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La UE sancionó a 11 funcionarios venezolanos y Maduro echó a la embajadora

29 junio, 2020
Maduro - "Me gustaría vivir en Argentina"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio hoy 72 horas de plazo para abandonar el país a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante, horas después de que ese bloque anunciara sanciones económicas y migratorias a 11 funcionarios venezolanos, informó la prensa local.

“¿Qué poder se arrogan ellos?”, preguntó Maduro en un mensaje televisado desde el palacio presidencial de Miraflores, y agregó: “¿Quiénes son ellos para sancionar? Ya basta. por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la UE.”

“Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela; ya basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo”, sostuvo el mandatario, y añadió que si hubiera dificultades por la suspensión de los vuelos debido a la pandemia de coronavirus, “se le presta un avión para que se vaya” la diplomática, según el video de la televisora estatal VTV.

Más temprano, la UE informó que agregó 11 personas a la lista de funcionarios del gobierno de Venezuela a los que aplicó sanciones económicas y migratorias por considerar que son responsables de “actos y decisiones que socavan la democracia y el estado de derecho” en ese país.

Los nuevos sancionados “son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), incluso despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros, entre ellos su presidente, Juan Guaidó”, explicó la UE en un comunicado publicado en su sitio web.

El organismo los responsabilizó además de “iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión”.

Entre los nuevos sancionados figuran Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, respectivamente presidente y vices de la conducción de la AN escogidos por una minoría oficialista en enero pasado y reconocidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a fines de mayo.

También están Tania Díaz y Gladys Requena, vicepresidentas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas; el segundo vicepresidente del TSJ, Juan José Mendoza; el contralor general, Elvis Amoroso, y el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), general Jorge Márquez.

Completan la nómina el secretario del Consejo de Defensa Nacional, general José Ornelas, y Farik Mora y Dinorah Bustamante, ficales especiales con oficinas dentro de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), unidad señalada por la oposición y organismos internacionales como responsable de detenciones ilegales.

De ese modo, suman 36 los funcionarios venezolanos sobre los que la UE dispuso la prohibición de viajar a su territorio y el congelamiento de los activos que pudieran tener en cualquiera de los países del bloque.

La UE integra y lidera el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que en general mantuvo con respecto a la crisis institucional de Venezuela una postura menos parcial y más promotora del diálogo que la que sostienen otros organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

Sin embargo, también el GIC repudió en los últimos días las decisiones del TSJ de desconocer la conducción elegida por la mayoría de la AN, nombrar autoridades del Consejo Nacional Electoral e intervenir los dos mayores partidos opositores cuando este año deben realizarse elecciones para renovar la integración del parlamento.

Fuente: Agencia de Noticias Télam.

Tags: Nicolás MaduroUnión EuropeaVenezuela
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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