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Polémica por la decisión de SADAIC de cobrar aranceles en plena pandemia

18 mayo, 2020

La resolución de SADAIC en medio de la emergencia sanitaria y de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatoria que dispuso el Gobierno para contener el avance del coronavirus en el país generó revuelo en el ambiente artístico y críticas al por mayor, en especial en redes sociales.

Mediante un comunicado publicado en su sitio de internet, el organismo anunció que comenzará a cobrar un impuesto por derechos de propiedad intelectual a las transmisiones que se realicen vía “streaming” de recitales y festivales musicales.

Se trata de una modalidad que en las últimas semanas se expandió de manera significativa en la Argentina -y también en el mundo- a causa de la pandemia de COVID-19 con la que viene lidiando el país.

Una fuente de la industria, vinculada con músicos independientes, expresó en declaraciones a NA: “Es un tema complejo. En primer lugar, hay un error grave de comunicación por parte de SADAIC, porque salió con esto, de una manera poco clara, lo cual genera una gran confusión y un gran malestar porque te están hablando de tarifas de 200 mil o 400 mil pesos cuando la gente está haciendo lo que puede desde sus casas”.

“Una cosa son los derechos de autor y nadie está a favor de los contenidos gratuitos, pero cuando se manda semejante bomba en este momento con tanto malestar es otra cosa; creo que es un error de comunicación y que van a tener que aclarar ese punto“, agregó la fuente consultada por esta agencia.

Además, resaltó: “El problema de SADAIC no es cómo cobra si no cómo reparte; ésa es nuestra lucha eterna. En el medio, muchos músicos no están informados, no participan en general y SADAIC aparte está muy desprestigiada”.

“Mañana mismo tendrían que salir a decir qué quieren hacer, a quién alcanza, a quién no alcanza, qué es lo que se va a cobrar y qué es lo que no se va a cobrar”, añadió.

El nuevo arancel de SADAIC será de un 12% de los ingresos brutos, en concepto de “tarifa base” por “la transmisión en simultáneo o diferido a través de redes o plataformas digitales, sin la posibilidad de descargas permanentes de obras musicales, con o sin concurrencia de espectadores en forma presencial”, según detalló el organismo.

Además, se pagará un adicional de $250.000 si el evento “tuviera una clara identificación institucional con un nombre o marca de empresa o institución”, y hasta $400.000 en caso de que se transmita en simultáneo por otros medios aparte de internet, con una tasa agregada -que será definida por SADAIC- si hubieran emisiones adicionales.

En caso de que el organizador o responsable del evento no percibiera ingresos por el acceso del público, o no suministre a SADAIC información completa o razonablemente consistente respecto de esos ingresos, el organismo se reservará el derecho de aplicar la tarifa del 12% calculada sobre valores por analogía, indicó un comunicado de prensa.

La decisión generó una gran polémica en el ambiente artístico, antes de la asamblea anual de SADAIC que se realizará este martes de manera virtual.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #MúsicaDerechos de AutorPolémicaSADAIC
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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