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La Comisión pidió suspender al concejal cazador de San Pedro

19 junio, 2020
ATRAPADO POR GUARDAPARQUES. Fue detenido junto a un gendarme en un control en la reserva Yabotí.

ATRAPADO POR GUARDAPARQUES. Fue detenido junto a un gendarme en un control en la reserva Yabotí.

ATRAPADO POR GUARDAPARQUES. Fue detenido junto a un gendarme en un control en la reserva Yabotí.

La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de esta localidad pidió la suspensión preventiva del concejal Roberto Javier Torres, que fue detenido el domingo pasado cuando volvía de una cacería furtiva en la Biósfera Yabotí. El presidente del cuerpo tiene tres días hábiles para convocar a una sesión especial para aprobar el Dictamen de la Comisión. La notificación se realizará hoy y pretenden que se realice este mismo día.

Antes de tomar esa decisión, los concejales integrantes eligieron sus autoridades, quedando la presidencia a cargo del renovador Enso Rosendo Adoryan. El edil del Partido Agrario y Social, Pedro Ramón Borjas fue designado secretario y el renovador Carlos Martín Dellien como vocal. Una vez conformadas las jerarquías, los ediles decidieron pedir la suspensión preventiva para Torres por 30 días hábiles para avanzar con la investigación.

El pedido de suspensión se fundamenta en el marco de la Carta Orgánica Municipal, cuyo artículo 296 que tiene como título “Comisión Investigadora, suspensión preventiva”, expresa que “la comisión investigadora en cualquier momento de la etapa investigativa puede solicitar la suspensión preventiva del o los imputados en forma fundada”.

Los ediles que conforman esta comisión entendieron que es lo mejor para la investigación.

Hoy se debería efectuar la notificación al edil imputado en la investigación y luego elevar al presidente del Cuerpo para que convoque a una sesión especial para aprobar o no el dictamen.

Ese mismo artículo establece que “el Honorable Concejo Deliberante en sesión especial resolverá en el término perentorio de setenta y dos horas de notificado. La suspensión se hará efectiva con el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) del total de sus miembros. Las suspensiones dispuestas perdurarán por el lapso de tiempo que dure el procedimiento y hasta su conclusión definitiva”.

Por otro lado, la Comisión Investigadora va a solicitar al Juzgado de Instrucción III de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en San Vicente un “informe sobre la situación procesal del Sr. Concejal Javier Roberto Torres para ser agregado en las actuaciones que está efectuando esta Comisión”.

El presidente de la comisión, Enso Adoryan resalto que “se despegó la idea de que el Cuerpo quería proteger al concejal Torres. Hasta que no tuviéramos la evidencia cierta de que él estaba detenido no podíamos actuar. Como cuerpo tenemos que contemplar muchas cosas antes de tomar decisiones. Ahora que se confirmó la situación del concejal tomamos las decisiones y comenzamos a trabajar”.

Durante la reunión el edil acusado estaba detenido en la comisaría Segunda de San Pedro. A última hora se esperaba que el juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción III de San Vicente, ordene su liberación.

La intención de los ediles que conforman la Comisión Investigadora es que se haga la notificación a primera hora de hoy y que la Presidenta llame a sesión especial este mismo día. Esa decisión la tendrá que tomar la renovadora Susana Andrea Benke.

 

Repudio gremial al daño ambiental

Al respecto de este tema, la Comisión Directiva de ATE San Pedro manifestó públicamente su “rechazo y repudio al accionar delictivo de personas que violaron normas expresas de orden provincial y nacional, con hechos criminales planeados para atacar la biodiversidad y el equilibrio medio ambiental en la Reserva Provincial de Biósfera de Yabotí”.

Cuestionaron el accionar de “ciudadanos que ostentan funciones públicas, actuando como cazadores furtivos con portación ilegal de armas de fuego, intromisión delictiva en espacio natural público protegido, intentando ocultarse de los responsables guardaparques actuantes, violando lo establecido en la Constitución Nacional, normas jurídicas ambientales nacionales y provinciales”.

En consecuencia, “alertamos a la población en general y a las autoridades provinciales en particular, para que dichos hechos sean sancionados con la fuerza de la ley imperante”.

Al mismo tiempo el gremio revalorizó “al personal de guardaparques en la difícil tarea de plena vocación para defender la riqueza natural que con orgullo podemos exhibir los misioneros al mundo, conservando con mucho esfuerzo la diversidad biológica en su más puro estado natural”.

“Es por ello que exponemos y respaldamos claramente el correcto actuar de la fuerza ambiental conservacionista solicitando que las autoridades protejan a los mismos que actuaron in situ, a fin de evitar ataques personales o a bienes como los hechos ocurridos el 3 de marzo con uno de los agentes, con la quema intencionada de un vehículo de uno de nuestros compañeros”, indicó ATE.

Tags: Caza IlegalConcejalReserva YabotíSan Pedro
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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