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Qué hoteles no podrán acceder a la ayuda salarial

10 mayo, 2020
PREOCUPACIÓN. Iguazú posee una gran dependencia de la actividad turística.

PREOCUPACIÓN. Iguazú posee una gran dependencia de la actividad turística.

Por su enorme dependencia del turismo, el municipio de Puerto Iguazú debe ser uno de los más castigados del país en materia económica debido al parate que causó la pandemia de coronavirus.

Al cierre total de los hoteles y el anuncio de que los vuelos de cabotaje regresarían recién en septiembre, ahora se suma otro drama fulminante para las empresas: todos aquellos hoteles que cuentan con transporte propio para los turistas quedaron afuera de la ayuda para salarios dispuesta por el Gobierno nacional mediante el programa Asistencia para Trabajo y Producción (ATP).

Las empresas se enteraron esta semana que la Nación las estaba dando de baja después de haber aceptado sus pedidos. Las ATP eran una ayuda para cubrir el 50% del sueldo después de estar parados, sin recaudar, 15 días en marzo y todo el mes de abril.

El problema, según explicó un empresario del rubro consultado por PRIMERA EDICIÓN, es que “las empresas están inscriptas en la actividad de transporte y de turismo y como el transporte no recibe el beneficio, ese rechazo le afecta también a los hoteles que hacen transporte”.

Se lamentó porque “la diferencia es que los colectivos de pasajeros tienen subsidios y las empresas de viajes y turismo no tienen, ni tuvieron nunca subsidio”.

“Además el transporte que realizan es sólo de los turistas que reciben. Debe ser un error del sistema. El rechazo salta en forma automática, pero alguien tiene que resolver este inconveniente de inmediato”, remarcó.

En Iguazú hay una gran cantidad de hoteles que tienen servicio de transporte de los visitantes y están quedando sin acceso al programa de Asistencia para el Trabajo y la Industria.

Según estimaciones propias, son alrededor de 200 personas las que se dedican a la actividad de transporte sólo de turistas en la ciudad, algunos son empleados de hoteles y otros de empresas de viajes y turismo.

 

Requisitos

Más de 450.000 empresas habían realizado los trámites de solicitud del subsidio, que consiste básicamente en el pago del complemento de un sueldo de entre un salario y dos salarios mínimos vitales y móviles, que alcancen hasta el 50% de los haberes del trabajador.

Para esto, se deberá tomar el monto neto de la remuneración, que es el 83% del bruto. En el caso de un salario bruto de $30.000, el neto es $24.900, el 50% es $12.450, por lo que la persona tendrá un complemento de $16.850 (un Salario Mínimo Vital y Móvil).

Entre los requisitos, se determinó que el empleador debe realizar alguna de las actividades establecidas en el listado que publicó el comité días atrás y que incluye 250 actividades económicas.

Se precisó que la facturación nominal entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 no podrá incrementarse respecto al mismo período del año anterior. Con una inflación que ronda el 50% en estos 12 meses, esto implica que, al menos, las ventas tienen que haber tenido una caída de un tercio en términos reales. Este requisito dejaría a muchas empresas afuera.

A la vez, las empresas que tengan hasta 800 trabajadores en relación de dependencia al 29 de febrero de 2020 (con las bajas hasta el 30 de abril) no tendrán ningún requisito adicional. Los empleadores más grandes, además, tendrán otras exigencias. Se les evaluará la situación financiera a partir de la información recabada en el sitio web de la (AFIP) destinado al programa ATP.

Tampoco podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019 y no podrán recomprar sus acciones, en forma directa o indirecta.

Acceder al beneficio implica que no podrán realizar operaciones de compra de dólares a través de la Bolsa, ni en el mercado local (MEP) ni al exterior (contado con liquidación).

Tags: ATPayuda salarialGobierno nacionalHotelesPuerto IguazúTransportes
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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