 julio, 2020

El Ministerio de Educación de la Nación pospuso la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) porque no logra construir consenso respecto al regreso presencial de las clases después del receso de invierno, que en Misiones será del 13 al 24 de este mes.

La reunión, prevista para ayer por Zoom, fue reprogramada para este jueves con el propósito de tratar de convencer a las provincias que la convocatoria a clases presencial sea escalonada, pero no optativa para las familias cuyos niños estén en los grados y cursos seleccionados para volver al aula.

Esta es la postura del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para quien hay que evitar que el regreso a clases sea optativo porque ello “terminaría profundizando la desigualdad, lo cual sería un problema muy complejo de abordar el año próximo”. Con este propósito, Trotta apuesta al diálogo con las familias para tratar de superar el temor que les genera enviar a sus hijos a la escuela, implementando protocolos que garanticen distancia social entre los niños, tanto dentro del aula como en los espacios comunes.

 

Presencialidad optativa

Pero lo cierto es que el ministro Trotta está teniendo serias dificultades para lograr consenso con sus pares provinciales sobre este tema. Algunas provincias, como Jujuy y Entre Ríos ya acordaron con los gremios docentes una modalidad optativa para el regreso a la presencialidad.

Misiones también es una de las provincias que considera que la decisión de que los chicos vuelvan a la escuela en el marco de la actual pandemia debe tomarla cada familia. El Estado tratará de garantizar que estén dadas las condiciones de ese regreso, pero la decisión de mandar o no al chico debe ser de sus padres. Esta es la postura preponderante dentro del Gobierno provincial.

El propio presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, admitió en una entrevista con “Aire de Sábado”, programa de la FM 89.3 Santa María de las Misiones, que se requerirá mucho dinero para adaptar las escuelas para el regreso a las aulas. Anticipó que “en elementos de bioseguridad e higiene también habría que poner recursos. Todo esto es caro y no se consigue tan fácilmente, desde las toallas de papel en los baños, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos por institución, hasta el alcohol en gel a conseguirse.

Además, hay que tomar la temperatura para evitar que en el colegio haya un contagio masivo”. Indicó también que para mayor seguridad, en el ingreso de los estudiantes a la institución “se necesitaría que puedan esterilizar sus calzados con una alfombra, pero ya se requeriría una cabina de desinfección, que no la tenemos aún ni en el CGE. Esto representaría un costo importante, porque las cabinas de desinfección costaban 50 mil pesos al inicio de la pandemia”.

 

Unos 1.200 porteros para 1.500 escuelas

Todos coinciden que hacer de las escuelas un ambiente seguro para los alumnos y docentes en el marco de la pandemia será costoso. Pero aún no está definido de dónde saldrán los fondos necesarios para acondicionar las más de 1.500 unidades educativas del nivel inicial, primario y secundario de Misiones, algunas de las cuales no cuentan con personal de servicio (porteros) o tienen este recurso humano muy reducido y en desproporción con el tamaño de la escuela, cantidad de alumnos y turnos en que funciona.

De hecho, la designación de porteros es un reclamo histórico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que tiene registrado sólo a 1.200 porteros para más de 1.500 escuelas en la provincia.

 

Hay 1.500 docentes con más de 60 años

Tampoco está claro aún cómo se organizará el sistema educativo misionero para hacer frente al dictado de clases con un recurso docente más reducido: según los datos oficiales, Misiones tiene 1.469 docentes (sobre un total de 26.764) mayores de 61 años aún en actividad que, por ser grupo de riesgo, pueden presentar licencia. A estos educadores hay que sumar embarazadas, docentes con otras enfermedades de riesgo y pacientes traumatológicos que representan más de la mitad de la causa de pedido de licencias médicas.

 

Delicado equilibrio

Aunque el ministro de Educación Nicolás Trotta asegura desde hace varias semanas que el 85% de las provincias, entre ellas Corrientes, Misiones, Formosa, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro, San Juan, San Luis, Mendoza y Córdoba, estarían en condiciones de retomar las clases presenciales en agosto, no hay tanto entusiasmo en asumir el riesgo de convocar a miles de niños y docentes para que compartan un espacio cerrado, por parte de las provincias.

“Estamos en un equilibrio muy delicado, por ahora mantenemos las actividades que están focalizadas en Misiones. En estos días tendremos conferencias con Nación y veremos cómo se comporta la epidemiología antes de tomar cualquier decisión”, reiteraron desde el Gobierno de Misiones.

Tags: aulasclasescoronavirusDocentesescuelasPorterosRecursosregresó
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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